| 3/12/2014 5:00:00 AM

Mintransporte tiene condenada la venta de camiones

Aunque los tratados de libre comercio que entraron en vigencia pudieron significar una oportunidad para la venta de camiones, el gobierno reprimió el negocio.

El año pasado el comercio de camiones cayó dramáticamente y la tendencia para este año parece continuar, así lo demuestran los registros en el primer mes de 2014, cuando en el segmento de camiones se matricularon 656 unidades nuevas, 14,5% menos que en 2013, mientras que en tractocamiones se  matricularon  111, es decir, 36,2%. Las volquetas también muestran un impacto negativo, se matricularon 158 vehículos que representaron un descenso de 30,45% comparado con 2013.

Así lo señalan las cifras reportadas por Fenalco, la Andi y Econometría, basadas en el Runt, que también muestran que en 2013 el total de camiones nuevos matriculados fue de 9.671, de volquetas 2.243 y de tractocamiones 1.904, lo que significó un decrecimiento comparado con el año previo de 30%, 47,5% y 78,85%, respectivamente.

El punto de quiebre se dio en el momento en que el Ministerio de Transporte intervino el mercado con la Resolución 7036 de 2012, qué básicamente impuso restricciones para la adquisición de vehículos de carga de más de 10.000 kilogramos de peso bruto, vía póliza o chatarrización, distorsionando de manera crítica el mercado.

Se trata de una medida que ha sido la maldición para los importadores de camiones, quienes en su momento registraron pérdidas hasta por US$60 millones debido a que tardaron muchísimo más tiempo en colocar el inventario. Sin contar que las ventas para algunas de las empresas que traen este tipo de vehículos cayeron hasta en 80%.

En eso coincide el vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículos de Fenalco, Eduardo Visbal, quien señala que la chatarrización uno a uno ha impedido la venta de los camiones de esa categoría.

Explica que el gobierno, para intentar dinamizar el segmento, ha sacado unas líneas de crédito blandas con recursos procedentes del Fondo de Chatarrización y Pólizas, pero ha sido infructuoso porque, además, existe una gran dificultad en el proceso de desintegración.

Frente al tema, la directora de la Andi, Juliana Rico, señala que la decisión de haber congelado el parque automotor de camiones tuvo los claros efectos que desde un principio anuncio la industria: “con la medida del Ministerio de Transporte no se iba a producir la modernización del parque automotor y se le iba a imprimir a ese segmento una falta de transparencia en el mercado”.

Según la directiva, las dos cosas sucedieron: ni está fluyendo la reposición, ni se está modernizando el parque automotor y, además, los procesos para el trámite son complicados.

Sostiene que cuando se regula el mercado deja de ser transparente, se vuelve más costoso y no se cumplen los propósitos iniciales, que supuestamente consistían en tener unos camiones nuevos y un sector competitivo, pensando en el transporte.

De igual manera, el presidente de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Oliverio Enrique García, asegura que la decisión de la Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, acabó con el mercado de camiones, pues ahora se trata de un negocio lleno de incertidumbre.

Además, “el efecto ha sido totalmente contrario, en el sistema se están quedando carros viejos, que presentan alto consumo de combustible y de alta accidentalidad”.

Recientemente, representantes de la industria del sector automotor le entregaron a la Ministra de Transporte una propuesta para implementar un proceso alterno que podría reimpulsar el segmento, pero hasta ahora no han tenido respuesta alguna.

Modificación a la Resolución 7036

Lo que sí circula es un proyecto de modificación a la Resolución 7036, la cual pretende mover la fecha de los vehículos que podrían ser postulados para chatarrización, que actualmente tienen que ser de más de 25 años de antigüedad y, con la modificación, podrían ser desde más de 20 años.

La modificación también otorga el derecho a la postulación del incentivo, que consiste en un reconocimiento económico de $35 millones, con un cupo intransferible, que tendrían que ser usados para comprar vehículo nuevo. El dinero se le pagaría directamente al beneficiario.

También abre la modalidad de una desintegración de vehículo sin reconocimiento económico, pero con un derecho a cupo transferible.

La medida supone un aumento en la dinámica de camiones nuevos, pero en la opinión de García será en una proporción mínima que no soluciona el problema.

Para el directivo de Andemos, la chatarrización simplemente no funciona porque los procesos tardan mucho tiempo, entre 6 meses y un año: “aprobación a la postulación, Cita en la Dijín, certificado de chatarrización, cancelación de matrícula, aprobación de nueva matricula con el cupo, es decir, son procesos que se demoran más de lo que dice la resolución”.

Además de la medida, la adquisición mediante el pago de la póliza significaba un sobre costo para quienes querían renovar su vehículo, pero al final lo pagaban; sin embargo, los camioneros con un paro presionaron a Mintransporte, quien al final suprimió dicha póliza.

García explica que quitar la póliza distorsionó el precio de los cupos, los cuales costaban $70 millones y, actualmente, rondan los $100 millones.

Por ahora, las empresas que traen los camiones asumen las pérdidas y la reducción en el desempeño de las ventas, pero les inquieta la inestabilidad jurídica sobre la que está el sector y, particularmente, el segmento, pues además, nunca les otorgaron el derecho a la transitoriedad, como lo exige la constitución, que se estima en seis meses.
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