| 5/23/2014 6:15:00 AM

Infraestructura sigue en deuda

Los problemas administrativos, técnicos, financieros y jurídicos siguen entorpeciendo el desarrollo de los proyectos.

La infraestructura en Colombia sigue en deuda y pese a los programas del Gobierno por impulsar el sector hasta el momento los resultados son mínimos.

Desde el inició de la administración del presidente Juan Manuel Santos, se fijó una meta para el desarrollo de proyectos en las vías nacionales además de un gran apoyo para la red terciaria del país.

Muestra de ello son las concesiones de cuarta generación que tendrán inversiones de $50 billones para los próximos años y que se estructuraron durante 2013.

Sin embargo, los tropiezos administrativo-técnicos, financieros y jurídicos continúan entorpeciendo las tareas de avances.

Por ejemplo, en Colombia se debate, tras más de cinco años de su estructuración, cuál sería la ubicación de la salida desde Bogotá hacia La Dorada (habiéndose abortado la de Villeta), para buscar el corredor de la Ruta del Sol hacia la costa caribe.

Ese es el planteamiento de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, al señalar que el gran desafío que está representando para Colombia es avanzar en la dotación de infraestructura en medio de un sistema altamente descentralizado.

De igual forma, indica que Colombia no solo carece de un verdadero Plan Maestro Vial, donde se prioricen los corredores centrales, sino que su conectividad multimodal con las vías secundarias y terciarias es inexistente.

En buena medida, esta falta de conectividad proviene de la atomización de los recursos y del juego político que hacen los gobiernos centrales a los gobernantes locales para ganar supuesta gobernabilidad.

Lo recomendable técnicamente según Anif, sería aplicar desde el presupuesto nacional y de entidades como Invías directrices-sólidas para comprometerse a proveer las vías directamente y no a través de contratos - mermelada que terminan en malos diseños y en pésimas administraciones, cuando no en abierta corrupción.

Cabe anotar que el Foro Económico Mundial ubicó al país en el lugar 130 entre 144 países en 2013 justamente en infraestructura de carreteras.

Ante esta realidad, el Gobierno ha tomado diferentes acciones para elevar la inversión en este frente, donde sobresale el programa de concesiones.

A nivel financiero, mucho de los proyectos no terminan de cerrar a tasas de interés que resulten razonables para todas las partes y se ve una gran improvisación del Gobierno para subsanar carencias de suficientes garantías fiscales frente a elevados riesgos.

Anif se pregunta sobre una rectoría tecnocrática desde el Gobierno Central (GC) en materia de proyectos de infraestructura y plantea que esta tendría tres facetas fundamentales.

En un primer nivel estaría la rectoría técnica de la ANI y de la FDN, la cual representa un avance importante en el Gobierno de Juan Manuel Santos frente a las improvisaciones de la pasada administración de Álvaro Uribe.

Así el GC debe poder imponerle excelentes diseños a las aspiraciones de infraestructura regional, incluyendo vías, transporte masivo y aguas-alcantarillados.

El DNP debería liderar el seguimiento de implementación-ejecución de los recursos nacionales y locales, una vez la ANI-FDN hayan aprobado los diseños de detalles.

Por lo tanto el segundo nivel debería implantarse una rectoría financiera a la hora de aplicarse los aportes del Presupuesto Nacional.

El GC sería el actor líder en los proyectos de vías secundarias y terciarias (a través de Invias) y de los sistemas de transporte masivo (SITM, tipo Trasmilenio).

En casos de “matching funds”, claramente el GC debe imponer las condiciones de diseño y administración de los recursos, tipo “llave en mano”, para asegurarse eficaz aplicación y “cero tolerancia frente a la corrupción”.

Dicho de otra manera, no se trata de entregar contratos a los caciques regionales para su complacencia política, sino entregar directamente las obras operando, con la máxima participación y supervisión de los respectivos ministerios y del DNP, plantea la agremiación.

Finalmente, el tercer nivel de la rectoría provendría del tema de regalías. En caso de que las regiones quisieran usarlas para infraestructura, el GC comandaría técnica y operativamente dichos proyectos.

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