Colombia: la realidad que desnudan las elecciones

Según la ONG Misión de Observación Electoral, a la fecha, 41 candidatos han sido asesinados durante la campaña, lo que representa un aumento del 52% con relación a las elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales de 2007.

Sólo la semana pasada, el aumento de los ataques de las FARC, típico de la víspera a las contiendas electorales, dejó un total de 21 muertos entre policías y soldados.

Tanto el gobierno como los observadores electorales, sin embargo, coinciden en afirmar que la violencia no es la principal amenaza que pende sobre los comicios. Y no sólo porque el presidente Juan Manuel Santos ordenó este lunes la puesta en marcha de un plan de seguridad para las elecciones que incluye la movilización de más de 300.000 policías y soldados: prácticamente tres por cada candidato.

"Los riesgos electorales por violencia han disminuido (en comparación con 2007), porque ha ocurrido un claro retroceso de la presencia de actores ilegales, llámese FARC, llámese Bacrim (Bandas Criminales)", le dijo a BBC Mundo Felipe Jiménez, coordinador del observatorio de la democracia del MOE. "Lo preocupante es que los riesgos asociados a fraude electoral han aumentado", explicó.

Infiltración de ilegales
Según Jiménez, un factor importante a considerar es que la violencia electoral no está vinculada exclusivamente al actuar de los grupos armados ilegales, pues sólo en la mitad de los municipios donde se han registrado casos existe una presencia confirmada de estos grupos. Y, en ese sentido, debe ser vista como una de varias herramientas ilícitas con las que diferentes grupos de interés intentan incidir sobre el desarrollo de los comicios.

"En algunos lugares esta violencia genera monopolios electorales a favor de un candidato. El principal objetivo de la violencia política es limitar la competencia", explicó.

A eso se suman amenazas y presiones sobre electores, financiamientos ilegales, compra de votos, trashumancia (el traslado de electores de una región o municipio a otro) y la corrupción de los funcionarios electorales a cargo del proceso, con las que los grupos ilegales -guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y otras bandas criminales- quieren asegurar su influencia en las estructuras de poder local.

Esa penetración es, de hecho, el mayor temor de analistas, observadores y autoridades. Esa fue una constante durante las elecciones locales de 2007 y todo parece indicar que a pesar de las alertas y los esfuerzos de la administración Santos, no es mucho lo que ha cambiado. "Pensamos que a través de la reforma política habíamos podido identificar algunos mecanismos que nos permitieran mitigar ese efecto, pero no", le dijo a BBC Mundo Marcela Prieto, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga.

"La sospecha que tengo es que va a haber resultados muy desiguales. En la costa atlántica no creo que se vaya a lograr mucho, en el valle del Cauca no creo que se vaya a lograr mucho, en los llanos orientales tampoco creo que tampoco se vaya a lograr mucho", dijo por su parte Mauricio Romero, coordinador académico de la Corporación Nuevo Arcoiris.

Nuevo Arcoiris colaboró con el ministerio del Interior en la identificación de más de 13 mil candidatos "poco idóneos" por sus problemas con la justicia o nexos con actores corruptos o grupos ilegales. Pero, según Romero, los partidos políticos en contienda le retiraron su aval a muy pocos de esos candidatos.

Un botín cada vez más grande
Los riesgos son particularmente altos en 32 de los 1102 municipios colombianos.

Pero según el MOE y la Corporación Nuevo Arcoiris una de cada tres municipalidades presenta algún tipo de riesgo de transparencia electoral. "Los municipios más vulnerables con los que están sujetos a recibir mayores regalías o están en áreas donde hay un auge minero-energético", explicó Prieto, para quien el problema de fondo es la falta de presencia efectiva del Estado en muchas localidades.

Efectivamente, las elecciones locales están confirmando la existencia de al menos dos Colombias.

Por un lado, está la Colombia de los grandes centros urbanos, donde los comicios se desarrollarán con tranquilidad y en un ambiente de relativa confianza. Y, por el otro, la Colombia rural, donde se vive más intensamente el conflicto, adonde no llegan los órganos de control y donde no se han logrado desmantelar las redes de influencia en la política de los grupos ilegales, especialmente los herederos de los grupos paramilitares que ahora controlan el narcotráfico.

Para estos grupos, esa influencia es clave para poder llevar a cabo sus actos delictivos de manera mucho más fluida. Pero además, como explica Romero, los actores ilegales también "se dieron cuenta que la política local era un negocio grandísimo".

"Con la llegada al poder local en el 2003 y en el 2007 (los paramilitares) se dieron cuenta que lo que importaba no solamente era el proyecto político ideológico anti-subersivo, sino que ahí habían unas oportunidades económicas impresionantes", dijo.

"Se dieron cuenta que a los municipios llegaban regalías, ya sea por petróleo, ya sea por carbón; que llegaban transferencias al sistema de salud local, y que eso era una fuente de recursos impresionante; se dieron cuenta que había una serie de recursos de inversión que se contrataban con contratistas privados y que ellos podían favorecer ciertos contratistas y ahí también desviar recursos". "Y el botín es más grande ahora porque el país es más rico", explicó.

Mayor conciencia
Para el analista de Nuevo Arociris, sin embargo, una diferencia importante con los comicios locales de 2003 y 2007 es que los grupos ilegales de origen paramilitar ya no se benefician de la existencia de un proyecto político nacional favorable, como el del expresidente Álvaro Uribe, lo que los obliga a actuar más subrepticiamente.

Otra, es que los grupos guerrilleros también son más conscientes de la utilidad de la influencia política en el nivel local. "Aprendieron de sus enemigos los paramilitares como hacer las cosas. Las FARC no van a intentar boicotear el proceso, como en el pasado, sino que están buscando formas de incidir", le dijo a BBC Mundo. Y para Felipe Jiménez, del MOE, tampoco hay que olvidar a las otras mafias, ligadas a intereses criminales específicos, que se han sumado a la contienda.

El panorama no es alentador. Pero las constantes denuncias y los esfuerzos impulsados desde la sociedad civil y el gobierno de Juan Manuel Santos parecen indicar que Colombia no está dispuesta a contemplar el problema con los brazos cruzados.

Y tal vez estas elecciones locales sean la campanada de alerta que todavía hacía falta.