| 3/19/2014 8:00:00 AM

Comisión Interamericana respaldó a Petro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares y pidió al Gobierno de Colombia suspender su destitución, lo que podría permitirle continuar en el cargo.

El organismo, con sede en Washington, se pronunció después de que un tribunal ratificó un fallo que obligaba al líder izquierdista a salir del cargo.

El fallo de la CIDH argumentó que la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular sólo puede surgir por una condena de un juez penal y que la Procuraduría, que determinó originalmente la destitución, es una autoridad administrativa.

"Espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar", escribió en su cuenta en twitter Petro, un antiguo guerrillero del M-19.

La comisión le pidió al Estado colombiano suspender de manera inmediata la sanción contra el alcalde hasta tanto ese organismo no se pronuncie de fondo.

La decisión queda ahora en manos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien podría acoger la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que implica suspender la destitución del alcalde, o ignorarla y ejecutar el fallo.

El panorama para el mandatario colombiano no es fácil debido a que buscará su reelección en los comicios del 25 de mayo y a que cualquier decisión que adopte tendrá repercusiones políticas y electorales en un país históricamente polarizado entre izquierda y derecha, de acuerdo con analistas.

Al interior del Estado colombiano existen opiniones divididas. Mientras el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, sostiene que se trata simplemente de una recomendación, el fiscal general, Eduardo Montealegre, afirma que la decisión de la Corte Interamericana es de obligatorio cumplimiento.

RIESGOS JURIDICOS

De acuerdo con juristas, si Colombia acepta el fallo del organismo internacional, abriría la posibilidad de que cientos de ex alcaldes y gobernadores destituidos por la Procuraduría General -un organismo encargado de vigilar y sancionar administrativamente a funcionarios públicos- pidan ser restituidos en sus cargos y demanden al Estado.

Horas antes del pronunciamiento de la CIDH, el Consejo de Estado había ratificado el fallo que destituyó al alcalde de Bogotá al negar varios recursos jurídicos que buscaban anular una sanción disciplinaria y permitir la continuidad en el cargo del controvertido líder de izquierda.

El Consejo de Estado, por 15 votos a favor y ocho en contra, mantuvo el martes el fallo del procurador general, Alejandro Ordoñez, que en diciembre destituyó a Petro por irregularidades en el manejo de la recolección de basuras y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.

Petro, de 53 años, asumió la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo político más importante de Colombia después de la presidencia, en enero del 2012.

Su victoria electoral fue considerada como un ejemplo de que la guerrilla puede dejar las armas y hacer política, uno de los puntos que negocia el Gobierno con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un diálogo de paz en Cuba.

Petro, un posible candidato para las elecciones del 2018, cambió en diciembre del 2012 el modelo de recolección de basuras, que estaba a cargo de operadores privados, y entregó esa función a la Empresa de Acueducto, lo que provocó que la ciudad terminara inundada de desperdicios.

La alcaldía volvió a contratar el servicio de algunos operadores privados después de la crisis que se registró en la capital colombiana que tiene más de ocho millones de habitantes y un presupuesto anual de 7.000 millones de dólares.

La decisión de la CIDH también dejó en suspenso la realización de un referendo convocado por la autoridad electoral para el 6 de abril para que los habitantes de Bogotá decidan si revocan o mantienen al alcalde en su cargo.

Reuters/D.com

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