| 6/25/2010 5:30:00 PM

Chance, deudor moroso de la salud

El éxito de la reforma tributaria que acaba de ser aprobada por el Congreso dependerá en buena medida de la capacidad del Estado para cobrar efectivamente las deudas que los concesionarios de la explotación del chance –el juego de suerte más popular del popular- adquieran con la salud.

De acuerdo con la Contraloría y la Superintendencia de Salud, actualmente las entidades territoriales libran pleitos judiciales por más de $240.000 millones con concesionarios que no han pagado a tiempo sus aportes y que lo han hecho con sumas inferiores a las que estaban cabalmente obligados.

Así las cosas, el cumplimiento de los concesionarios y la efectividad del cobro que demuestren las entidades estatales serán determinantes para que el sector salud pueda recibir los $1,2 billones necesarios para que pueda entrar en vigor la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado.

Bolívar, Magdalena y Cesar son algunos de los departamentos más afectados por el problema. Pero el asunto no solo sea plantea en la periferia, sino que se percibe también en el centro. La historia que se cuenta enseguida es apenas uno ‘botón para la muestra’ de lo que ha ocurrido en Bogotá, donde teóricamente los órganos de control tienen mecanismos más expeditos para exigir los cobros de los concesionarios. Se trata de un caso que todavía está enredado en los tribunales.

A comienzos de 2008, Jaime Esparza Rhenals, uno de los principales contratistas del sector, tenía razones para estar preocupado. Con viejos socios suyos, debía responder por una deuda de $14.000 millones con la Lotería de Bogotá -y por conducto dee esta con la salud- y corría el riesgo de quedar inhabilitado para seguir contratando con el Estado. Además, el espectro de las dudas rondaba el origen del capital con el que conformó el Grupo JER, empresa que lleva sus iniciales, y a través de la cual asumió una posición dominante en el mercado de los juegos de suerte y azar.

Por estas razones, buscó al entonces gerente de la Lotería, Henry Jair García, para proponerle una conciliación que le permitiera cumplir con su cuota de responsabilidad en la millonaria deuda cuyo pago fue ordenado en diciembre de 2005 por un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin que hasta entonces se hubiese desembolsado un solo peso.

La deuda estaba en cabeza de Sonapi S.A., concesionario de un contrato para la explotación del chance en la ciudad entre los años 2002 a 2006. Según un estudio de mercado hecho por el Centro Nacional de Consultoría, el negocio movería $300.000 millones. Con base en esa cifra, avalada por la Superintendencia de Salud, los contratistas se comprometieron a aportar el 12% de sus ingresos al sector de la salud en Bogotá y Cundinamarca. Sin embargo, según las cuentas de éstos, los ingresos resultaron menores a los presupuestados inicialmente y por eso incumplieron lo pactado.

Esparza llevó a la reunión con García documentos según los cuales su participación en Sonapi era de apenas el 4% y quiso convencerlo de que, en consecuencia, el pago de $600 millones saldaría su parte de la deuda.

Si el gerente de la Lotería aceptaba la fórmula, Esparza experimentaría un gran alivio porque podría continuar al frente de otros negocios con el Estado. Sabía bien que el régimen de contratación pública disponía que los contratistas que hubiesen incumplido sus obligaciones con el Estado quedarían inhabilitados para contratar nuevamente con él.

Uno de los negocios que Esparza temía perder era la concesión del sorteo Superastro Millonario, que entonces explotaba. Pero más importante aún, si su propuesta era acogida, tendría el camino despejado para seguir lucrándose del millonario negocio del chance en la capital, adjudicado en 2007 a la compañía Apuestas en Línea S.A., en reemplazo de Sonapi. Lo que hasta en ese momento pocos sabían era que el dueño del Grupo JER era al mismo tiempo el representante legal de Apuestas en Línea y socio de Sonapi.

El gerente de la Lotería aceptó recibir los $600 millones, pero impuso una condición. La suma no saldaría las obligaciones de JER como socio de Sonapi, sino que sería entendida como un simple abono a la deuda total por $14.000 millones . No obstante, el principio de acuerdo se fue a pique cuando la Personería de Bogotá intervino y abrió investigación disciplinaria contra García por un posible esguince al laudo arbitral de la Cámara de Comercio.

Intentos como el de Esparza y otras maniobras hechas por empresarios del chance para eludir responsabilidades en el asunto, le permitieron a las autoridades conocer lo que se escondía detrás de bambalinas. Se trataba de una trama que incluía la disolución y creación de sociedades de fachada y la existencia de un carrusel de negociantes que, al tiempo que asestaban zarpazos al erario, seguían controlando la jugosa actividad de las apuestas permanentes.

Próximo a cumplirse un lustro desde la expedición del laudo del tribunal de arbitramento que le ordenó a Sonapi S.A: pagarle los $14.000 millones a la Lotería de Bogotá, el Distrito y la salud no han logrado todavía hacer efectivo el cobro. Todavía buscan saber quiénes son los socios para obligarlos a responder con sus patrimonios personales. Sin embargo, se han estrellado contra una talanquera: una pasmosa lentitud en trámites que están a cargo de peritos judiciales no ha permitido correr el velo societario.

La nuez del fraude


El lío generado por la deuda de Sonapi con la salud de Bogotá y Cundinamarca ha desatado un conflicto entre sus antiguos socios, que ahora se empeñan en achacarse responsabilidades unos a otros y que no han apelado incluso a la adulteración de actas de asambleas para cambiar artificialmente el porcentaje de participación de los socios. Incluso algunas de las sociedades se han disuelto o transformado con el propósito de borrar huellas de sus obligaciones.

Hace ya dos años, El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, desató una ofensiva legal para ayudarle al Distrito a recuperar los $14.000 millones. El Grupo de Investigaciones Especiales Forenses de su entidad sigue el rastro de las maniobras denunciadas y dirá si hay mérito para investigar un posible detrimento patrimonial a las arcas del Distrito. Para el contralor resultaría “antiético e irresponsable” que Apuestas en Línea S.A. siga explotando el juego del chance de resultar cierto que sus socios son también los de Sonapi.

Lo ocurrido demuestra que el país no ha aprendido de algunos de los errores del pasado y que se requerirá un marco de controles más estrictos para hacer eficaz la reforma tributaria aprobada por las cámaras al cierre de su última legislatura.

 

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