El viacrucis de Ruta del Sol II: el caso tiene nuevas pruebas

Ruta del Sol II es una concesión en la que participan Odebrecht –con más del 60%-, Corficolombiana del Grupo Aval, con cerca del 35%, y Carlos Solarte con 5%, y ha estado en el ojo del huracán después de que se conoció la confesión de Odebrecht de haber pagado coimas por su adjudicación y la aceptación de haberlas recibido por parte del entonces viceministro de Transporte, Gabriel García.

El más reciente capítulo lo escribió Pizano, controller del proyecto; es decir, una especie de supervisor que revisaba las operaciones de la concesión y había sido contratado por Corficolombiana. En una entrevista que dio a Noticias Uno en agosto de este año y que solo sería pública si él fallecía o salía del país como testigo protegido, Pizano demostró –de acuerdo con la grabación de una conversación- que el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue informado y sabía de las irregularidades en algunos contratos sin soportes que encontró Pizano en Ruta del Sol II.

El noticiero publicó los audios de la conversación de 2015, cuando Martínez era abogado del Grupo Aval, en los que Pizano le informa lo hallado en sus averiguaciones. Según el Fiscal, Pizano lo buscó en calidad de amigo y para aprovechar su cercanía con Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza de este poderoso conglomerado financiero, para hacerle llegar esta información y quien también sabía de la situación, porque en “la administración no le paraban bolas”.

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En un comunicado que expidió el Fiscal, señala que una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a “paramilitares”. “La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades”, dice el comunicado.

“De manera inmediata el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación que preparó Pizano, con base en la cual los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de $33.000 millones de los contratos cuestionados. Para ese fin, me fue confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo- habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro”, explicó Martínez.

Agrega en el comunicado que él  no ha actuado como fiscal en la investigación de Odebrecht. “Por el contrario, me declaré impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia” y añade que Pizano nunca fue investigado por la Fiscalía en relación con este asunto, sino que se le vinculó a una investigación en relación con el contrato Tunjuelo-Canoas suscrito por la Empresa de Acueducto de Bogotá, de la cual había sido su gerente.

Voces de la oposición han pedido el retiro del Fiscal Martínez de su cargo. El senador Jorge Robledo, en su cuenta de Twitter, anunció un nuevo debate sobre la corrupción en Ruta del Sol II “y el desvergonzado papel del Fiscal Martínez Neira, cuya ausencia de valores éticos y cinismo exigen que renuncie a ese cargo inmediatamente”.

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Los hechos recientes

Pero este capítulo ha estado precedido de innumerables y complejas situaciones en el desarrollo de la investigación y del pleito. Además de las investigaciones que incluyen el otrosí firmado para la adición de la vía Ocaña-Gamarra, al que está vinculado el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Andrade; del pliego de cargos que dictó el anterior superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, para este caso contra varios de los jugadores de la concesión –incluido Odebrecht, Corficolombiana, Episol y el Grupo Aval- por prácticas contra la competencia en la adjudicación del contrato, el proceso ha sido muy accidentado.

El Tribunal de Arbitramento designado para dirimir las diferencias económicas entre la ANI y la concesionaria también tuvo un proceso tortuoso. Los primeros árbitros decidieron renunciar, y el siguiente tribunal fue conformado por árbitros designados por sorteo. Antes de la muerte de Pizano, había fallecido Jorge Arango, quien era parte del Tribunal, y en las últimas semanas fue nombrado en su reemplazo Jorge Enrique Ibáñez.

De otra parte, Amparo Cerón, fiscal del caso, tuvo un  accidente automovilístico en Chile y sigue incapacitada.

Todo indica que el Tribunal de Arbitramento estaría en la etapa final de sus averiguaciones y será clave para determinar cómo será la liquidación del contrato. Entre tanto, Odebrecht ha estado en contacto con los organismos de control de Colombia para presentar ofertas de indemnización a cambio de inmunidad. Sigue en el tintero la eventual demanda internacional de la multinacional brasileña contra Colombia.

Una novela que todavía no se acaba de escribir.

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