Candidatos con cuentas fiscales pendientes

Los filtros establecidos por el Estado para evitar que el próximo domingo sean elegidos candidatos con cuentas pendientes con la justicia y con el Fisco, no parecen haber surtido del todo los efectos deseados.

En zonas de los antiguos territorios nacionales, especialmente, hay candidatos señalados como favoritos por las encuestas que al asumir como gobernadores o alcaldes podrían verse enfrentados a millonarias acciones de repetición por actuaciones irregulares y dolosas cometidas en el pasado reciente cuando desempeñaron cargos públicos..

Tras revisar antecedentes, Dinero.com encontró que uno de los casos más representativos es el de Carlos Eduardo Pinilla Ruiz, de Cambio Radical, uno de los aspirantes con mayor opción para ganar la gobernación de Arauca.

Pinilla, cuyo mentor es el cuestionado ex gobernador Julio Cesar Acosta, firmó en 2005 –cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno,-el decreto 234 que le sirvió al gobierno departamental para haber una “barrida” burocrática y para llevar a cargos que debían ser provistos mediante el sistema de carrera a amigos políticos de las administración.

Cinco de las personas afectadas por el remezón demandaron ante la justicia contenciosa administrativa y lograron demostrar que sus cargos no podían ser intervenidos como lo hicieron el gobernador Acosta y el entonces Secretario de Gobierno por haber sido provistos mediante el sistema de concurso de méritos.

El Tribunal de Arauca comenzó recientemente a darles la razón a los demandantes y en su primer fallo en firme ordenó recientemente el pago de una indemnización cercana a los $200 millones a Doris  Ruth Mojica Buitrago, una de las afectadas, tras encontrar que fue victima de una “desviación del poder”.

Los casos de los otros demandas son exactamente iguales y es posible que en breve la Nación, representada en este caso por el departamento de Arauca, sea obligada a desembolsar más de $1.500 millones.

Aún así, el actual gobernador, Marcos Ataya, no inició las acciones de repetición contra su antecesor y contra Pinilla con lo cual desconoció el mandato de la Ley 678 de 2001, que reglamenta la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado. De acuerdo con sus normas, la Nación puede repetir contra aquellos funcionarios y ex funcionarios que la expusieron a condenadas y, en consecuencia, obligar a pagar de su bolsillo Los perjuicio causados.

En estas circunstancias, es probable también que, para librarse de una investigación por prevaricato Ataya decida iniciar esa acción antes de dejar el cargo y que Pinilla, si se mantiene las tendencias señaladas por las encuestas, Pinilla ya sea gobernador. “Si es así –comenta un funcionario de la Procuraduría- muy seguramente tendrá la atentación de echar a recursos del presupuesto para saldar sus deudas”.

Asesores de la campaña de Pinilla dicen que no existe ningún fallo que afecte al aspirante y dijeron que por ahora solo hay “especulaciones lanzadas por sus rivales en la gesta proselitista”.

El caso, sin embargo, no es el único. Los organismos de control han encontrado en  otros 27 casos similares que ese riesgo está presente.