Campesinos en vilo por ley de baldíos

Para el presidente de la SAC, Rafael Mejía, falta claridad sobre “qué es legal y qué no es legal, porque estamos en un momento de la mayor crisis de seguridad jurídica de la propiedad privada en la historia de Colombia”.

En entrevista con Dinero.com, Mejía sostuvo que se está “jugando con la seguridad de las propiedades de 500.500 familias, que desde el 60 fueron comprando en buena fe por pequeños, medianos y grandes agricultores”.

Explicó que el desconocimiento del registro mobiliario hay que aclararlo: “No es algo sencillo porque hay normas y leyes que regulan el tema en el país. Las limitaciones a los predios que antes eran baldíos deben establecerse expresamente en el registro inmobiliario”.

Esta ley de baldíos no sólo ha generado zozobra entre el gremio agricultor, también abrió un debate con opositores del Gobierno que cuestionan el hecho de que los baldíos tengan un uso diferente al que le puede dar una familia agricultora.

Por lo anterior, Mejía consideró que el país requiere de una política agraria donde quepan los grandes, medianos y pequeños campesinos. “Por ejemplo en la costa, pequeños productores se alían con grandes para tener economías de escala. Hablamos de zonas donde el Estado es muy precario, no hay infraestructura de carretera, el campo no tiene distritos de riego, drenaje y cada una de estas actividades dependen de diferentes ministerios”, señaló.

Para el dirigente gremial, es necesaria la participación interministerial para que haya una atención integral, desde la educación hasta la defensa. “Si la máxima autoridad no coordina para que haya un desarrollo armónico y una verdadera política, pues no hacemos nada. Aunque ya hemos avanzado en reuniones que hemos tenido, entonces hay que solucionar problemas entre ministerios, sector privado y productivo”, puntualizó.

Dato
Del total de las tierras del país, el 20% es del Gobierno, el 29% de resguardos indígenas, el 7% de negritudes y otras comunidades, y un 44% del sector privado, en el que están incluidas las que están en litigio y pleitos de extinción de dominio.