Home

País

Artículo

Según Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda, las negociaciones fueron bastante duras y por momentos se llegó a contemplar la liquidación de la compañía. “Habría sido la quiebra más grande en la historia del país”, dice.

Coyuntura Nacional

Buen negocio

La fusión de Colombia Telecomunicaciones con Movistar podría ser un buen negocio para la Nación, siempre y cuando se logren las sinergias de la red fija con la telefonía celular.

14 de septiembre de 2011

Hace poco más de un año, cuando Juan Carlos Echeverry estaba haciendo el empalme con el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dos temas de importancia estaban pendientes en la agenda: la atención a los desplazados y encontrarle una solución al tema de Colombia Telecomunicaciones (anteriormente Telecom).

Esta compañía tiene como socios a la Nación (48%) y Telefónica (52%). Las utilidades de la empresa –con un Ebitda cercano a los $600.000 millones anuales– corresponden al arrendamiento que Telefónica paga por el uso de las redes e infraestructura de Telecom en todo el país. De allí sale la plata para pagar las mesadas de más de 17.000 pensionados de la extinta compañía estatal.

Desde que se creó Colombia Telecomunicaciones hace ocho años, el modelo ha permitido atender estos pagos y la Nación no ha tenido que girar un solo peso de su bolsillo para cumplir con esas obligaciones. Entre 2003 y 2011 se han girado, producto de la operación de la compañía, más de $4,5 billones en esos pagos y se han logrado fondear en $1 billón las pensiones.

El problema es que esos ingresos se están empezando a quedar cortos para atender las pensiones. La razón: la telefonía fija está de capa caída y es un negocio que se está marchitando por cuenta de las aplicaciones móviles. Así las cosas, la plata de Colombia Telecomunicaciones no iba a ser suficiente para atender el tema pensional y la Nación tendría que empezar a girar recursos para cubrir esos pagos.

Era necesario encontrar mecanismos que le permitieran a la Nación cumplir con diversos objetivos: una fuente cierta para el pago de las pensiones, mantener rentable el uso de los activos y atender más de 900 municipios donde tiene presencia la compañía.

La solución a la que se llegó se divide en dos partes. Primero, ambos socios acordaron capitalizar la compañía por el valor de la deuda, que asciende en total a cerca de $7 billones. Eso equivale a un monto anual entre $400.000 millones y $500.000 millones, por los próximos 12 a 15 años.

Una vez se dé el proceso de capitalización, Telefónica llevará esa deuda a MoviStar y se planteará la fusión de la operación fija con la móvil. Esa nueva empresa fusionada atenderá las obligaciones –reperfiladas en el tiempo– con el patrimonio autónomo, pero con un portafolio fijo y móvil y la posibilidad de desarrollar sinergias.

La pregunta es si es o no un buen negocio para la Nación y para Telefónica. Para la multinacional, en un escenario de búsqueda de eficiencias y consolidación de operaciones, la medida es favorable. De hecho, según cálculos preliminares, se podrían generar sinergias estimadas entre $1 billón y $1,5 billones en la fusión. Esta movida dará paso a la desaparición de la marca Telecom para quedarse solo con MoviStar en la parte operativa, y Telefónica en la corporativa.

Para el Estado no había muchas opciones. Las negociaciones fueron bastante duras y en algunos momentos críticos del proceso se llegó a contemplar la posibilidad de la liquidación de la compañía. “Hubiera sido la quiebra más grande en la historia del país, con unas consecuencias fiscales gravísimas”, advierte el ministro Echeverry.

Bajo este modelo, ¿alcanzarán los recursos de esta nueva empresa para atender las obligaciones o, en qué momento tendrá que empezar a girar la Nación, del presupuesto nacional, para atender eventuales desfases?
“Entre 52% del patrimonio autónomo cubierto por la fusionada, más las utilidades que le llegan al Gobierno como socio, ojalá alcance para cubrir la totalidad de las pensiones. Mi aspiración como Ministro es que nunca me toque sacar un peso”, dice Echeverry. Y agrega: “la caja no solo debe ser para pensiones sino para inversión. El mayor interés es que esta compañía sea competitiva en los nuevos escenarios de la industria”, agrega.

Así mismo, tampoco se ha contemplado, por lo pronto, la posibilidad de salir de esta participación. “Hasta ahora estamos pensando en sacar adelante la compañía para pagar el patrimonio autónomo y servir las pensiones. Un problema a la vez”, explica Echeverry.

Lo que viene

El acuerdo es apenas la etapa inicial. La fórmula fue presentada ante la mesa de unidad nacional y, de acuerdo con el ministro Echeverry, hay ambiente en el Congreso para su aprobación antes de finalizar el año.

Una vez se apruebe en el Congreso, se darán dos valoraciones y, a través de un Conpes, se definirá el porcentaje de participación que tendrá la Nación en la nueva compañía fusionada que algunos analistas consideran que podría estar rondando el 30%.

Según el ex ministro y ex presidente de Telecom, Eduardo Pizano, el Gobierno debe armar una estrategia de lo que tiene que hacer con la compañía. “No es suficiente capitalizar la compañía sino que hay que buscar un plan para saber a dónde va con ella”, dice.

La determinación, al parecer, le da aire y espacio al modelo. Solo el tiempo y el mercado dirán si la decisión fue acertada y suficiente.