| 4/15/2014 5:00:00 AM

Urge un cambio en modelo agrario

La destinación de subsidios disminuyó los fondos para proveer bienes públicos. Además se observa una concentración de beneficios para los grandes productores.

El sector agropecuario del país se ha convertido en el centro de discusión y las medidas y propuestas para levantar el sector no cesan.

Sin embargo, todas las partes tienen diferentes conceptos pero que al final no se han centrado y mucho menos concertado para favorecimiento del sector.

Lo cierto es que hay una serie de políticas que pueden funcionar en el corto plazo como los subsidios y la facilidad en la adquisición de créditos.

Igual para los propios agricultores, bien sean productores, intermediarios y campesinos coinciden en que las políticas ya debería estructurarse del mediano al largo plazo.

La agenda es amplia y lo que se tiene hasta el momento va a paso lento como consecuencia de todos los intereses que giran alrededor del sector agrícola del país.

Como dejar de lado la financiación en la que tiene que ver mucho el sector financiero colombiano en especial de la banca.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, por ejemplo plantea que hay una urgencia latente para cambiar el modelo de desarrollo del agro y su financiación.

Para la agremiación el estancamiento del sector en la última década y su incapacidad para internacionalizarse de una manera sostenible en ese período, cuando los mercados externos de esos productos estuvieron en un auge prolongado, cuestionan su modelo de desarrollo.

Este combinó una política sectorial basada en el otorgamiento de apoyos directos como subsidios, una estrategia comercial con alta protección a los bienes importables y un sistema de financiación basado en el crédito de fomento y en la represión financiera sobre la banca privada.

Considera que la asignación ineficiente de los recursos públicos a subsidios y otros apoyos directos disminuyó los fondos para proveer bienes públicos generadores de economías externas para la actividad agropecuaria y la población rural, como la infraestructura física (distritos de riego y vías de comunicación) y social (instituciones educativas y hospitalarias).

De acuerdo con la asociación, la protección sesgó la asignación de los factores en favor de la producción de bienes poco competitivos e impidió que la competencia internacional acelerara el progreso tecnológico y la productividad del sector.

Las inversiones forzosas, las tasas de interés fijadas por las autoridades y los alivios a los pequeños productores con dificultades financieras, concentraron el crédito formal en los grandes productores y generaron un racionamiento de él hacia los pequeños, que tuvieron que buscarlo en el costoso mercado informal.

El modelo no solo fracasó en el propósito de convertir al sector en un motor de crecimiento de la economía, sino que además no compensó las expectativas de mejora de las condiciones de vida de la población rural.

Las distorsiones que introdujo en el sector agropecuario y en los mercados financieros, condujeron a una asignación ineficiente de los recursos, que lesionó su productividad y su competitividad en los mercados internacionales e inclusive en el doméstico.

Por estas razones urge replantear el modelo de desarrollo del sector agropecuario. El nuevo no debe mantener las distorsiones del anterior, ni la represión financiera, plantea la Asobancaria.

Por el contrario, según el informe de la Semana Económica de la asociación afirma que se debe crear en las zonas rurales un entorno institucional en el cual surjan incentivos para que la libre iniciativa privada encuentre rentable invertir en la actividad agropecuaria.

De tal manera, una asignación libre de los recursos en esta rama debe apurar el progreso tecnológico y la innovación, acelerar la acumulación de los factores productivos y elevar su productividad, para que con base en ella se pueda aumentar su remuneración y mejorar las condiciones de vida de la población rural.

Sobre estas premisas, el nuevo modelo debe conducir a la inserción sostenible del sector agropecuario en los mercados externos, con base en la expansión y diversificación de sus exportaciones.

Para plantear un nuevo modelo, el Gobierno Nacional integró una Misión Rural. Es urgente que en su interior se abra un espacio para el análisis de la financiación de la banca privada al sector.

El costo de oportunidad de ésta, estimado por lo que produciría el saldo de sus inversiones forzosas en TDA ($7,9 billones), colocado como crédito a una tasa de interés de 12%, bordea los $948 mil millones, equivalentes al 43% de la inversión pública en esta rama el año pasado.

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