Gobierno gira segundo pago a bancos por Ruta del Sol 2

Con el propósito de acelerar el proceso de financiamiento de los proyectos de concesiones viales (4G), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorizó hoy un segundo pago por $627.000 millones al sistema financiero como acreedores y terceros de buena fe del proyecto Ruta del Sol sector 2.

La medida del Ejecutivo busca mejorar el clima de inversión en el sector infraestructura para 2019, especialmente el programa de autopistas 4G, afectado por el escándalo e investigaciones que se siguen en la justicia por el caso de coimas de Odebrecht.

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“El gobierno nacional está convencido de la necesidad de fortalecer la confianza de la banca nacional e internacional, de los inversionistas y financiadores en general, en los proyectos de infraestructura de transporte que está reactivando el Gobierno Nacional, así como anunciar medidas de estabilidad para el sector y de solución de controversias”, afirmó la Ministra de Transporte, Ángela Orozco.

Este pago se sumará al un poco más de un billón de pesos que la entidad ya ha pagado, dentro de los compromisos que se habían adquirido con proveedores, contratistas, acreedores de buena fe y, especialmente, con la liquidación de los cerca de 3.000 trabajadores que estaban contratados por el concesionario del Proyecto Ruta del Sol, sector 2, en 2017 y 2018.

El pago beneficia a los bancos: Popular, Bogotá, Occidente, AVVillas, Itaú, Davivienda y Bancolombia. Y constituye el segundo pago que se le ha hecho a los bancos que financiaron el proyecto de Ruta del Sol 2. Ya se le había hecho un pago hacia finales del 2017 por un poco menos de $800 mil millones.

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Según el Ministerio, con este pago se reconoce el valor sobre las obras que se alcanzaron a construir dentro del contrato de concesión conforme al concepto emitido por la interventoría del proyecto, y está dentro de la disponibilidad de recursos existentes en el fideicomiso.

El pago se hace en cumplimiento de las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación. Este proceso ha tenido el acompañamiento y la vigilancia permanente de los organismos de control, y fue avalado también por el Comité Interinstitucional del Sector Transporte.

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