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La estrategia del Gobierno colombiano fue presentada el martes a los colombianos, luego de 10 meses de conocerse el fallo de la CIJ.

| 9/11/2013 7:17:00 AM

La estrategia llegó tarde

Después de 10 meses de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Gobierno salió del aparente adormecimiento y les presentó a los colombianos la estrategia con la que pretende enfrentar el litigio con Nicaragua.

Los cuatro puntos que anunció el presidente Juan Manuel Santos, como la alternativa para enfrentar la decisión de la Corte, también fue interpretado como una estrategia para apaciguar el clima de opiniones en su contra, tras conocerse recientes encuestas en las que una de las actuaciones que más le criticaron fue la pasividad que tuvo al revelarse el contenido del fallo.

Pero la estrategia más allá de ser una decisión política o jurídica, como se debate entre la oposición, o de interpretarse como el momento para que el mandatario levante su imagen, la discusión debe centrarse en si con estas decisiones de Santos, tardías o no, se puede salir con éxito del litigio con Nicaragua.

“El presidente no pudo encontrar, después de 10 meses de múltiples consultas, una estrategia perfectamente clara para desvirtuar el fallo porque no hay razones para volver a la Corte, no cabe interpretación alguna, no cabe el criterio de interpretación ni de revisión”, aseguró el analista internacional, Vicente Torrijos.

Quien no descartó que haber hecho estos anuncios justo para esta época tenga fines políticos internos. “El momento que se usó es políticamente atractivo para el Presidente, que en medio de la desesperación por recuperar su imagen, esperó deliberadamente a hacerlo público”, dijo.

Por su parte, el analista internacional y profesor de la Universidad del Rosario, Enrique Serrano, más optimista con los anuncios del Gobierno, señaló que el Presidente quiere salir de la pasividad con el que se enfrentó el fallo y destacó que “está mejor asesorado y tiene más conocimiento sobre el tema, por lo tanto empiezan a considerarse cosas que debieron hacerse antes. Esa manera de proceder es lo hábil y puede tener como resultado una política más activa”.

Fueron cuatro las determinaciones del Gobierno colombiano:

1. El fallo no es aplicable sin un tratado, hasta tanto no se garantice la protección de los derechos de los colombianos.

Para Vicente Torrijos, en este punto el Gobierno cae en una contradicción, pues implícitamente está diciendo que si se llegara a un acuerdo de negociación el fallo sería aplicado, con lo cual “estaríamos reconociendo el fallo de La Haya.

“El presidente está diciendo: sí se puede aplicar, pero no se puede aplicar. Está entrando en una contradicción implícita. Lo que está diciendo es que si negociamos con Nicaragua entonces ese fallo será aplicado, lo que sugiere es la posibilidad de que Santos caiga en la tentación, como a mi juicio parece estar cayendo, de desarrollar negociaciones directas y bilaterales con Nicaragua y ya implícitamente estaría reconociendo el fallo que establece que Nicaragua tiene unos derechos que no se pueden desconocer”, explicó Torrijos.

De esta manera, para Torrijos, Colombia se vería negociando con un Gobierno que es “tendencioso, que tiene apetitos expansionistas y lo más preocupante es que es un Gobierno aliado de las Farc”.

2. Se consolida el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como una Zona Contigua Integral, que comprende todos los cayos e islotes que han pertenecido históricamente al país.

Sobre este punto, el profesor Torrijos asegura que se está apelando a normas colombianas para que se tengan efectos internacionales, lo cual considera “discutible” y que no tendrá ningún efecto sobre el fallo de la Corte.

“Esto no deja de ser una acción unilateral que seguramente no tendrá ninguna repercusión en la conducta del Gobierno de Nicaragua, quien ignorará esa idea de la zona continua”, afirmó el analista.

Declarar una Zona Contigua Integral significa que Colombia extiende líneas y engloba los espacios oceánicos en los cuales ejerce plenamente los derechos. Pero para Torrijos, esto genera la sensación de que el país “está protegiendo sus derechos y a sus pescadores y firmas pesqueras, pero eso no pasa de ser un ejercicio estrictamente interno, que no tiene repercusión alguna y no puede alterar en nada lo que ya el fallo mismo ha sentenciado”.

3. En cuanto a la reserva Sea Flower, el Gobierno acudirá a todas las instancias nacionales e internacionales para seguir con la protección de este ecosistema.

Sobre este punto, el analista de la Universidad del Rosario explica que ya existe una regulación específica para la protección de este ecosistema, que además es reconocido por la Unesco, por lo tanto es “una redundancia que el Gobierno vuelva a involucrarse en unas normas que ya existen y están ahí reconocidas”.

4. Se frenarán las pretensiones expansionistas de Nicaragua al declarar dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde el Archipiélago de San Andrés hasta Cartagena.

Con este propósito, el Gobierno colombiano intenta unir a los países que se sienten afectados por el fallo, como Costa Rica y Panamá, para emitir una nota de protesta que elevarán ante las Naciones Unidas, para manifestarles que Nicaragua puede poner en peligro la estabilidad de la región.

“Este es un buen recurso en términos diplomáticos pero tampoco tendrá repercusiones, porque Nicaragua nunca ha desarrollado ninguna conducta que pueda considerarse como bélica o prebélica. De hecho, las fuerzas militares con las que cuenta son muy precarias”, explicó Torrijos.

Agregó que “el hecho de que se reúnan los países es un ejercicio creativo que estaba en mora de hacerse. Este punto puede resultar interesante en la medida en que se mantenga y no se trate de una reacción momentánea y se convierta en un verdadero cuadrilátero de cooperación”.

¿Qué esperar de Nicaragua?

Con Nicaragua se pueden esperar tres posibles escenarios de actuación frente a los anuncios del Gobierno colombiano:

- El gobierno nicaragüense podría proceder con un nuevo pleito ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar la figura de plataforma extendida que, según ellos, los pondría en una situación de ejercicio de sus derechos económicos, prácticamente, a las puertas de Cartagena.

Para el analista Enrique Serrano, “podría ser que se entre con condiciones distintas, puede además que el Gobierno de Santos tenga más recursos en su estrategia que no se conocen, es muy temprano para evaluar esta estrategia y sus resultados”.

- Ese país podría promover una negociación con Colombia, lo que supone que el gobierno de Santos se siente a dialogar con los nicaragüenses para llegar a un acuerdo.

Serrano indicó que una negociación implicaría “hacer un nuevo tratado, revisar cosas para tratar de mantener a Nicaragua en una posición menos militante. Pero eso puede que no se logre considerando el enfrentamiento que tiene Santos y el Gobierno de Ortega”.

Por su parte, Torrijos dijo que “si eso no se logra, pues se llevaría el caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque como la Carta misma lo contempla, cuando un país considera que no está cumpliendo con el fallo puede llegar con el tema hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, alegando que se está poniendo en peligro la paz internacional”.

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