| 12/14/2016 11:07:00 AM

Colombia estaría cerca de una “parálisis hospitalaria” por deudas de EPS

Los hospitales y clínicas que conforman la Alianza “Somos 14+1” advirtieron que las deudas de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que en el caso del departamento de Antioquia ascienden a $1,8 billones, tienen al sistema de salud al borde de una “crisis” financiera y social.

Las deudas de las EPS, que alcanzan los 243 días de mora, se han convertido en una dolor de cabeza no solo para los hospitales y clínicas antioqueños que conforman la Alianza “Somos 14+1” sino para todo el país.

En una entrevista concedida a Dinero los voceros de dicha organización advirtieron que debido a las deudas de las EPS varios centros de salud de los departamentos de Antioquía, Valle del Cauca, Santander, Atlántico, entre otros, han tenido que cerrar servicios.

Es inminente la parálisis hospitalaria (…) el 12% de las entidades de las cuales reportamos información de alguna manera han cerrado servicios, casi siempre, de consulta externa”, advirtieron.  

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Dicha situación es problemática en la medida en que el sistema de salud perdería su ya limitada capacidad de atender a pacientes incluso en estado crítico, según lo manifestaron los voceros de la Alianza “Somos 14+1”, que representa más del 80% de la oferta de la ciudad de Medellín.

Y es que en Colombia el número de camas en los hospitales y clínicas por cada 1.000 habitantes es de apenas 1,6, mientras que en España ese indicador llega a 3,1; en Noruega 3,3; en Suiza 5; en Hungría 7,2 y en Alemania 8,3.

Para la Alianza “Somos 14+1”, las sonadas liquidaciones que efectuó el Gobierno colombiano a Saludcoop y Caprecom, así como la reciente salida de Cafesalud de más de 500 municipios del país, “preocupa y aumenta la incertidumbre” en Antioquia y todo el país.

La Alianza espera que el Gobierno se pronuncie y explique cuál ha sido, a la fecha, la incidencia e impacto del Decreto 2702 de 2014, el cual fue creado y promulgado para determinar las condiciones financieras que deben mantener las EPS para operar y permanecer dentro del sistema de salud”.

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Es importante resaltar que con dicho decreto se dieron siete años de plazo para que las EPS cumplan de manera progresiva con sus obligaciones de la siguiente forma: Al final del primer año deben  cubrir como mínimo el 10% del defecto financiero, en el segundo año el 20%, en el tercer año el 30% y así hasta llegar a cubrir la totalidad de la deuda en el séptimo año.

Lo que ocurre, de acuerdo a la mencionada agremiación, es que desde la promulgación del decreto la Superintendencia de Salud expone una alarmante situación pues once EPS no cumplieron con sus obligaciones durante el primer año.

Incluso, desde el año 2013 se ha visto una creciente y preocupante tendencia al incremento de la deuda de las EPS, siendo Savia Salud (con una cartera de $373.058), Coomeva ($197.793), Nueva EPS ($185.074), Caprecom ($91.313) y Saludcoop ($71.196), las más morosas a la Alianza “Somos 14+1”.

La falta de liquidez de las EPS es una de las principales causas que ha fomentado la crisis del sector salud, generando consecuencias nefastas sobre la prestación de servicios para los usuarios”, señala esa organización.

Para solventar esta denominada crisis, la Alianza “Somos 14+1” representada por Andrés Uribe, Mauricio Jaramillo y Juan Edgar Marín, no descarta escalar su solicitud a nivel internacional para que las EPS respondan con su compromiso.

Por ahora, exige que la reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso beneficie al sector por medio del llamado IVA social, el cual contempla que un punto del  impuesto sobre el valor añadido se destine a temas de educación y salud en una proporción de 50 50.

Eso nos llevaría a tener, según los cálculos de los financieros, $1,2 billones al año. Eso serían unos recursos importantes para este problema que tenemos”, subrayó uno de los voceros de la Alianza.

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Finalmente, los miembros de esa organización lamentaron que en el proyecto que se discute haya sido eliminado el tributo que tendría que pagarse por el consumo de bebidas azucaradas, porque se dejarían de percibir unos $800.000 millones que “servirían de alivio”.

No nos queda sino el IVA social, la mayor fuerza que tenemos que hacer es que se mantenga al menos esa iniciativa de que parte de esos recursos sean para salud”, concluyeron.  

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