| 10/27/2010 7:00:00 AM

Alerta por vigencias futuras comprometidas

Ya están comprometidos presupuestos de siguientes dos administraciones. La Auditoria indica que el país cuenta con $31,5 billones en vigencias futuras, de las cuales $16,21 billones, sobrepasan períodos de actuales mandatarios.

A la fecha hay 650 municipios, distritos y departamentos con estos recursos. En su mayoría los compromisos están adquiridos hasta el 2020 y para el caso puntual del municipio de Zarzal van hasta el 2030.

“Es como si las entidades territoriales con los $16,21 billones estuvieran comprometiendo la totalidad del presupuesto de inversión de un año y medio, ese es el impacto fiscal relevante en la ejecución de las entidades territoriales. Esto está menguando la capacidad de inversión de los futuros alcaldes y gobernadores”, aclaró el auditor general, Iván Darío Gómez Lee.

Del total de  vigencias futuras autorizadas, el 44% no registra hasta el 30 de agosto compromisos perfeccionados. Gómez aseguró que el 32% de las vigencias se están aplicando en funcionamiento y a otros gastos no relacionados con salud, agua potable o infraestructura.

Debido a esta situación las contralorías territoriales están revisando minuciosamente algunos casos, en los que las vigencias futuras carecen de sustento, importancia estratégica, diseños concretos y en casos puntuales en los que se termina la obra, pero se sigue pagando.

Por entidades territoriales la región andina es la que tiene más recursos comprometidos, equivalentes a $23,4 billones. Mientras que en la región Pacifica el valor asciende a los $3,4 billones y la región Caribe los recursos ya comprometidos superan los $1,4 billones.

“En Cundinamarca tiene  comprometidos $2,9 billones. Bogotá $2,1 billones. La Alcaldía de Medellín $1 billón. La Gobernación del Valle del Cauca $932.000 millones. La Alcaldía Cali $742.000 millones. La Gobernación de Caldas $429.000 millones”, precisó el Auditor General.

El funcionario hizo un llamado para que las autoridades respectivas como la Contraloría, Ministerio de Hacienda y la Procuraduría tomen las acciones del caso para adelantar las respectivas demandas y sanciones.  



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