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En el ranquin de los investigados los alcaldes son seguidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Trece de ellos, incluidos dos generales y un coronel, podrían ser llevados a juicio. El tercer lugar es compartido por gobernadores y gerentes de servicios seccionales de salud, con siete en cada categoría. Hay cuatro concejales encartados por la misma causa. | Foto: Archivo Semana

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Alcaldes, los más investigados por enriquecimiento ilícito

Las administraciones municipales son las amenazadas por maniobras de funcionarios que buscan engrosar sus patrimonios personales a expensas de los dineros del erario.

18 de marzo de 2013

Así lo sugiere un informe de la Fiscalía General de la Nación que indica que 36 alcaldes que ejercen sus funciones actualmente están siendo investigados por el delito de enriquecimiento ilícito. Otros nueve, que ya cumplieron período, son procesados por la misma conducta.

El informe, preparado en respuesta a un derecho de petición ejercido por Dinero.com, precisa que de los 1.862 procesos activos, 85 afectan a servidores públicos actuales. En los restantes casos los sindicados e indiciados ya no ejercen funciones públicas, bien porque ya venció el período para el que fueron elegidos o bien porque fueron declarados insubsistentes o destituidos.

En el ranquin de los investigados los alcaldes son seguidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Trece de ellos, incluidos dos generales y un coronel, podrían ser llevados a juicio. El tercer lugar es compartido por gobernadores y gerentes de servicios seccionales de salud, con siete en cada categoría. Hay cuatro concejales encartados por la misma causa.

La administración pública nacional ha sido menos ‘tocada’ por la Justicia que las administraciones regionales. Actualmente son indagados un ministro de Estado y un registrador nacional.

La propia administración de Justicia no es ajena. Los patrimonios de dos magistrados de tribunales, dos fiscales y un juez promiscuo son mirados con lupa por los investigadores que buscan confirmar o descartar denuncias según los cuales dejaron de lado la dignidad de sus cargos en busca de satisfacer apetitos económicos.

La Fiscalía se abstuvo por ahora de informar los nombres de los investigados ya que, según el organismo acusador, revelarlos podría poner el éxito de las investigaciones y vulnerar los derechos fundamentales de los procesados, cuya presunción de inocencia está en pleno vigor.