Alarma por IVA social

| 11/9/2001 12:00:00 AM

Alarma por IVA social

Si el Congreso aprueba el proyecto de IVA social, el país no solo deja de ser viable fiscalmente sino que se vuelve aún más inequitativo.

Con una motivación puramente clientelista en época de elecciones y bajo el paraguas de un proyecto para ayudar a los pobres, el Congreso está a punto de aprobar el proyecto de Acto Legislativo del "IVA social". Solo falta que la iniciativa parlamentaria sea votada favorablemente en la Comisión Primera y luego en la Plenaria de la Cámara de Representantes. De aprobarse, el gobierno tendría que lidiar con los nefastos efectos de financiar un nuevo hueco fiscal equivalente a 1,3% del PIB en el año 2002.

El proyecto del IVA social viene discutiéndose en el Congreso desde abril pasado y solamente hasta ahora el Ministerio de Hacienda y el DNP hicieron sonar las alarmas. El gobierno decidió pasar agachado en la pasada legislatura, para maximizar la probabilidad de sacar adelante el Acto Legislativo 012 de reforma a las transferencias, y se limitó a esperar que el proyecto se hundiera en su tránsito por el Senado. Pero falló en su apuesta. Ahora tendrá que actuar para hundirlo, a un costo ojalá no muy alto.



En este momento, varios proyectos de ley hacen curso en el Congreso, entre ellos la reforma a la Ley 60 de 1993, que resulta clave para mejorar la equidad y la eficiencia de los recursos con destino a la salud y la educación. Ojalá que el gobierno no termine transando artículos de esta ley para detener el IVA social, ya que borraría lo logrado mediante el Acto Legislativo 012 de reforma a las transferencias. La agenda económica de reformas estructurales pendiente es primordial para el destino del país. En cualquier caso, es claro que el gobierno está pagando un elevado costo político, que el Congreso está capitalizando, por dejar numerosos proyectos de gran alcance para el último año de su mandato, lo cual terminará lesionando de una forma u otra a los intereses del país.



IVA antisocial



El proyecto de acto legislativo propone darle destinación específica al 25% de los recursos que se recaudan por IVA. La iniciativa pretende fortalecer los planes y programas de inversión social en los municipios con menos de 25.000 habitantes, los corregimientos, los resguardos indígenas y los estratos 1, 2 y 3 de los distritos y municipios del país (ver gráfica).



Debido a que el total recaudado por IVA es $11,3 billones, el desvío de recursos ascendería a $2,8 billones, es decir, 1,3% del PIB, y afectaría los rubros actualmente financiados con este dinero. La actual distribución del IVA es la siguiente: 46,5% se transfiere en forma de situado fiscal y participaciones municipales y se dedica a educación, salud, agua potable, entre otros; y 53,5% se destina a financiar el presupuesto nacional, que también incluye rubros de inversión social. Vale la pena anotar que el gasto social asciende actualmente a $14,7 billones (7,5% del PIB), lo cual representa 153% de los recaudos del IVA para este año.



A pesar de que en principio podría sonar sensato destinar más recursos para gasto social en un país en crisis, la medida tiene varios problemas, aun bajo el supuesto de que existieran los recursos para llevar a cabo la iniciativa del Congreso.



Primero, el IVA social es inequitativo porque no cubre a los pobres sin importar el sitio donde estén o la actividad que realicen. La propuesta favorece apenas a un 15% de los pobres del país y discrimina en contra de los demás, concentrados en las ciudades grandes y medianas (60%) y en áreas rurales (25%). En segundo lugar, estos grupos no cuentan con las capacidades de gestión para darle un manejo responsable a estos recursos. Tercero, se propone incluir en la Constitución beneficios específicos e inequitativos a minorías como los pensionados de las universidades públicas, los artistas y los vendedores estacionarios.



Efectos fiscales



Desde la perspectiva de las cuentas fiscales, la aprobación del IVA social implicaría echar para atrás el ajuste que con tanto trabajo se ha venido haciendo. En el 2002, el déficit fiscal consolidado aumentaría en 1,3% del PIB y pasaría del 2,6% acordado con el FMI al 3,9%. Con esto, el país no solo incumpliría el acuerdo con el fondo, sino que enviaría una pésima señal a los mercados, con lo cual se complicaría aún más el acceso al financiamiento externo. Adicionalmente, por el efecto de esta mayor carga fiscal, el espacio para el repunte del sector privado y del empleo quedaría prácticamente eliminado.



La inversión privada se desplomó entre 1996 y 1999, al pasar de 13,7% a 3,7%, respectivamente. Sin ajuste fiscal, el sector privado sería desplazado en mayor grado por el mayor gasto público y la inversión privada se desplomaría una vez más (ver gráfica), condenando de nuevo a la economía a crecer muy por debajo de su potencial y a experimentar mayores `niveles de pobreza.



La financiación del IVA social implicaría un aumento en la deuda pública, dificultando de paso la recuperación de la sostenibilidad fiscal del país. Debido a las actuales condiciones adversas de acceso al mercado internacional de capitales para los países emergentes, que de aprobarse el proyecto seguramente empeorarían para el país, el gobierno tendría que endeudarse en el mercado interno, es decir, emitir más títulos de tesorería (TES). Según cálculos de la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las tasas de interés reales aumentarían 1,78%, lo cual implicaría una caída de 0,2% del consumo de los hogares y de 0,39% en la inversión.



Si el gobierno intenta mantener en 2,6% la meta de déficit acordada con el FMI para el próximo año, hay dos alternativas con implicaciones negativas. La primera sería reducir los gastos del gobierno nacional central, por ejemplo, despidiendo a 175.000 empleados públicos, reduciendo en un 41% la inversión prevista para el próximo año, o eliminando todo pago del gobierno por concepto de servicios públicos, vehículos, seguros y viáticos, entre otros.



La segunda alternativa requeriría una nueva reforma tributaria que aumentaría la tarifa de IVA de 16% a 21% para cubrir el costo del IVA social. Sin embargo, este camino llevaría a que la economía crezca un 1,4% menos, el consumo de los hogares se reduzca en 2,8% y el desempleo urbano aumente 2,3%.



Ciertamente, el gobierno podría elegir una combinación de incremento en los tributos y reducción en los gastos para cumplir las metas fiscales y dar vía libre al IVA social. Sin embargo, lo relevante es que las posibilidades de recuperación de la actividad privada, el empleo y crecimiento de la economía se verían seriamente afectadas en el corto y largo plazo.



El gobierno todavía piensa que está a tiempo de parar este error que echaría por la borda el ajuste fiscal y las modestas perspectivas de crecimiento para el 2002. Ojalá el ministro Santos en su legítimo afán por hundir el proyecto no termine transando artículos de otros decisivos proyectos de Ley actualmente en curso en el Congreso.
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