| 7/20/2011 1:00:00 PM

Al tablero

A pocos días de presentar ante el Congreso el proyecto para la reforma a la educación, Dinero habló con sus dos principales protagonistas: la Ministra de Educación y el Presidente de Ascun.

El Congreso tendrá la última palabra en la reforma a la educación superior. Aunque se lograron acercamientos en aspectos neurálgicos como la autonomía y fuentes de recursos, el tema que dividió las opiniones fue la propuesta oficial de abrir el ánimo de lucro para las instituciones universitarias. A pocos días de presentar ante el Congreso el proyecto de reforma a la educación, Dinero habló con sus dos principales protagonistas: la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), José Fernando Isaza.

D— Con esta reforma, ¿cómo queda la autonomía universitaria?

María Fernanda Campo (MFC): Las universidades presentaron una propuesta estatutaria para regular ese tema. De acuerdo con la Constitución, solo se pueden regular –vía ley estatutaria– los derechos fundamentales. No sabemos si la autonomía universitaria es un derecho fundamental. En ese orden de ideas, remitimos ese documento a la oficina jurídica de la Presidencia de la República para que conceptuara si era viable ese proyecto de Ascun. En los próximos días se conocerá una decisión.

Lo que hicimos fue incorporar en el proyecto algunos componentes de esa propuesta. Por ejemplo, se define en forma clara y precisa lo que se entiende por autonomía en tres aspectos: gobierno de las instituciones, ámbito académico y en los asuntos financiero y económico.

No hubo consenso con Ascun en cuanto a que la autonomía abarca todas las Instituciones de Educación Superior (IES); es decir, tanto universidades como instituciones técnicas y tecnológicas. Ascun cree que solo deben ser las universidades.

José Fernando Isaza (JFI): Ascun planteó una ley estatutaria que complementa la que presentará el gobierno nacional. La idea es que no solo se reglamente el servicio sino el derecho a la educación y el derecho a la autonomía universitaria vía esa ley.?Algunos temas de inspección y vigilancia pueden afectar la autonomía universitaria, como ha sucedido en el pasado, por eso el proyecto que planteamos –complementario al del Gobierno– busca regular los alcances de la inspección que pueda ejercer el Ejecutivo.

D— ¿Y el tema del ánimo de lucro?

MFC: Ese tema no es negociable. La propuesta incrementa los recursos del Gobierno en el sector, pero como no es suficiente, se requiere que llegue inversión privada y en eso nos mantenemos. En todo caso, se establecen condiciones de calidad para que las nuevas instituciones entren a prestar el servicio de educación superior en el país. Primero deben pasar por la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda para verificar el origen de los recursos, luego el Ministerio de Educación entregaría la licencia por un periodo de cinco años prorrogables según la calidad de la oferta de programas y el desempeño. Otra cosa es que las IES no podrán distribuir dividendos hasta tanto el Ministerio evalúe que no se pone en riesgo la viabilidad financiera ni sus condiciones de calidad. Por último, esas universidades no podrán tener más del 10% del universo de estudiantes de un determinado programa (por ejemplo, si hay 10.000 estudiantes de medicina, una determinada institución no podrá tener más de mil).

JFI: Con respecto a este tema, la decisión fue unánime: Ascun rechaza el concepto de educación superior con ánimo de lucro. Tengo en mi escritorio cerca de 20 estudios sobre el tema y 19 dan cuenta del fracaso de este modelo en Estados Unidos. Hay evidencias grandes de que ese sistema es muy peligroso porque crea falsas expectativas. Las universidades con ánimo de lucro lo que van a hacer es comprar universidades existentes. Frente a la competencia, esas cosas siempre ocurren. El temor es que no haya inversión en tecnología o investigación y simplemente se establezca una franquicia. Con los problemas que hay en el sector salud, repetir ese modelo en el sector educativo deja muchas inquietudes.

D— Otro tema sensible es la ampliación de cobertura…

MFC: Primero se establece un giro anual adicional a las IES de 3% por encima de la inflación de cada año y hasta el año 2022. Estos recursos se distribuirán luego de que el Gobierno compruebe el cumplimiento de algunas exigencias en materia de calidad e investigación. Adicionalmente, la reforma aprobada a las regalías prevé que 10% se destine a financiar proyectos de ciencia y tecnología, lo que ayudará mucho a la creación de más programas e infraestructura física, especialmente en las regiones. En cifras, con la reforma planteada queremos bajar la deserción de 45% a 40% en 2014 y aumentar la cobertura de 37% a más de 50%. Eso se traduce en 646.000 cupos nuevos.

JFI: Hay un aspecto de financiación de la educación superior que está en el proyecto y es aumentar el crédito educativo a través de Icetex. Hay que reconocer que ese apoyo debe tener un subsidio implícito; es decir, que la tasa de interés esté por debajo del mercado.

Los primeros artículos dicen que para evitar una descapitalización del Icetex, el Ministerio de Hacienda girará cada año el valor del subsidio, lo cual está bien porque los impuestos se hacen para redistribuir ingresos. Queremos que la educación no sea una perpetuación de las élites. Ese es un punto muy importante. Si usted quiere aumentar cobertura y calidad, eso vale y alguien tiene que pagarlo. Lo asumen las familias y el Estado. Creer que uno puede aumentar cobertura y calidad sin que el Estado se meta la mano al bolsillo, eso no es posible.

Hay una propuesta del Gobierno de aumentar en 3% el aporte adicional que hace a las universidades públicas. El problema es que ese solo porcentaje no garantiza ni siquiera la cobertura actual.
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