| 9/13/2013 7:01:00 AM

Nuevas cabezas, mismos desafíos

Los tres nuevos ministros que llegaron a integrar el equipo de gobierno de Juan Manuel Santos tienen los retos más difíciles que terminarán siendo el éxito o el fracaso del funcionamiento de las llamadas locomotoras.

El desarrollo del campo es quizá el desafío más grande y el más difícil pues en un año, que es lo que le resta a este Gobierno, se deben dejar las bases de una verdadera política agraria integral que saque a agro de rezago en el que se encuentra y que además en el largo plazo sea sostenible.

El nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, viene del sector privado de liderar Indupalma, una experiencia que fue bien vista por algunos líderes gremiales del agro y criticada por otros que cuestionan su “autoridad moral” para asumir el cargo.

Para Saúl Pineda, director del Centro de Competitividad de la Universidad del Rosario, el Ministro “tiene el desafío de atender con un criterio técnico y empresarial a la economía moderna, para que no se termine cediendo frente a presiones de algunos empresarios que tienen más motivaciones rentísticas que de productividad”.

Agregó que Lizarralde debe tener “sensibilidad” para atender las expectativas de la economía campesina, sobretodo en la reducción de los costos de los insumos y “por otro lado darle el espinazo a los intermediarios haciendo que se encarezcan más lo productos del consumidor final y que eso beneficie directamente el ingreso de los campesinos”.

El nuevo Ministro de Agricultura deberá además buscar una estrategia que permita a aquellos sectores que pueden ser afectados por los tratados de libre comercio, salir a adelante y no verse impactados, mientras que a los que pueden sacar provecho de estos acuerdos impulsarlos en materia de exportación y de diversificación de la oferta.

La locomotora minero-energética ahora está a cargo del ministro Amilkar Acosta, quien tiene el reto de empujar la locomotora minera sin que se salga de la perpectiva de los desafíos ambientales que tiene el país.

“Es hacer que ese desarrollo minero se haga en un contexto de desarrollo sostenible que es donde se está jugando en gran medida la legitimidad de esos nuevos proyectos mineros en el país”, explicó Pineda.

Además el Ministro deberá coordinar con el Ministerio de Hacienda para que los “excedentes mineros no representen una mayor revaluación de la economía, que es lo que ha ocurrido recientemente, sino que sea la oportunidad de impulsar otros sectores como el agro e industria y se genere más empleo y se garantice un desarrollo más sostenido a largo plazo”, dijo.

¿Pero qué hay de la inversión?

El ministro Acosta deberá restablecer la confianza de los inversionistas para que esta locomotora no pierda el rumbo. De esta manera, su tarea debe centrarse en la normativa y la seguridad jurídica para los inversores extranjeros.

“La inversión es un desafío que se tiene que atender y esto no sólo es en Colombia, es una situación que está en Brasil, Perú, Chile, no es posible que la inversión extranjera tenga señales distintas. Es bienvenida en el sector minero siempre y cuando haya unos parámetros de respeto muy cuidadosos y sostenibles”, señaló el analista Pineda.

Agregó que es una tarea difícil de lograr pero con este Ministro es posible que se logre porque “tiene una vocación social muy importante y puede garantizar que se den claras señalas a los inversionistas para que le apuesten a proyectos siempre y cuando tengan actitudes respetuosas con el medio ambiente y las comunidades”.

En este tema minero también tiene mucho que ver la nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, quien desde su posesión aclaró que esta cartera no tiene de enemigos a los mineros ni a las organizaciones.

“Los enemigos del país son los que quieren armar un conflicto y potencializarlo entre ambiente y desarrollo”, dijo la nueva Ministra al señalar que hay sitios que se van a preservar porque son los que prestan servicios ecosistémicos del país.

Para Saúl Pineda, uno de sus mayores retos será poner a marchar el proyecto de delimitación de los páramos para determinar qué actividades se pueden realizar o no.

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