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La restitución de tierras podría valer unos $55 billones durante los años 2012-2021. | Foto: Archivo Semana

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Acelerador para la restitución

Este es el último año para que se materialice la reparación de víctimas y restitución de tierras, pero para Anif factores como la titulación de predios y la sostenibilidad económica están frenando el proceso.

5 de agosto de 2013

La Unidad de Restitución de Tierras ha recibido cerca de 33.000 solicitudes, durante 2011-febrero 2013, que involucran 2.4 millones de hectáreas, un cifra que para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) es “gigantesca” si se tiene en cuenta el área cultivable del país, que bordea los 4 millones de hectáreas.

Según datos de la Asociación, existen problemas técnicos a la hora de la adjudicación como la falta de actualización catastral, lo que plantea una urgencia del censo agropecuario que tiene tres décadas de atraso; y por otro lado, problemas de testaferrato y litigios jurídicos.

Anif estima que el costo de estos procesos de restitución, titularización y habilitación de los predios para volverlos productivos es elevado. Según el Conpes 3712, la sola restitución podría valer unos $55 billones durante los años 2012-2021.

“Esto implica gasto público adicional por valor de unos $5.5 billones por año (0.8% del PIB de 2012). Aun si se lograran netear las fuentes presupuestales ya asignadas, entre la Oficina de Estupefacientes y el Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV), dicho costo adicional no sería inferior al 0.4% del PIB por año durante la próxima década”, señala un informe de la Asociación.

Sostenibilidad


Según Anif, aún no está claro el tema de la sostenibilidad económica de las familias desplazadas, que en dado caso regresarían a sus tierras y permanecerían en ellas. “Recordemos que sin créditos blandos, cultivos viables (distintos a la coca) y sin seguridad ciudadana en toda la cadena productiva (finca a puerto) será imposible darles sostenibilidad económica, ni a los reparados ni a los desmovilizados”, dice el informe.

Y concluye que con la aprobación de ley de víctimas y restitución de tierras ya se dio un paso grande y ahora el gobierno tiene el reto de demostrar que es capaz de implementarla. “Si es exitoso, el gobierno estará demostrando con hechos que ya ha puesto la “cuota inicial” de un proceso de paz que hoy se ve asediado por los repetidos paros (algunos de ellos azuzados por la propia guerrilla) y por el “paréntesis” que nos dicta el cronograma electoral. Por el contrario, su tardanza y el marasmo estatal podrían otorgar excusas para desbarrancar el único punto concreto de avance en las actuales negociaciones de paz”.