Opinión

  • | 2009/09/11 00:00

    Vale más el papel que la palabra

    El incumplimiento de los contratos en Colombia es cada vez más preocupante. No solamente se afecta la competitivdad, sino la misma estructura social en la cual vivimos.

COMPARTIR

El indicador del Doing Business 2010 revelado por el Banco Mundial esta semana pone en evidencia la mejora de competitividad de Colombia frente al resto de países del mundo, según lo estima esta institución multilateral. En efecto, el país subió del puesto 53 en 2009 al puesto 37 para el último ejercicio, entre un análisis de 183 países (el número 1 es Singapur, el número 183 es la República Central Africana). La institucionalidad de la competitividad –Ministerio de Comercio, DNP, Alta Consejería para la Competitividad, etc.- con justa razón, está de plácemes.

 

Sin embargo, no todo es color de rosa. El índice se construye como el promedio ponderado de una serie de factores que evalúa el Banco Mundial, y uno de ellos es el cumplimiento de contratos en el país evaluado. Y sorprende ver como Colombia ocupa el puesto 152, 3 puestos por debajo del resultado de 2009 (149). El único país de América Latina que está por debajo de Colombia en el ranking de cumplimiento de contratos es Honduras.

 

Los datos incluidos en el cálculo del índice son escalofriantes: mientras en promedio en América Latina la resolución de un conflicto contractual se tarda 707 días, en Colombia esa cifra es de 1,306 días. Y mientras en la región el costo promedio de pago de una condena (como % de la condena) es del 31%, en Colombia es del 52%. El promedio de estos indicadores para los países de la OECD es de 462 días y 19% respectivamente. Es claro que en el país existe una falla estructural fundamental en la estructura de impartir justicia, la cual debe tener causas de índoles tan diversas como políticas, culturales, económicas, entre otras.

 

Más preocupante aún, es probable que estos resultados estén revelando un efecto mucho más profundo que el cumplimiento de los contratos relacionados con transacciones comerciales y/o con temas penales: los mismos pueden estar dando luces sobre el incumplimiento de un contrato mucho más básico y con efectos mucho más profundos para la sociedad, que es el Contrato Social. Para la muestra algunos botones: en Colombia hay unos 17,000 homicidios al año, alrededor de 600 secuestros y aproximadamente 400 actos de terrorismo. Todo en una población de 44 millones de personas, lo que lo convierte, por lo menos en estadísticas, en uno de los países en de menor respeto a la vida y la libertad .

 

La teoría de Contrato Social viene desde Sócrates, pero quien convirtió la teoría en una corriente de pensamiento fue el pensador inglés Thomas Hobbes, el siglo diecisiete, y que posteriormente fue desarrollada con mayor profundidad por pensadores de la talla de John Locke, Jean Jacques Rousseau y, más recientemente, John Rawls. Dicha teoría ha sido uno de los pilares de la construcción de la teoría de la filosofía política, misma que sienta las bases para el diseño de las reglas que regulan la vida en sociedad y que se reflejan, sobre todo, en las constituciones políticas de las naciones. Es decir: no robar, no matar, la igualdad de las personas ante la ley, la equidad en los derechos civiles, y demás preceptos fundamentales sin los cuales una sociedad moderna no puede sobrevivir.

 

Combinando los resultados del indicador de Doing Buisiness con el Contrato Social, se podría eventualmente llegar a la conclusión que el mediocre cumplimiento contractual de Colombia claramente se extiende a este último. Es evidente la violación de dicho Contrato y la impunidad de esas violaciones en el país. Las fallas estructurales de la justicia, en consecuencia, van mucho más allá de los contratos transaccionales, comerciales y de negocios, y afectan profundamente la manera como la sociedad colombiana está organizada y como la misma funciona frente a la renuncia de derechos individuales para la satisfacción de los derechos colectivos. En consecuencia, sería necesario identificar las causas que hacen del Contrato Social uno violable y violado sistemáticamente, con el fin de pensar y llegar a las soluciones para el restablecimiento de las condiciones que permitan el cumplimiento del mismo. Esta es una tarea ardua que implica la participación de la sociedad como un todo, partiendo de la inculcación de valores morales y políticos a partir de la niñez.

 

Son estos problemas en los que Colombia debería estar pensando, no en el trasfuguismo y la reelección. Evidentemente estos son lejanamente secundarios al restablecimiento del fundamento de la vida en sociedad en el país.


¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?