Opinión

  • | 2006/11/07 00:00

    Unir dos mundos

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Para muchos la aprobación de una ley soluciona un determinado problema en nuestro país. La realidad es otra, una ley es solo el inicio de un largo proceso para alcanzar objetivos específicos del bien común. Desafortunadamente existe poca comprensión respecto a dos diferentes mundos en la administración pública. Una cosa es la formulación de cambios y reformas en las políticas publicas, y otra cosa muy distinta es ejecutarlos y hacerlas realidad.

El éxito de cualquier política pública radica precisamente en la efectiva implementación de esta. La denominada “policy implementation” es quizá la etapa más importante en el ciclo de las políticas públicas por cuanto se materializa la intervención del gobierno y es el desarrollo de un conjunto de actividades que generan consecuencias reales en la sociedad. En pocas palabras, se pasa de lo que esta escrito en la ley, reportes, estudios a la realidad de sus aplicaciones. Durante este proceso participan múltiples actores, se enfrentan responsabilidades y a diferencia de un proyecto o programa, la ejecución de políticas públicas rara vez es un procedimiento lineal y coherente.

Entre los factores que influyen la implementación de una política pública encontramos: la dificultad del problema a resolver, la cooperación y colaboración entre las diferentes entidades, la disponibilidad de recursos humanos, económicos y tecnológicos, la claridad en los objetivos e instrumentos establecidos en el mandato legal, y el sistema de comunicación y seguimiento entre el gobierno nacional, regional y municipal. Así mismo, el apoyo por parte de la opinión pública, medios de comunicación y los partidos políticos, el compromiso institucional y de los funcionarios públicos más allá de un periodo de gobierno y lógicamente el liderazgo de los dolientes y beneficiarios son también elementos que inciden en la ejecución de cualquier política publica.

Por otra parte, la misma evolución de los negocios, la creación de nuevos mecanismos de contratación publica y la aplicación de análisis costo-beneficio ha convertido al sector privado en un actor fundamental para la efectiva implementación de políticas públicas. Por ejemplo, difícilmente se podría pensar en un nuevo y moderno Aeropuerto Eldorado, la provisión de elementos para el Ejercito Nacional o la administración del registro mercantil en las Cámaras de Comercio sin la participación del sector privado.

En este contexto el desafío en la formulación e implementación de políticas nacionales para elevar la competitividad y fomentar la innovación es enorme. Para desarrollar un Sistema Nacional de Competitividad es necesario traducir la visión de este a un contexto multisectorial de manera efectiva. Para tales efectos se requiere crear un sistema de comunicación y retroalimentación entre los dos mundos de la administración pública: formulación e implementación.

Se pueden tener las mejores intenciones y comprender la necesidad de avanzar decididamente para mejorar las condiciones en que Colombia compita a nivel mundial pero se requiere un gran liderazgo, creatividad y eficiencia para abordar el conflicto tradicional por la obtención de recursos y poder entre los diferentes actores encargados de la ejecución de las políticas públicas. Elevar la competitividad y la capacidad de innovación es una tarea a largo plazo pero que debe aportar y evaluarse con metas a corto y mediano plazo, es un propósito nacional que se construyen todos los días con la activa participación y voluntad del sector privado y una adecuada administración publica.

* MPA/Consultor Internacional
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