Regulación y rescate en la economía de la información

Dinero
28 de enero de 2009

 Se fue el 2008, pero no lo hizo la peor crisis financiera de la historia reciente que, como un huracán, arrasó con bancos, hedge funds, inversionistas institucionales y privados e incluso pirámides nacionales e internacionales. La sombra de la crisis permanece no sólo en los debilitados indicadores bursátiles alrededor del mundo y la recesión que amenaza con ser larga y dolorosa a través del planeta, sino que además cuestiona a gobiernos y sociedad civil con dos preguntas que inevitablemente surgen luego de cualquier desastre y que, además, pueden cambiar el panorama del orden financiero mundial: ¿en que consisten los cambios que deben implementarse para evitar otro episodio de crisis? y ¿debe el estado salvar a los afectados?

La crisis financiera internacional ha dado varias lecturas. Para algunos representa el principio del fin del capitalismo. Esta apocalíptica visión es complementada con la nacionalización e intervención gubernamental de instituciones financieras y productores del sector real, como lo fue la asistencia a General Motors y Chrysler. Quienes ven este ocaso se han aventurado a sugerir, si no el nacimiento de un sistema socialista, la necesidad de volver a modelos de economía mixta. Para otros, la insistencia y aplicación de paquetes de ayuda económica en Estados Unidos, Europa y China a través de la construcción de obras civiles, infraestructura y sistemas de comunicación (algo que también se espera en Colombia para este año) es prueba de que el péndulo se acerca ahora a una intervención estatal de tipo keynesiano al menos. La presencia del estado en la economía es necesaria e inevitable.

Sin embargo el consenso gira en torno a la falencia de los instrumentos de regulación financiera como causa principal de la crisis. La proliferación de sofisticados instrumentos financieros logró que bancos, fondos e inversionistas privados de todo el mundo pusieran su dinero en inversiones de alto riesgo. Con un esquema de “autorregulación” y firmas calificadoras que no pudieron desentrañar el verdadero riesgo de los títulos financieros que analizaban, la caída fue inevitable.

Luego del avance de la crisis se esperaba que la reunión del G-20 ocurrida en noviembre del año pasado fuera una nueva versión de Bretton Woods (y temo que se espera lo mismo de la próxima en el mes de abril de este año) donde se diseñara un nuevo orden financiero mundial, con creación de nuevos entes multilaterales o transformación del FMI y el Banco Mundial incluidas. Sin embargo tal reunión decepcionó en este sentido, dadas las limitaciones actuales de los estados nación para atajar los flujos financieros internacionales. La reunión terminó con un compromiso de reforzar los instrumentos de regulación en cada estado.

¿Cómo debería ser esta regulación? Concebirla como una serie de limitaciones en montos a invertir, calidad de cartera y otras restricciones es una visión miope del problema. Es deber del estado monitorear y dar alertas sobre riesgos del sistema financiero, pero no coactar la libertad de toma de decisiones por parte de los inversores. Debe en cambio velar por la transparencia de la información que poseen los agentes sobre las opciones de inversión disponibles. La causa real de la crisis financiera internacional estuvo en la falta de información que poseían los inversionistas sobre el verdadero riesgo que corrían al invertir en derivados financieros que partían de hipotecas subprime, la pirámide de Madoff o cualquiera activo de alto riesgo.

Si bien las calificadoras de riesgo tienen esa función, su incapacidad para examinar la complejidad y alcances de los títulos “tóxicos” fue evidente. Si el sector privado no posee las herramientas o los incentivos suficientes para mostrar los niveles de riesgo reales de las inversiones, el sector público debe cumplir con esa tarea: la creación de un sistema transnacional de riesgo financiero.

El auge y caída de las pirámides colombianas fue la versión criolla de la crisis. Sin regulación nacional, estas captaron recursos alegremente. Eran inversiones fraudulentas de alto riesgo, pero inversiones al fin y al cabo, con cierto parentesco lejano a las inversiones de deuda subprime. En esta versión criolla, la inversión en pirámides tampoco fue correctamente percibida por quienes pusieron sus recursos allí. El error económico del estado no estuvo en evitar su creación y oferta de dinero fácil, siendo este un error legal, sino en no alertar al público sobre su naturaleza, riesgo y fatal destino.

La garantía de información completa y perfecta en el sistema financiero es deber del estado, tanto como lo es la implementación y adecuación de infraestructura para lograr la competitividad en el sector real. Si el inversionista posee todas las herramientas para tomar una decisión sobre el uso de sus recursos, la segunda pregunta tiene una clara respuesta: el gobierno no debe ayudar a los damnificados por las consecuencias de decisiones libres hechas con el conocimiento del riesgo inherente.

La justificación de un rescate por parte de alguna entidad pública (el banco central como prestamista de última instancia o el gobierno a través de la nacionalización) se encuentra en la necesidad de evitar un mal mayor. El gobierno americano ayuda a Fannie Mae, Freddie Mac, AIG y demás porque su quiebra se transmitiría de manera amplificada al resto de la economía profundizando la crisis. El gobierno colombiano indemnizaría u obligaría a la banca comercial a ayudar a los damnificados de pirámides debido al impacto social del episodio. Pero la real justificación de estas acciones es la falta de un sistema de información público y transparente que debió ser organizado por el estado. De existir este, cualquier rescate sería un mal precedente y un daño social mayor al que se pretende reparar.

Coordinador Área de Finanzas. Programa de Economía. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
leonardo.santana@utadeo.edu.co