En las recientes y lamentables declaraciones del presidente Chávez, de algunos de sus funcionarios, y de la senadora Piedad Córdoba, con las cuales buscan que no se califique a las FARC como terroristas y se les reconozca como fuerza política, hay un argumento falaz que es muy importante detectar y rechazar.

De acuerdo con ese argumento, las FARC, por el mero hecho de tener un propósito político como inspiración de su lucha, tienen derecho a que se les abra un espacio en la política colombiana, sin importar cuál sea su conducta, qué tipo de actos realizan, y de qué manera buscan el logro de sus objetivos políticos. Así, por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba dijo, en el programa radial “Las voces del secuestro” de Caracol Radio, que “se tiene que entender que las FARC son una realidad política” (citado en El Tiempo.com, enero 13).

El error de este argumento es simple: no por el mero hecho de ser una “realidad política”, un grupo debe ganar un espacio legítimo en el escenario de la vida pública de un país. Hay muchas “realidades políticas” que, por muy diversas razones, excluimos del ámbito público en una democracia. O más bien: son ellas las que se excluyen a sí mismas, pues eligen métodos y prácticas que son inaceptables en la política de una democracia.

Ser una “realidad política” no es en sí mismo un argumento de legitimidad. Hitler y Stalin fueron realidades políticas, como lo son al Qaeda y los talibanes. Realidades políticas sangrientas y desgarradoras, inaceptables dentro de la ética de una democracia.

Las FARC son, sin duda, una realidad política. Y lo son porque su propósito principal sigue siendo el acceso al poder político, para poner en marcha desde allí un cierto programa de carácter también político, basado en una cierta ideología, también política. Hay personas a quienes gusta repetir que las FARC no tienen ya un propósito político, y que sólo les interesa el narcotráfico y el dinero, lo cual constituye una grave ingenuidad. El narcotráfico y su dinero son un medio de apoyo a esa lucha por la toma del poder político.

Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de la vida democrática consiste en que, en cuanto a la participación legítima en política, la democracia abre muchos espacios, como son las libertades de expresión, prensa y asociación, los derechos a elegir y ser elegido, la posibilidad de conformar asociaciones y partidos, etc. La apertura de esas puertas obedece a una regla fundamental implícita: todos podemos tomar decisiones políticas, y estas son bienvenidas, siempre y cuando lo hagamos de un modo que no restrinja ni coarte la libertad de otros para ejercer sus decisiones. Podemos profesar una ideología, y por ejemplo votar por quienes la defienden. Pero no está bien obligar al vecino, arma en mano, a que otorgue su apoyo a la opción que yo prefiero.

Por esta razón, a la vez que abre tantos espacios, la democracia sólo puede sobrevivir si cierra las puertas a la política que se hace mediante la violencia y las armas, sin importar que esas expresiones armadas y violentas sean realidades políticas, como efectivamente lo son.

Si nuestro país aceptara que quienes hacen política mediante las armas y el terror tienen un espacio legítimo en la vida pública, igualmente válido al que tienen aquellos que hacen política mediante la persuasión, el proselitismo y las ideas, estaríamos cometiendo una grave injusticia contra estos últimos, y estaríamos anulando la esencia misma de la ética democrática.

Para preservar la democracia, y avanzar en su consolidación, es muy importante que nuestra sociedad fije claramente unos límites éticos a la actuación política, es decir, que no aceptemos como actor político a quienes incurren en ciertas conductas. Por eso está muy bien, por ejemplo, que quienes se valieron de la violencia paramilitar para consolidar una fuerza política respondan por ello ante la justicia.

La idea contraria es hoy abanderada por un gobierno que profesa una ideología totalitaria y unas intenciones expansivas, y por unos políticos oportunistas. Y, para conmovernos y lograr que aceptemos su inaceptable tesis, han incurrido en la peor conducta posible: valerse del sufrimiento de cientos de seres humanos quienes hoy, privados de la libertad de modo totalmente injusto, son el mayor testimonio de que no todas las realidades políticas son aceptables ni bienvenidas.