Opinión

  • | 2011/08/20 14:22

    La pena de muerte comercial bajo la tesis del criminal racional

    Ante el escándalo de la contratación en Bogotá, la Superintendencia de Sociedades aplicaría una sanción sin antecedentes en Colombia, la cual ha sido denominada “la pena de muerte comercial”. Opinión de Rafael Ortega Ryberg.

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Esto significaría que por espacio de 10 años, los primos Nule y 36 de sus colaboradores cercanos y principales empleados, ni siquiera estarían en capacidad de arrendar un local comercial. Más específicamente, tendrían la prohibición legal de “gerenciar una empresa, ser parte de una junta directiva, tomar créditos mercantiles, constituir una sociedad, contratar obras públicas con el Estado, y realizar cotidianamente y de manera profesional compraventas de bienes, arrendamientos comerciales y construcciones”. ¿Qué pretende la Superintendencia de Sociedades con esta sanción? ¿Se trata de un castigo especialmente diseñado para los protagonistas del escándalo de la contratación en Bogotá?

Para dar respuesta a estas preguntas, podríamos visitar algunas de las ideas más famosas desarrolladas por Gary Becker, quien es uno de los economistas más célebres de nuestros tiempos y ganador del premio Nóbel en 1992. Becker comenzó a interesarse por el estudio del crimen en los años sesenta, luego de conducir hasta la Universidad de Columbia en Nueva York para realizar un examen oral a uno de sus estudiantes de Economía. En sus propias palabras, Becker recuerda que iba tarde y tuvo que decidir entre buscar un estacionamiento público, lo cual le tomaría más tiempo y llegaría más tarde aún, o sencillamente estacionar en la calle. Esta última opción era ilegal, razón por la que correría el riesgo de tener que pagar una multa de tránsito. En el análisis de esta decisión, Becker estimó la probabilidad de que al estacionar su vehículo en la calle fuera detectado por un policía, al igual que el monto de la multa que tendría que pagar, frente a los costos en tiempo y dinero que representaría dejar su vehículo en un estacionamiento público. Al final decidió tomar el riesgo de estacionar su vehículo en la calle y aparentemente sus estimaciones fueron correctas, pues no tuvo que pagar ninguna multa en aquella oportunidad.

Mientras Becker caminaba hacia al salón de clases en el que realizaría el examen, se le ocurrió que posiblemente las autoridades de tránsito hacían cálculos similares a los que él había realizado, y que los lugares que decidían inspeccionar y su frecuencia dependían a su vez de los cálculos que los potenciales infractores pudieran hacer al respecto. El incauto estudiante de Becker no sabía lo que le esperaba en este examen oral, en el que tuvo que explicar el tipo de equilibrio que podrían generar los comportamientos de los potenciales infractores de las leyes de tránsito y las autoridades respectivas.

En los años cincuenta y sesenta, las discusiones de carácter intelectual relacionadas con el crimen eran dominadas por las tesis que afirmaban que los comportamientos criminales se debían fundamentalmente a enfermedades mentales y situaciones de opresión social, razón por la que los criminales eran considerados víctimas de estas fuerzas. Optando por una camino distinto al que estas ideas sugieren, Becker exploró las implicaciones teóricas y empíricas de una nueva posibilidad: Que el comportamiento criminal es racional. Si bien esta tesis reconocía que muchas personas restringen su comportamiento en razón de consideraciones morales y éticas que les impiden cometer crímenes aun en situaciones en que estos fueran rentables e improbables de ser detectados, si estos fueran los comportamientos dominantes, no habría necesidad de tener ni cárceles ni policías. La tesis de la racionalidad implica que algunas personas se convierten en criminales porque las ganancias que resultan de las actividades ilegales son superiores a las que obtendrían realizando actividades legales, teniendo en cuenta la probabilidad de ser detectados y aprehendidos por las autoridades, y la severidad de las penas si son hallados culpables.

Si bien esta visión podría considerarse en múltiples contextos, los casos de corrupción representan un escenario muy relevante para su aplicación. Los criminales racionales que deciden involucrarse en estas actividades harían un análisis muy similar al descrito por Becker. Si las ganancias financieras son atractivas, la probabilidad de ser detectado y aprehendido por las autoridades es baja, y las penas no son suficientemente severas en caso de ser convictos, ser corrupto es simplemente un buen negocio. En otras palabras, existen los incentivos adecuados para qué las personas que no cuenten con las restricciones éticas y morales a las que se ha hecho mención, decidan incursionar en esta actividad.

Las implicaciones del análisis de Becker sugieren que contar con leyes bien diseñadas no es suficiente para detener el crimen. El Estado requiere invertir en su capacidad para detectar, aprehender y procesar a los infractores de la ley, así como para diseñar e imponer sanciones suficientemente severas a los mismos. Si el Estado logra ser efectivo en cada una de estas capacidades en conjunto, los incentivos de aquellos que contemplan involucrarse en actividades de corrupción serán mucho más débiles y la probabilidad de que toman la decisión de no incursionar en ellas será mucho mayor.

La sanción de la pena de muerte comercial podría ligarse al último eslabón de esta cadena. Más allá de ser un castigo especialmente diseñado para los involucrados en el escándalo de la contratación de Bogotá, se trataría de una sanción que procura ser lo suficientemente severa para reducir los incentivos de aquellos que se encuentran involucrados en actividades de corrupción o que están contemplando involucrarse en ellas a futuro. Si bien esta sanción es un paso en la dirección correcta, bajo este análisis no es la única variable que contaría para lograr este efecto, pues de manera simultánea el Estado debe continuar demostrando a los criminales racionales que cuenta con una alta efectividad para la detección, aprehensión y convicción de los corruptos. En el largo plazo, la disponibilidad de trabajos en actividades legales (empleo), la calidad y penetración del sistema educativo, el robustecimiento de los procesos de selección de los funcionarios del Estado y la profesionalización de la carrera pública, representarían otras variables claves para la erradicación de este flagelo.


* Principal Leadership and Talent Consulting
Korn/Ferry International
Región Andina
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