Opinión

  • | 2011/03/30 12:00

    ¿La Mala Educación?

    Declarando que la educación es un derecho y que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer educación superior no es la mejor manera de garantizar mejor educación. Una universidad de garaje puede cumplir una función legítima. La opinión de Daniel Gómez G.

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La nueva reforma educativa, entre otras cosas, propone permitir un aumento de la participación privada en la financiación de la educación superior y la inversión con ánimo de lucro en el sector. La propuesta me parece acertada y yo la llevaría aún más lejos con una desregulación muchísimo más agresiva del sector en todos los niveles educativos, pero en particular a nivel universitario.

 

El debate en temas como educación y salud ha sido víctima de una falsa contradicción entre ánimo de lucro y bien común. Igualmente, el peor impedimento que han afrontado ambos sectores ha sido, irónicamente, su conceptualización como derechos, y peor aún, como derechos humanos. Seamos claros: la educación y la salud son bienes y servicios como muchos otros que requieren de inversiones, trabajo, esfuerzo y emprendimiento para ser provistos. La eliminación y la satanización de los incentivos y los instrumentos de mercado no hacen más que eliminar fuentes de provisión que contribuirían enormemente a lograr objetivos sociales de ampliar la cobertura y la calidad en ambos sectores. El tema de la salud da para otra columna. En esta quiero hacer énfasis en el tema de la educación superior.

 

Todos estamos de acuerdo en que más y mejor educación es deseable. La pregunta es cómo lograr ese objetivo. Y a que costo. No creo que declarando magnánimamente que la educación es un derecho y que el Estado tenga la responsabilidad de garantizar y ofrecer educación superior sea la mejor manera de lograr este objetivo. Tampoco veo un rol fundamental para el Estado en la regulación y vigilancia de contenidos y estándares educativos.

 

La educación puede cumplir dos funciones: puede servir de señal en el mercado laboral para indicar que la persona es más productiva y mejor potencial empleado que quién no tiene el diploma, o puede servir para crear destrezas, habilidades, y acumular capital humano que es valorado en el mercado laboral. Esto quiere decir que aún si la educación es mediocre o mala, puede seguir cumpliendo la primera función de ayudar a diferenciar los buenos empleados de los malos. Y en este sentido, sigue siendo valiosa para el que decide obtenerla.

 

Lo importante es el costo. Y este costo incluye los costos monetarios y no monetarios y por tanto es bastante subjetivo y mejor evaluado por cada individuo al decidir estudiar. Esto quiere decir que es posible que el centro educativo de garaje (como se les ha llamado despectivamente) pueda estar cumpliendo una función legítima y a unos precios justos dados los costos totales y los beneficios recibidos por sus estudiantes.
Por el lado de los beneficios, el mejor juez de la calidad educativa es el mercado laboral y los retornos a la inversión que percibe el individuo. No creo que una agencia estatal esté mejor posicionada para evaluar la calidad de un centro educativo que el individuo que invierte su tiempo y esfuerzo y luego sale a encontrar trabajo, o a crear empresa. Tampoco creo que el Estado, y en particular el gobierno central, esté particularmente bien posicionado para evaluar las necesidades del mercado laboral, las oportunidades cambiantes del entorno y las siempre fluctuantes necesidades del sector productivo y demandas de los estudiantes.

 

El proceso de mercado, entendido como el proceso de descubrimiento de información y oportunidades coordinado por el sistema de precios y guiado por oportunidades de beneficio, tiene el potencial de evaluar estas necesidades en tiempo real. El lucro en la enseñanza, al igual que en otros mercados, es el resultado del éxito. Son los productores que mejor interpretan lo que quieren los consumidores los que triunfan. Igualmente, en el sector educativo, los planteles, con y sin ánimo de lucro, que mejor interpretan las necesidades de la sociedad y de los estudiantes, son a los que mejor les irá.

 

Lo importante es que veo campo para una variedad inmensa de centros educativos ofreciendo distintos productos y financiándose de muy diferentes maneras: centros que dependen de donaciones privadas; centros que dependen más de las matrículas; centros que ofrecen carreras cortas de solo dos años, o más largas; centros de formación técnica y tecnológica; centros especializados en educación nocturna o en fines de semana; centros experimentando con nuevas propuestas metodológicas y nuevos currículos. No veo la necesidad ni la conveniencia de estandarizar. Veo demasiado potencial en el emprendimiento privado por descubrir lo que puede funcionar en educación para diferentes personas en diferentes regiones del país. Y el ánimo de lucro es una alternativa que no se debe eliminar.

 

Los críticos de soluciones de mercado en el sector educación suelen sugerir que estas excluirían a los menos pudientes. Esto no es una situación inevitable. Por un lado, el sistema de lucro induciría soluciones creativas, como sistemas de discriminación de precios donde unos pagan más que otros, el desarrollo de sistemas de financiación privada a través de los mismos planteles y del sistema financiero. La posibilidad de lucro aumentaría la posibilidad de nuevos instrumentos para llegar a más gente. En cualquier caso, si realmente se quiere garantizar el acceso de los más pobres a través del Estado, la mejor manera es subsidiando la demanda con sistemas de bonos educativos sin interferir en el lado de la oferta y permitiendo la libre competencia entre planteles.

 

Otra crítica es que hay problemas de información y la gente no puede saber cuáles son las universidades malas y las buenas. No creo que este argumento tenga demasiados méritos. Una inversión de 5 años no se hace a la ligera y al estar compitiendo entre ellas, las universidades tienen los incentivos para proveer la mejor información posible sobre sus destrezas desarrollando indicadores como la tasa de desempleo entre sus egresados, los salarios que obtienen, las trayectorias profesionales. Claro está, debe existir la posibilidad de demandar y buscar indemnización si se descubre que una universidad ha mentido y defraudado. Pero eso requiere un sistema legal eficiente. No intervenciones agresivas en el sistema educativo.

 

Hay muchas otras posibles críticas. Algunas podrían requerir políticas públicas, preferiblemente de manera descentralizada y a nivel local con únicamente monitoreo del gobierno central. Pero creo que la función estatal debe ser residual siempre que haya la posibilidad de que el sector privado provea bienes y servicios socialmente valiosos. En últimas, el sistema puede terminar teniendo un componente público relativamente importante. Pero este debe estar justificado en claras fallas de mercado y sin interferir en las funciones sociales que cumple el sistema de precios, ganancias, pérdidas y propiedad privada.

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