La locomotora canadiense

Hay una verdad de a puño que pocos colombianos hemos reconocido: dado que el 70% de la inversión en el sector de hidrocarburos, y el 60% (y aumentando) de la inversión minera en Colombia es por cuenta de empresas canadienses, la locomotora minero/energética viene uniformada de rojo, como la famosa policía montada del Canadá. Es decir, la gran inversión extranjera directa en Colombia es canadiense.

Sin duda es una buena noticia que así sea. Por más enemigo de esa industria que uno pueda ser, es difícil argumentar que el Canadá no es uno de los países más avanzados del mundo, en cuanto al nivel de vida de sus ciudadanos, en cuanto al respeto por los derechos civiles, al reconocimiento a los derechos de las minorías étnicas y al desarrollo y cumplimiento de la legislación ambiental. Al menos es posible asegurar que en su país, -que es un país minero- saben hacer las cosas tan bien o mejor que en ningún otro lugar del planeta.

Por eso el reto que tiene Colombia, de asegurarse que los rieles de esta locomotora queden bien puestos, es evidente. Canadá fue el primer país desarrollado que se metió a fondo a firmar e implementar un TLC con Colombia, y de cómo se sientan tratados los canadienses depende en buena medida qué tan interesados en hacer negocios aquí se muestren inversionistas europeos, norteamericanos, surcoreanos y demás nacionalidades, actuales o futuros firmantes de los diversos tratados que vienen haciendo fila india para implementarse. Y con lo anterior no voy a insinuar que hay que ser ingenuos y confiados -los canadienses no son ángeles-, pero tampoco caer en la clásica combinación de ventajismo, tramitología y falta de claridad que suele ser común por estas tierras.

A este respecto, dos temas saltan a la vista. El primero fue el anuncio del pasado ministro de Defensa de decirle a las compañías de la industria extractiva en Colombia, que de ahora en adelante no contarán con seguridad por parte del Ejército a través de convenios específicos como se ha venido haciendo, sino que deben prestar su propia seguridad privada, contratando si es necesario empresas extranjeras especializadas. El argumento presentado por el ministro saliente y que no se sabe si refrendara el nuevo, es que los convenios tan solo cubren un 5% del esfuerzo fiscal que debe hacer el estado para custodiar estas operaciones, y que genera tensiones sociales con las comunidades aledañas que se sienten desprotegidas mientras a las petroleras y mineras las cuida la Fuerza Pública. Sería más conveniente aprovechar la llegada de Pinzón como Mindefensa para más bien renegociar las condiciones de los convenios. Si la operación de una empresa es atacada con armas de alto calibre por una columna guerrillera o una banda criminal, ¿debe tener un mini ejército privado para defender sus instalaciones y su personal? No podemos olvidar que en Colombia, según las cifras del mismo gobierno, aun hay varios miles de hombres en las filas de estos grupos armados ilegales, y que buena parte de la exploración y explotación se lleva a cabo en zonas de orden público.

El segundo gran obstáculo es el tema de las consultas previas a las comunidades indígenas o afrodescendientes. Una sentencia de la Sala Quinta de la Corte Constitucional tumbó la única consulta previa realizada por el ministerio del Interior para llevar a cabo labores de exploración de una empresa minera canadiense entre Antioquia y Chocó. Lo que tiene pensando a muchos inversionistas del sector sobre la viabilidad de la exploración minera legal en Colombia, es que la jurisprudencia que generó este fallo indica que no solamente deben ser consultadas las comunidades, sino que se les otorga poder de veto. De ser así, no solo se violaría un Convenio de la OIT sobre este tema que fue firmado por Colombia, sino que incluso estaríamos exigiendo más que la ley recientemente aprobada por el gobierno peruano de Ollanta Humala, que no les concede veto a sus comunidades. El veto a los proyectos por parte de minorías étnicas, en zonas de influencia de grupos armados, es entregarle las llaves de la locomotora minera y energética a esas organizaciones ilegales, que pueden fácilmente amedrentar a la población. Para nadie es un secreto que estos grupos armados son enemigos de la inversión extranjera en el sector, además porque ahora financian buena parte de sus actividades a través de la minería ilegal. Lo peor es que el fallo de la Corte está en firme, y el recurso de nulidad que pretende revisar la decisión no tiene un plazo fijo, puede demorar eternamente hasta que Sala Plena de la Corte así lo decida.

La conclusión de todo esto, es que el desarrollo minero y energético va a suceder. Puede hacerse bien, o puede hacerse mal, pero no puede no hacerse, esa no es una opción realista. Y un buen socio para hacerlo bien, sin lugar a dudas, es el Canadá. Como dijo recientemente la embajadora saliente de ese país en Colombia, Genevieve des Rivieres "el boom minero/energético en Colombia es fenomenal, en cinco años este país podría ser un productor del mismo tamaño que cualquier economía del medio oriente". De que pongamos los rieles en suelo firme, o en suelo pantanoso, dependerá si la locomotora nos lleva a la prosperidad o se hunde en las arenas movedizas del leguleyismo y la improvisación. De ello también dependerá el futuro de Colombia.