La educación en la primera infancia

Las grandes diferencias en el desarrollo de la población infantil se marcan en los primeros cinco años de vida, como lo han demostrado multitud de estudios de carácter económico, médico y psicológico. Para comparar las condiciones educativas es necesario ver las condiciones culturales de la familia, el tipo de estímulos recibidos por los niños y niñas en sus primeros años de vida, el desarrollo de la capacidad expresiva adquirida en los primeros cuatro años, la calidad de la alimentación y la salud en la primera infancia, el acceso a bienes culturales como libros y cuadernos, los hábitos de vida de los adultos con quienes se vive —incluyendo los modelos de relaciones interpersonales— … Es evidente que los estratos más pobres de la población, en los cuales son más frecuentes las carencias en todos esos aspectos, no inician la escolaridad con igualdad de oportunidades respecto a quienes han nacido y vivido sus primeros años en condiciones de abundancia.

Resulta ingenuo pensar que con abrir nuevos cupos educativos es suficiente para que una sociedad se sienta tranquila, especialmente si el presupuesto per cápita que dedica el Estado para esos niños que se atienden en la educación oficial es apenas una décima parte del que dedican las familias más adineradas para la educación de sus hijos. Mientras el Ministerio de Educación asigna alrededor de $900.000 anuales para un niño de Trancisión (grado obligatorio de preescolar), hay colegios privados que cobran hasta $1’300.000 mensuales.

Avanzar verdaderamente en una política de calidad implica que el Estado comience a compensar las carencias sociales de mayor incidencia en los procesos de aprendizaje. Esto implica, en primer lugar, expandir de manera decidida la atención a los niños menores de cinco años, incluyendo en este proceso complemento nutricional, y desarrollo de ambientes estimulantes para el desarrollo intelectual, lo cual requiere encomendar la tarea a profesionales calificados para la atención infantil. No es suficiente la simple protección a los niños y niñas mientras sus padres trabajan. Hace falta tener lineamientos educativos claros, atendiendo a las necesidades específicas de este período de desarrollo infantil. Esta es una responsabilidad que no puede seguir eludiendo el sector educativo.

Adicionalmente se necesita avanzar de manera clara en la adecuación de infraestructura y equipamiento, que incluye la ampliación de redes de bibliotecas, actualización de mobiliario y disponibilidad de materiales y textos a lo largo de toda la educación básica y media. Los niños y niñas más pobres deben tener acceso a la mejor oferta cultural que se hace a través de la televisión y el cine y deben tener la oportunidad de conocer estos nuevos lenguajes. Es indispensable mejorar los ambientes educativos para que las deficiencias afectivas y emocionales que muchos de ellos experimentan en sus ambientes familiares sean compensadas, aunque sea en parte, por un clima escolar cálido y estimulante.

Todo esto cuesta mucho dinero, pero está demostrado hasta la saciedad que la inversión social que se hace en educación resulta ampliamente compensada en mayores niveles de productividad, menores gastos futuros en salud y más altos niveles de participación ciudadana.

La claridad que se tenga sobre estos asuntos es lo que marca la diferencia en los modelos educativos y ello se refleja en sus niveles de inversión.

Bajo estas premisas debe enfocarse la Gestión de la Calidad, entendiendo que ésta no es otra cosa que la combinación de todos los factores necesarios para garantizar que toda la sociedad avance hacia formas de convivencia basadas en la garantía universal de los Derechos Humanos. Eso significa que la perspectiva con la cual debe evaluarse la calidad de la educación es aquella que le atribuye la capacidad de contribuir a la transformación de la sociedad hacia condiciones de equidad, inclusión y participación democrática.

El proyecto de Ley de Niñez que fue aprobado en la actual legislatura contemplaba un artículo específico en el cual se establecía la gratuidad de la educación. Infortunadamente fue eliminado a instancias del Ministro de Hacienda por resultar muy oneroso para el presupuesto de la nación.

Es una lástima que todavía nuestros altos funcionarios nacionales no hayan entendido todas las implicaciones que tiene satisfacer el derecho pleno a la educación. Cuando ellas se asumen, se llega a unas políticas públicas muy diferentes, como las que rigen actualmente en Bogotá: gratuidad total para preescolar y primaria, subsidios de transporte que le permita a los jóvenes llegar hasta el colegio, dotación de materiales de trabajo para todos los niños y niñas de preescolar, alimentación escolar, salud en la escuela, construcción de infraestructura con especificaciones para los más pequeños y decisión de ampliar la cobertura a niños y niñas de tres y cuatro años.

Sin estas condiciones básicas será muy difícil erradicar el fantasma de la deserción y el fracaso escolar, que son los primeros eslabones de una larga cadena de fracasos en la vida.