Opinión

  • | 2010/12/05 16:30

    La discusión del salario mínimo

    Todos los años, por esta época, se dan las discusiones para fijar el salario mínimo entre centrales de trabajadores, el sector empresarial y el gobierno. Opinión de Daniel Gómez Gaviria.

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Todos los años analistas sugieren el aumento adecuado teniendo en cuenta la inflación esperada y el crecimiento en la productividad del trabajo, y todos los años aquellos que se atreven a cuestionar las bondades del salario mínimo o a sugerir un aumento inferior al demandado por los sindicatos, salen insultados en los foros de los periódicos y revistas. En todas las discusiones del salario mínimo y otros temas sociales parecen primar las buenas intenciones de unos, los intereses de grupos que no representan a los que ganan el mínimo, y el corazón sobre la cabeza.

Varios supuestos parecen guiar las discusiones sobre el salario mínimo. El primero, es que el salario mínimo protege el poder de compra y el nivel de vida de los asalariados más pobres. El segundo, que la inflación y los aumentos en la productividad no se reflejarían en cambios de salarios si no fuera por el salario mínimo y que la mejor manera de lograr esta transmisión es a través de negociaciones colectivas a nivel nacional.

Analicemos cada uno de estos supuestos. Lo primero que hay que notar es que el salario mínimo elimina empleos donde el empleador y el empleado, de común acuerdo, establecerían una remuneración monetaria por debajo del mínimo. Al hacer esto, se eliminan empleos mutuamente beneficiosos incluidos aquellos donde parte de la remuneración es no-monetaria, como los puestos de aprendizaje. A la base del salario mínimo está la idea de que el empleador tiene la capacidad de pagarle al empleado un sueldo inferior al que el empleado voluntariamente aceptaría y que el empleado de alguna manera es coaccionado a trabajar por ese salario.

Al eliminar puestos de trabajo valorados en menos que el mínimo, se aumenta la tasa de desempleo de aquellos que ocuparían esos puestos, que naturalmente tienden a ser los más pobres. Adicionalmente, al aumentar el costo de mano de obra no cualificada, se induce sustitución hacia formas de producción más mecanizadas y hacia mano de obra más cualificada. Ambos efectos van en detrimento de aquellos que la ley de salario mínimo busca favorecer.

Estas no son consideraciones teóricas. El nivel de desempleo y la persistencia de la informalidad en Colombia sugieren que hay fricciones importantes en el mercado laboral formal. El salario mínimo no es el único factor pero si contribuye a aumentar las tasas de desempleo de aquellos devengando salarios bajos y contribuye a la precarización del trabajo con el desplazamiento de empleos hacia el sector informal donde no se está sujeto a muchas de las rigideces institucionales del mercado formal.

Los efectos adversos del salario mínimo se acentúan al ser negociados centralmente para regiones muy disímiles. Si el salario mínimo se fija de acuerdo a alguna medida promedio de productividad laboral, las regiones donde la productividad laboral está por debajo de ese promedio se verán negativamente afectadas. Y esas regiones son precisamente las más pobres. De igual manera, la tasa de inflación relevante para diferentes regiones y diferentes niveles de ingresos no es la misma. Al usar la misma canasta de consumo para el cálculo de la inflación se sobreestima y subestima el verdadero cambio en el costo de vida para diferentes grupos afectando así el salario que en teoría mantendría inalterada la capacidad de compra de los hogares de bajos ingresos.

En últimas, el salario mínimo no parece ser ni el principal determinante de los ingresos de los hogares menos favorecidos del país cubriendo a sólo cerca de 1 millón de personas y tampoco parece ser el instrumento más eficaz para aumentar los ingresos de los más pobres. Los costos, por el otro lado, si parecen ser sustanciales con tasas de desempleo entre jóvenes por encima del 24% y tasas de informalidad superiores al 50% de los ocupados. La mejor manera de aumentar los ingresos de los más pobres no es una política de fijación central de precios, como el salario mínimo, sino más bien políticas públicas que favorezcan el aumento en la productividad laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo y un mercado laboral vigoroso donde empleados y empleadores acuerden compensación de manera descentralizda.

* PhD(c) Business Economics, Universidad de Chicago.

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