La Caja de Pandora

El proyecto del Ministro de Transporte para usar US$7.500 millones en carreteras es una barbaridad. Son carreteras que no llevan a ningún lado. No conecta los centros de producción con los de consumo. Es una mala política. Opinión de David Yanivoch.

3 de diciembre de 2009

El ministro de Transporte anunció la semana pasada que presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para autorizar al Gobierno Nacional la venta de un 7,515% de las acciones de la Nación en Ecopetrol, por un valor estimado de US$7,500 millones. El proyecto de ley pretende darle destinación específica a los recursos recibidos por este concepto, para la construcción de un plan de infraestructura denominado Proesa, que consiste, fundamentalmente, en la construcción de carreteras a lo largo y ancho del país.

Algunas personas que han visto el proyecto de ley, consideran que el mismo según dicen voces autorizadas que han podido ver el primer borrador del mismo, es una barbaridad. Contiene una lista de mercado de proyectos de infraestructura que, como el Plan 2,500, no conducen a ninguna parte, en su gran mayoría. Algo que deja un sabor espantoso en la opinión, particularmente tratándose del momento actual, en plena antesala de la campaña electoral, con la aprobación de la reelección en la puerta del horno.

Pero lo peor de todo no es el momento: lo peor de todo es que el proyecto no solamente es mala política económica, es mala política, por donde se analice. Lo que Colombia necesita, en materia de infraestructura, no son más carreteras que no lleven a ningún lado, sino un plan estructurado de construcción de dobles calzadas y túneles que conecten los centros de producción con los centros de consumo, tanto nacionales como internacionales y que permitan a la producción colombiana llegar eficientemente a los mercados internacionales a costos razonables. No es que no haya que hacer carreteras para conectar a la mayor parte de la población que sea posible, pero las mismas deben claramente no ser igual de prioritarias a los corredores viales que se necesitan para movilizar la carga y los pasajeros que permitan un verdadero empujón al crecimiento del PIB.

Otro aspecto poco favorable de la forma como se está estructurando la operación es el galimatías que se podría formar llegando a los acuerdos políticos necesarios para poder pasar el proyecto de ley por el Congreso. Aquellos congresistas que vean que sus regiones no están siendo representadas correctamente con proyectos de infraestructura dentro de la lista de mercado de los mismos, van a querer negociar inversión a nivel local. Dado que la torta de recursos es finita, la probabilidad de que las obras incluidas en el proyecto de ley sean ineficientes y obedezcan a negociaciones políticas es grande, y se corre el riesgo de quedar con una cantidad de proyectos pequeños todavía menos óptimos que los que ya están incluidos en el plan original. Es decir, se sabe donde se comienza, pero no existe ninguna certeza sobre donde se termina.

Finalmente, suponiendo que los proyectos incluidos en la ley finalmente aprobada sean los que el país necesita, queda la gran duda de la capacidad de ejecución del mMinisterio de Transporte. De nada sirve tener en papel los mejores proyectos y los mejores recursos si los mismos no se ejecutan con los costos que son y en los tiempos requeridos. Adicionalmente, parece predominar una tendencia hacia la obra pública dentro del Ministerio, en lugar de hacia las concesiones de infraestructura bien hechas, que son muchísimo más eficientes no solamente desde el punto de vista económico y fiscal, sino de operación.

En conclusión, los efectos de la operación que propone el Ministro pueden ser muy negativos para el país, no solamente en el corto plazo, pues se perdería una ventana de oportunidad para realmente dar el salto en infraestructura que Colombia requiere.