Opinión

  • | 2012/01/21 06:00

    ¿Es suficiente que la educación sea gratuita para que estudiantes se gradúen?

    En días pasados, se dio a conocer la noticia que a partir de este año, el Gobierno colombiano asumirá el ciento por ciento de los costos educativos de alrededor de 8,5 millones de estudiantes de preescolar, media y bachillerato. Opinión de Rafael Ortega Ryberg.

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Esta medida significa que los padres de familia de todo el país no tendrán que pagar ningún costo por concepto de matrícula, pensiones y servicios complementarios en las instituciones educativas del país. El Gobierno Central invertirá el próximo año unos US$8.000 millones, cifra que permitiría garantizar la cobertura de todos los gastos para dar gratuidad a todos los alumnos del sistema educativo oficial desde el grado 0 hasta el grado 11. La Ministra de Educación, María Fernanda Ocampo mencionó en sus declaraciones que “no habrá excusa para que los padres no lleven a sus hijos al colegio, pues no tendrán que pagar nada”. El siguiente paso del Gobierno se refiere a la educación universitaria, en donde se busca que más alumnos, especialmente los de más bajos recursos, tengan acceso a la misma.

Si bien avanzar con un programa de esta magnitud es un logro de la mayor importancia para el Gobierno, las investigaciones realizadas en el campo del desarrollo del capital humano sugieren que es importante no subestimar las fuerzas que operan en los segmentos de bajos recursos y que en un momento dado podrían limitar el éxito de programas de esta naturaleza.

La educación es uno de los componentes críticos del desarrollo y el crecimiento económico. La investigación sugiere que los países en vía de desarrollo podrían mejorar de manera significativa sus prospectos mediante el incremento de las tasas de estudiantes que asisten a los colegios y se gradúan de los mismos. No obstante, lograr que los niños atiendan al colegio y permanezcan en él una vez matriculados, en general representa un reto importante para estos países.

Aún falta claridad en cuanto a los factores precisos que determinan la decisión de asistir al colegio. Las familias podrían comparar los retornos futuros de la educación frente a los costos incurridos en atender al colegio. Estos costos no solamente son explícitos, sino que también incluyen el costo de oportunidad del tiempo invertido en el colegio. Es común que las familias de bajos recursos en países en desarrollo consideren a sus niños como activos económicos. En otras palabras, el hecho que sus hijos atiendan al colegio podría representar un menor ingreso para las familias, pues sus hijos reducirían sus contribuciones al ingreso familiar al dejar de trabajar o al trabajar menos.

Mejorar la calidad de la educación es un factor que podría hacer que asistir al colegio fuera más atractivo, pero algunas investigaciones empíricas sugieren que si bien estas acciones son críticas en el largo plazo, a corto plazo podrían no tener un impacto significativo en las tasas de asistencia de los estudiantes a los colegios. Por el contrario, las intervenciones que impactan el costo de atender al colegio, ya sea a través de subsidios, becas, o reducciones en los costos de las pensiones, o el uso de incentivos en efectivo parecen funcionar.

Los programas de incentivos en efectivo han sido utilizados para motivar comportamientos positivos en salud, nutrición, y educación. Estos programas han sido particularmente populares en Latinoamérica. En esencia, las familias de bajos recursos reciben pagos en efectivo a cambio de vacunar a sus niños, hacer chequeos de salud regulares, y para matricularlo y mantenerlos en el colegio. Muchas de estas iniciativas han sido inspiradas por el programa de Transferencias Condicionales de Efectivo (TCE) realizado en México. En este programa, los estudiantes recibían pagos una o dos veces al mes por el cumplimiento de metas de matrícula y asistencia al colegio.

En un artículo recientemente publicado por Marianne Bertrand de la Universidad de Chicago ( Capital Ideas, Octubre 2010), se describen los hallazgos de un estudio realizado por ella en conjunto con otros investigadores, quienes apoyaron a la ciudad de Bogotá a partir el año 2005 en la realización de un piloto que permitía comparar los resultados de varios de estos programas. El primer programa fue muy similar al TCE de México. El segundo programa, modificaba el momento en que los estudiantes recibían los pagos en efectivo, haciendo que un tercio de los mismos fuera retenido y transferido en su totalidad a las familias al principio del siguiente año escolar. El tercer programa, procuraba generar incentivos para el buen desempeño escolar no solamente motivando a los estudiantes a atender al colegio, sino que también para graduarse y eventualmente matricularse en instituciones de educación superior.

Los resultados del estudio sugieren que la modificación del momento en que los estudiantes reciben los pagos tiene el mayor impacto de mejor sobre el TCE de México. De hecho, estos programas ayudarían a las familias de menores recursos a ahorrar para cubrir los gastos del siguiente año escolar. Adicionalmente, más estudiantes se gradúan y atienden las instituciones de educación superior si reciben un incentivo económico por ello. En este programa, las sumas en efectivo equivalían a cerca del 75% del costo del primer año, y los estudiantes lo recibían si se gradúan y efectivamente se matriculan en la institución.

Si bien la gratuidad del programa anunciado por la Ministra Ocampo es un elemento que hace que este programa difiera de los programas analizados por Marianne Bertrand, algunas de estas conclusiones podrían ser relevantes para su éxito. En primer lugar, la gratuidad se asimilaría a un subsidio que en la práctica estarían recibiendo las familias que tomarían ventaja del programa, y la efectividad de los subsidios ha sido demostrada por investigaciones anteriores dado su impacto en la reducción de los costos de la educación. Segundo, es factible que los pagos en efectivo diseñados para incentivar la matrícula y asistencia de los estudiantes de menores recursos a los colegios continúe siendo relevante, dada la presunción de los costos de oportunidad que estas familias asumirían al ver reducido su ingreso familiar dado el tiempo invertido por sus hijos en la asistencia al colegio. En tercer lugar, generar incentivos para que los estudiantes de menores recursos se gradúen y matriculen en las instituciones de educación superior continuaría siendo relevante, especialmente mientras la gratuidad de la educación superior no sea una realidad en nuestro país.


* LTC Principal
Korn/Ferry International
Región Andina

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