Opinión

  • | 2008/04/24 00:00

    El IVA a la telefonía celular: un absurdo económico

    ¿Por qué la telefonía celular tiene el tratamiento tributario de un bien suntuario? Es hora de pensar en una modificación de las normas del IVA en etes sentido.

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Uno de los principios básicos de un sistema tributario es el de que no debe generar distorsiones en las decisiones de los agentes económicos que vayan en contra de la eficiencia general de la economía. Esta es una de las preocupaciones que debería tener el Congreso colombiano y la administración tributaria.

Los economistas han comentado bastante sobre el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como impuesto del 4 por mil, que eleva los costos de transacción, y desestimula la bancarización de la población. Pero existen en nuestra normatividad tributaria otros impuestos lesivos a la actividad económica, y de profundo efecto regresivo, sobre los cuales no se ha hablado mucho.

Los impuestos indirectos, como el IVA, tienen normalmente como resultado disminuir la demanda por los bienes y servicios afectados, por su efecto en el precio. Una tarifa diferencial superior solo tendría justificación en el caso de bienes en los cuales exista un claro interés público en disminuir su consumo. Tal sería el caso de los productos asociados a vicios como el alcohol, el tabaco y el juego.

Sin embargo, al mirar la lista de productos en los cuales se aplica un IVA alto, encuentra uno casos que no tienen ninguna justificación desde el punto de vista económico. El servicio de telefonía móvil, por ejemplo está gravado con la tarifa del 20%, mientras que para la gran mayoría de bienes gravados es del 16%.
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La literatura económica reciente ha reconocido el enorme beneficio que puede tener la telefonía móvil sobre los pequeños negocios. El profesor Robert Jensen, de la Universidad de Harvard, señaló en un artículo publicado en Quaterly Journal of Economics de Agosto del 2007, el caso de los pescadores de Kerala, en India. La falta de información se traducía en que una vez llegado al puerto, se enfrentaban a un mercado de compradores: no tenían ninguna capacidad de negociación. Debían botar la cuarta parte de su pesca, al no encontrar comprador.

 

Cuando en dicho año comenzaron a disponer de teléfonos móviles, podían negociar en alta mar el precio, organizando verdaderas subastas entre los posibles compradores. El porcentaje de pesca desperdiciada se eliminó y se creó un mercado eficiente regido por el principio del mismo precio en los diferentes puertos. El ingreso de los pescadores subió sustancialmente. El profesor Leonard Waverman, de la London Business School, ha calculado por otra parte que un incremento de 10 teléfonos celulares por cada 100 habitantes añade 0,6% en el ingreso per-capita de un país.

Dado estos antecedentes, uno se pregunta: ¿Por qué la telefonía celular tiene en Colombia el régimen tributario de un vicio o de un producto suntuario? Posiblemente la respuesta se encuentra cuando uno lee en el Estatuto Tributario la destinación de este impuesto adicional. Supuestamente debe ir a “inversión social”. Este término ha ido perdiendo validez en Colombia, en la medida en que bajo él se cobijan todos aquellos gastos que, por no aguantar un debate público, buscan una protección especial en las normas.

 

De hecho, la Constitución prohíbe las rentas de destinación específica, salvo que tengan destinación “social”. El gasto que se financia con el 4% adicional que se cobra a la telefonía celular se destina a financiar el deporte, tanto a nivel nacional como territorial.

Sin negar la importancia que pueda tener el deporte y su estímulo con cargo a recursos públicos, en este caso la fuente de esa financiación no tiene ningún sentido económico. Si la sociedad quiere apoyar el deporte, que lo haga con los recursos generales del presupuesto nacional, compitiendo con otros usos posibles, sin generar distorsiones que afectan el crecimiento económico y el bienestar de la población, especialmente de los más pobres. El que ese impuesto se mantenga solo nos demuestra que en muchas ocasiones los beneficios particulares de grupos de interés terminan sobreponiéndose sobre la conveniencia colectiva.

 

* Profesor Asociado
Universidad de los Andes

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