Opinión

  • | 2006/08/22 00:00

    El desafío de la calidad

    Francisco Cajiao explica que la buena educación exige muchísimo mas que generar más cupos en los centros educativos.

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El mayor desafío que afronta el país en educación es encontrar los mecanismos para que la inversión que se hace en la atención a los niños, niñas y jóvenes revierta en una modificación real y verificable de una estructura social que se ha caracterizado por una profunda segmentación que no solamente riñe con cualquier criterio de equidad, sino que perpetúa modelos históricos de exclusión para las mayorías que viven en la pobreza.

Esta segmentación social se hace más grave y evidente en las grandes ciudades, en las cuales el proceso de urbanización delimitó geográficamente las zonas de pobreza, haciendo cada vez más difícil que niños y niñas de diferente origen socioeconómico puedan encontrarse, compartir oportunidades educativas y contrastar sus puntos de vista. El sistema educativo ha contribuido de manera significativa a esta fragmentación social, estableciendo modelos de atención completamente separados para los diversos estratos socioeconómicos. La educación oficial se ha dirigido tradicionalmente a la población de los estratos más pobres, en tanto que la educación privada ha copado la demanda educativa de las clases medias y altas.

Este modelo de atención educativa ha sido propiciado por dos factores fundamentales: el interés de las clases dirigentes de mantener un espacio educativo propio en el cual pueda preservarse el privilegio que representa la acumulación de capital cultural en un círculo relativamente restringido, y una posición cómoda del Estado que a lo largo de los años ha aliviado de manera significativa la carga sobre el presupuesto, liberando recursos para otros fines de mayor interés para los gobiernos.

Hasta la crisis económica de mediados de los noventa la cobertura de la educación privada en las principales ciudades del país era superior al cincuenta por ciento. Las dificultades que sobrevinieron para muchas familias de estratos tres y cuatro, forzaron un importante desplazamiento de población a la educación oficial. En Bogotá estas circunstancias de la economía, sumadas a un esfuerzo muy importante de expansión de los cupos financiados por el Estado han llevado a ampliar a un sesenta por ciento la población que recibe educación estatal. Esto, sin embargo, es apenas el comienzo de un cambio en las tendencias de equidad, pues si bien hay una mayor capacidad de absorción de la demanda, todavía falta recorrer un largo y costoso camino para asegurar condiciones de calidad equivalentes para todos los niños y niñas.

Para que todos los niños y niñas, sin importar su origen socioeconómico, puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo y participación en la sociedad es indispensable generar las posibilidades de que se acerquen de forma similar a los bienes de la cultura, la ciencia y la tecnología. Eso no es posible si no se hacen acciones decididas para compensar las restricciones que impone la pobreza, que van desde las condiciones iniciales de nutrición y salud, hasta las limitaciones iniciales en el acceso a la cultura. Es claro que no basta disponer de maestros, aulas de clase y un plan de estudios universal para que haya igualdad de oportunidades. Las grandes diferencias se marcan en los primeros cinco años de vida, como lo han demostrado multitud de estudios de carácter económico, médico y psicológico. Para comparar las condiciones educativas es necesario ver las condiciones culturales de la familia, el tipo de estímulos recibidos por los niños y niñas en sus primeros años de vida, el desarrollo de la capacidad expresiva adquirida en los primeros cuatro años, la calidad de la alimentación y la salud en la primera infancia, el acceso a bienes culturales como libros y cuadernos, los hábitos de vida de los adultos con quienes se vive —incluyendo los modelos de relaciones interpersonales— …

Resulta ingenuo pensar que con abrir nuevos cupos educativos es suficiente para que una sociedad se sienta tranquila, especialmente si el presupuesto per cápita que dedica el Estado para esos niños que se atienden en la educación oficial es apenas una décima parte del que dedican las familias más adineradas para la educación de sus hijos.

Avanzar verdaderamente en una política de calidad implica que el Estado comience a compensar las carencias sociales de mayor incidencia en los procesos de aprendizaje. Esto implica, en primer lugar, expandir de manera decidida la atención a los niños menores de cinco años, incluyendo en este proceso complemento nutricional, y desarrollo de ambientes estimulantes para el desarrollo intelectual, lo cual implica encomendar la tarea a profesionales calificados para la atención infantil. No es suficiente la simple protección a los niños y niñas mientras sus padres trabajan. Hace falta tener lineamientos educativos claros, atendiendo a las necesidades específicas de este período de desarrollo infantil. Esta es una responsabilidad que no puede seguir eludiendo el sector educativo.

Adicionalmente se necesita avanzar de manera clara en la adecuación de infraestructura y equipamiento, que incluye la ampliación de redes de bibliotecas, actualización de mobiliario y disponibilidad de materiales y textos a lo largo de toda la educación básica y media. Los niños y niñas más pobres deben tener acceso a la mejor oferta cultural que se hace a través de la televisión y el cine y deben tener la oportunidad de conocer estos nuevos lenguajes. Es indispensable mejorar los ambientes educativos para que las deficiencias afectivas y emocionales que muchos de ellos experimentan en sus ambientes familiares sean compensadas, aunque sea en parte, por un clima escolar cálido y estimulante.

Todo esto cuesta mucho dinero, pero está demostrado hasta la saciedad que la inversión social que se hace en educación resulta ampliamente compensada en mayores niveles de productividad, menores gastos futuros en salud y más altos niveles de participación ciudadana.

La claridad que tengan los gobernantes es lo que marca la diferencia en los modelos educativos y ello se refleja en sus niveles de inversión. Mientras el ministro de hacienda declara en el Congreso, a propósito de la Ley de Infancia, que no es posible asumir fiscalmente la gratuidad de la educación para los niños más pobres, la administración de Bogotá invierte un peso adicional por cada peso proveniente del presupuesto nacional, llegando a dedicar el 30% de su inversión total a la educación.
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