Cómo se defiende un país civilizado

17 de marzo de 2008

En la reciente confrontación que Colombia sostuvo con Ecuador y Venezuela, la actitud que siguió Colombia fue un ejemplo absolutamente claro de cómo se defiende un país civilizado.

Son muchas las circunstancias que pueden llevar a dos países a entrar en una dinámica de confrontación, y eso es perfectamente normal en la coexistencia de las naciones. En realidad, es algo que le puede suceder a cualquiera. La verdadera diferencia, la diferencia auténticamente relevante, se deja ver en el modo en que los países involucrados conducen esos conflictos, incluso cuando llegan a niveles cercanos a la confrontación militar.

Cuando uso aquí el calificativo “civilizado”, vale aclarar, no me refiero a la población del país, no me refiero a su gente, sino a su sistema de gobierno. Un régimen político civilizado es aquel en el cual gobiernan las leyes y las instituciones, no las personas y sus caprichos. En los sistemas civilizados de gobierno, todo se tramita y se resuelve por medio de instituciones, las cuales suelen tener entre sí un aceptable nivel de separación e independencia. Dichas instituciones, a su vez, se rigen también por normas, y están sujetas al control de otras instituciones, que pueden ser de naturaleza judicial, u organismos de control, como en el caso colombiano la Procuraduría General de la Nación.

De modo que, cuando un país civilizado entra en conflicto con algún otro país, cualquiera sea la causa que genere tal situación, se movilizan las instituciones, y se movilizan al compás que marcan la Constitución y la ley. En casos muy graves, puede ser incluso necesario movilizar la institución militar, cosa que también se hace según lo que dispongan las normas, y siempre bajo la batuta del poder civil.

En cambio, los regímenes políticos no civilizados se gobiernan por voluntades personales y caprichos. En ellos, es la voz de una persona, o la de un grupo de personas, la que dispone de qué modo se utilizarán los recursos del país para atender la confrontación. Lo peor es que, con base en tales caprichos, puede ponerse también en marcha el aparato militar, cuyo recurso es de naturaleza humana, y puede sufrir daños dolorosos e irreparables en caso de un conflicto. En este tipo de regímenes, no hay quién controle la voluntad caprichosa del gobernante. No hay separación institucional, y de haber alguna oposición civil, esta suele estar bajo constante acoso.

Veamos, entonces, el caso en cuestión.

Al conocerse la noticia del ataque colombiano al campamento de “Raúl Reyes”, quien vivía cómodamente instalado en territorio ecuatoriano, la reacción de Venezuela se puso en marcha a la voz de su autoritario y caprichoso presidente. Este, por televisión, en vivo, empezó a dar órdenes, las cuales eran recibidas con aplausos de un público vestido todo de rojo, y totalmente enajenado en su conciencia. “¡Muévame diez batallones a la frontera!”, ordenó Chávez a su ministro, en pleno programa televisivo, dejando bien en claro que la Fuerza Armada Nacional es suya, y que ante lo sucedido respondería mediante la intimidación y las demostraciones de fuerza. Como casi todos los dictadores militaristas que la humanidad ha conocido.

No hubo allí intervención de las instituciones, pues estas, al estar ya totalmente subordinadas a Chávez, no podían hacer más que esperar sus órdenes y aclamarlas, como ese público de autómatas que asistía a su espectáculo.

La reacción del gobierno colombiano mostró que se puede ser fuerte dentro del ámbito de las normas y las instituciones, tanto nacionales como globales.

Desde el principio, el gobierno colombiano mostró que no iba a entrar en el juego infantil de mostrar los dientes, y no movilizó un solo soldado hacia las fronteras. Se puso en acción a la diplomacia, y en un discurso de antología, el embajador colombiano ante la OEA explicó las razones que tuvo Colombia para realizar el ataque, y para quejarse de la actitud de los presidentes Chávez y Correa. Y articuló tales razones dentro de la normatividad internacional: las normas internacionales prohíben a los países prestar auxilio a organizaciones criminales y terroristas. Mientras que los presidentes de Ecuador y Venezuela insultaban de todas las maneras posibles al presidente Uribe, Colombia objetaba la actitud de estos dos presidentes con razones basadas en el derecho internacional.

Se consideró incluso elevar una denuncia contra Chávez ante la Corte Penal Internacional. Esta propuesta, que generó un interesante debate, es de cualquier modo una acción jurídica e institucional, no es un insulto, no es una movilización de tropas, no es un discurso de agravios. Allí pueden verse las diferencias, y se puede aprender una lección de civilización políti

 

* Instituto Libertad y Progreso
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