Opinión

  • | 2017/03/14 00:01

    Vuelve y juega la comisión del gasto público

    La oficialización de una Comisión del Gasto Público por parte del presidente de la República el pasado 28 de febrero, trae a la memoria otros intentos de diferentes gobiernos por ordenar el lado del gasto que siempre es más costoso políticamente que hacer reformas tributarias.

COMPARTIR

En medio del escándalo de corrupción de Odebrecht que ha servido como cortina de humo para otros asuntos inconclusos de alta relevancia para el país, el gobierno nacional ha designado (por enésima vez) una comisión de estudio del gasto público y de la inversión.

Hasta ahora, afortunadamente para los inversionistas en los activos financieros locales, la senda esperada de las finanzas públicas soporta grandes y continuos saqueos al erario, mientras que el manejo cambiario y monetario por parte del Banco de la República permite contar con la credibilidad suficiente de la política macroeconómica del país para actuar adecuadamente con respecto a las circunstancias cambiantes de la economía global.

Vale resaltar que la reciente convergencia de la inflación hacia el rango meta, así como la reducción del déficit en cuenta corriente fueron factores definitivos para que la agencia calificadora Fitch Ratings mejorará la perspectiva de la calificación crediticia de Colombia (en moneda extranjera) de negativa a estable, a pesar de mantener inalterada la nota en BBB. Por supuesto, la reforma tributaria fue otro hecho relevante, a pesar de que al compararlo con el resultado que provocaría algún control sobre la corrupción pública es pírrico el esfuerzo.

La oficialización de una Comisión del Gasto Público por parte del presidente de la República el pasado 28 de febrero, trae a la memoria otros intentos de diferentes gobiernos por ordenar el lado del gasto que siempre es más costoso políticamente que hacer reformas tributarias. Lo común de dichas misiones o comisiones enfocadas en el gasto han servido más para tener diagnósticos académicos que para generar decisiones de alto impacto o de largo alcance.

También le puede interesar: ¿Vale la pena la educación financiera?

A mediados de 2007 en el gobierno del presidente Uribe se creó una Comisión Independiente de Gasto Público conformada por cinco miembros, dos de los cuales participan en la “nueva” misión designada por el actual gobierno: Mauricio Cárdenas y Armando Montenegro. De aquella ocasión vale la pena traer a colación algunas conclusiones que no fueron aplicadas y otras que sí. Lo interesante es que muchas de las propuestas de aquella vez serán las mismas que se estudiarán “concienzudamente” en los próximos 10 meses.

En el caso de las propuestas de corto plazo realizadas en 2007 se propuso: i) Recortar 1,5 billones de pesos del presupuesto nacional de ese mismo año, ii) Reducir la deuda pública en 7,25 billones de pesos con la venta de participaciones en empresas con mayoría accionaria estatal como ISA, ISAGEN, URRA y CORELCA; iii) Destinar 1.700 millones de dólares del FAEP a reducir el endeudamiento externo, iv) Incrementar el recaudo del impuesto predial rural y urbano; v) Diseñar mecanismos financieros para maximizar el aporte local para la construcción de la red secundaria y terciaria de carreteras y los sistemas de transporte masivo de pasajeros.

Al respecto, los resultados fueron insuficientes, la venta de Isagen se dio apenas el año pasado, mientras que las otras privatizaciones no han prosperado, los recursos del FAEP se utilizaron para pagar deudas de la salud (en todo caso la deuda pública nunca fue reducida), la red secundarias y terciaria de carreteras es un “nuevo” gran proyecto de la administración Santos, mientras que los sistemas de transporte masivo a lo largo del país si se llevaron a cabo.

Le sugerimos leer: Estancamiento del mercado de deuda corporativa: Palo en la rueda de la dinámica empresarial

Algunas propuestas relevantes a largo plazo de la Comisión de Gasto en 2007 fueron: i) Adoptar una meta anual de superávit primario estructural de 2% del PIB para el Gobierno Central; ii) Eliminar la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público; iii) Eliminar los impuestos al trabajo, compensando el impacto social de esta medida a través de la eliminación de las exenciones tributarias.

Al respecto, la comisión interparlamentaria sigue funcionando, la reducción de los parafiscales se convirtió en el impuesto al CREE y su sobretasa (un impuesto bastante controvertido y poco útil), mientras que la meta de superávit primario no existe a pesar de la creación de una regla fiscal en 2011. De hecho la regla fiscal con la desagregación entre balance fiscal cíclico y estructural creó una válvula de escape a la disciplina fiscal que es el objetivo básico de este tipo de normas en muchos países.

La nueva Comisión de Estudio del Gasto Público y de la Inversión nació como parte del compromiso consignado en el texto de la reforma tributaria presentada por el gobierno y aprobada en el Congreso a finales del año pasado, está compuesta por diez expertos (entre los que se cuenta el director del DNP) y adicionalmente por el ministro de Hacienda. Las conclusiones de este organismo se deben dar a conocer en enero de 2018, en plena contienda electoral por la presidencia.

Según el decreto que dio origen a dicha comisión su objetivo es “revisar, entre otros, los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica y los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto, con el objeto de proponer reformas orientadas a fortalecer la equidad, la inclusión productiva y la convergencia del desarrollo entre zonas urbanas y rurales, la redistribución del ingreso, la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado”.

Algunos temas evidentes que seguramente harán parte de las reformas propuestas por esta comisión serán: i) Las vigencias futuras; ii) El excesivo y desenfocado gasto "social" de programas no correspondientes con una economía de ingreso medio, además evitando contabilizarlos como inversión; iii) La abolición del régimen pensional de prima media; iv) Redireccionar la regla fiscal; v) Focalizar bien los subsidios para que no sean fortines políticos. Entonces, una vez más: Amanecerá y veremos.

Lea también: El acertijo de las tasas de interés

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 524

PORTADA

Así es el mercado de los bufetes de abogados en Colombia

En un año que no resulta fácil para la economía, la actividad de las firmas legales está más dinámica que nunca. Los bufetes de abogados se juegan el todo por el todo.