Esta es por el reclamo del pago de una deuda pendiente entre Comcel y la ETB por 200.000 millones aproximadamente, y también cuestionarse qué significado tiene para la sociedad que mira desde la baranda esta disputa de dos poderosos, uno en política y otro en fortuna.
Sin tener conocimiento de causa, pienso que el alcalde debe estar de acuerdo con el fondo del asunto, es decir, con cobrar una deuda que en varias instancias le ha favorecido a la ETB. No estoy tan seguro sobre la forma, porque, aunque me parece que la demanda es un mecanismo “mediático” poderoso, no sé qué tan efectivo resulte en la práctica, teniendo en cuenta cómo funciona la justicia en nuestro país, para no adentrarme en otras dificultades. Ni hablar de ello cabe, cuando se trata de un deudor poderoso, asistido por ejércitos de abogados, y frente a autoridades que, en otros casos donde ha habido poder de por medio, se han visto abocadas a investigaciones, acusaciones, recusaciones, etc., por cometer el pecado de fallar contra “un poderoso”, en términos prácticos.
Al margen del debate que se dio hace algunos meses en el Congreso de la República, por la aparente posición dominante de Claro en el tema de telecomunicaciones, lo que si le queda a uno “claro” es que cuando las compañías son tan grandes pueden llegar a ser, de alguna forma, intocables. Esto no está bien. Y esto pasa de muchas formas porque los organismos de control, superintendencias, y otras “ias” no tienen la fuerza “política” para enfrentar a estos poderes dominantes.
Valdría la pena hacer una investigación sobre las personas que se han desempeñado como superintendentes de industria y comercio, bancarios, y de sociedades, entre otros, para determinar qué empleos y posiciones tenían antes y después de dirigir los organismos de control. Creo que la sorpresa sería mayúscula. Esto se conoce como la puerta giratoria: por un lado entran y por el otro salen, de las empresas vigiladas, al organismo de control, y a las empresas vigiladas.
Por eso es tan interesante este caso; porque, si bien este abogado muy seguramente actuó sin estar de común acuerdo con la administración distrital o con la empresa en cuestión, en este pleito Slim no resulta tan poderoso en términos de beligerancia como el aparente acreedor, el alcalde Petro.
No me queda duda de que si el caso fuera diferente y no estuviera de por medio un personaje como Gustavo Petro, la reacción de la poderosa compañía demandada, propiedad de un magnate, sería una aplanadora jurídica y también económica. Sin embargo, ante esta demanda tendrán que pensarlo muy bien los señores de “Claro”, que con seguridad habrán de consultar con su instancia máxima, para saber qué hacer. No la tienen fácil en ningún caso porque están de por medio las relaciones comerciales y políticas con la ETB.
La pregunta es: ¿no es posible todavía una llamada de Petro a Slim, o al presidente de Claro, pidiéndole que pague? o ¿una llamada de Slim o del presidente de Claro a Petro, diciéndole que le va a pagar?