Opinión

  • | 2017/05/23 00:01

    Un Congreso con peso económico

    Se necesita una oficina en el legislativo, para evaluar el impacto económico de nuevas leyes.

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Hace algunos años se ha planteado la necesidad de una Unidad que mejoraría los análisis presupuestales y de las finanzas públicas del Estado. Lo anterior, aprovechando la lista de tareas que tiene Colombia para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países con las mejores prácticas.

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Se trata de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP), encargada de darle al Congreso información independiente, basada en criterios técnicos, para facilitar la toma de decisiones en materia económica, fiscal y presupuestal de la Corporación.

Espacios similares existen hace más de cuatro décadas en países como Bélgica, Austria, Holanda, Chile, México, Brasil y Estados Unidos. Particularmente, en Estados Unidos, la OATP ha tenido directores con doctorados en economía de las mejores universidades y con la trayectoria suficiente para que el criterio técnico prevalezca sobre los intereses de los partidos políticos. Douglas Elmendorf, ex director del OATP y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, cree que este arreglo es posible porque “los miembros del Congreso realmente quieren información... difieren mucho en lo que piensan que sería mejor para el país, pero quieren la información”.

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Colombia ha dado pasos importantes para consolidar una adecuada estructura institucional fiscal. La creación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, los Confis, la regla fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2003, son parte de este andamiaje.

Pese a los avances, aún hay oportunidades de mejora. Una de ellas es la existencia de inflexibilidades del presupuesto, es decir, la presencia de gastos que han sido predeterminados por leyes o artículos expedidos en el pasado, las cuales limitan el margen de maniobra del Gobierno a la hora de tomar decisiones.

Aunque, con todo y las inflexibilidades, en el pulso entre los poderes ejecutivo y legislativo colombianos existen asimetrías a favor del Gobierno. Hace unos años Mauricio Cárdenas, antes de ser Ministro de Hacienda, reconocía que el ejecutivo tenía un papel central en el proceso de elaboración de presupuesto. Es cierto, el Congreso no tiene capacidad técnica para sugerir cambios, evaluar sostenibilidad fiscal, revisar la ejecución presupuestaria a la luz de los planes de desarrollo o detallar experiencias internacionales.

De hecho, si en el Congreso contrastaran las proyecciones económicas de las autoridades de política económica se llevarían varias sorpresas. Tanto en los marcos fiscales de mediano plazo como en los informes del Banco de la República. La conclusión sería que el Congreso de Colombia hace control político o toma decisiones de política económica con pronósticos deficientes.

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Reducir esa asimetría de poder entre el Gobierno y el Congreso, establecer un verdadero brazo técnico en el legislativo y adaptar el gasto a los retos del país, serían las primeras tareas a la OATP. A la fecha la iniciativa está priorizada en el plan de trabajo del Congreso. Se espera que en los próximos días se presente el Proyecto de Ley de creación.

No se puede perder de vista que en el país se creó una Comisión que en los próximos meses entregará propuestas para reformar el gasto público. Ante el nuevo acervo de recomendaciones, la OATP sería validador de las propuestas, retroalimentando la discusión del nuevo marco. Por ello, de crearse la oficina, el primer director debería contar con las credenciales técnicas y el respaldo suficiente para esta responsabilidad.

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Ojalá nuestros legisladores le pongan el acelerador a la discusión de una propuesta que acerca al país a mejores estándares y le da peso económico al Congreso.

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