Opinión

  • | 2016/06/29 00:01

    Territorio y posconflicto

    Acuerdo con las FARC es apenas un manifiesto de una buena intención aceptada por un importante actor del conflicto armado en Colombia, pero no es una garantía de lograr la finalización del mismo.

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A propósito del Brexit que la semana pasada fue aprobado por votación popular junto con el sonado acuerdo de cese al fuego bilateral, llama la atención la escasa difusión que se ha dado al origen del conflicto armado en Colombia, para entender realmente si una eventual desmovilización de la guerrilla es el verdadero camino hacia la anhelada paz.

La lección de lo ocurrido con la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene un mensaje relevante para el momento "histórico" que atraviesa Colombia. El rechazo de los británicos a mantenerse en la Unión Europea es un reflejo del fuerte sentido de pertenencia que, hasta ahora, el ser humano ha desarrollado sobre el territorio donde vive y lleva a cabo múltiples tipos de relaciones sociales que, con el tiempo, van construyendo identidades culturales, las cuales al verse amenazadas generan conflictos.

Ante la ausencia de soluciones institucionales percibidas como favorables, sólidas y permanentes, cualquier transformación social puede derivar en descontentos sociales desatendidos que provocan mayores conflictos y, en muchos casos, llegan a convertirse en conflictos armados por la falta de legitimidad de los acuerdos políticos que transgreden los territorios y sus habitantes.

Colombia por naturaleza, dada su disposición geográfica es un país de territorios diversos y, por ende, de pluralidad cultural que tradicionalmente han ocasionado conflictos que hoy, después de 200 años de vida republicana, no han sido superados satisfactoriamente. Incluso en muchas zonas éstos han evolucionado haciéndose más complejos, con la concurrencia de problemáticas más contemporáneas como el narcotráfico.

Colombia está compuesto por 1.123 municipios y 32 departamentos que legalmente corresponden a unidades territoriales organizadas administrativa y jurídicamente, dirigidas por un poder ejecutivo (alcalde o gobernador) quien gobierna junto con un poder legislativo (concejo municipal o asamblea departamental) que son elegidos por voto popular. Los departamentos, además, tienen autonomía en el manejo de asuntos jurisdiccionales y coordinan la relación entre la nación y los municipios.

Este diseño institucional en un país con alta dispersión rural de su población por cuestiones topográficas pero también por el continuo desplazamiento de las áreas económicamente más productivas por medio del uso de la fuerza (legal e ilegal) a lo largo de su historia, ha conducido a la creación de un vasto mercantilismo electoral que perpetua las precarias condiciones económicas de la población en muchas zonas del país que al no haberse insertado a los mercados dependen, considerablemente, de la atención estatal.

Sin embargo, lo único que llega hoy a muchos territorios son servicios estatales escasos o a cuenta gotas que hacen que el acceso a éstos sea percibido como un favor realizado por los dirigentes políticos y, al mismo tiempo, sirve como escenario ideal para el desarrollo de actividades ilícitas que muchas veces se soportan en el uso de las armas para mantenerse vigentes.

Un claro ejemplo del inadecuado ordenamiento territorial es la región de los montes de María, comprendida entre los departamentos de Bolívar y Sucre compuesta por 15 municipios de ambos departamentos con una población superior a 550 mil habitantes con indicadores sociales muy precarios y altos índices de violencia. Como esta región hay varias en el país localizadas en corredores estratégicos del narcotráfico y de diversos grupos armados al margen de la ley donde la presencia del Estado es escasa, pero adicionalmente se encuentran lejanos de los centros político-económicos que son las capitales departamentales.

No se puede olvidar que en el ranking del Índice Global de Paz más reciente (2015), Colombia ocupó el lugar 146 entre 162 países, a pesar de los avances de los últimos años en reducción de crímenes como el homicidio o el secuestro. Este resultado está asociado en gran medida con el alto grado de corrupción existente a lo largo de la geografía nacional que en gran medida tiene que ver con la actual organización territorial, como se explicó anteriormente.

Según las proyecciones demográficas del DANE  para 2016 hay 183 municipios con menos de cinco mil habitantes y 441 municipios con menos de 10.000 habitantes. Esta proliferación de entes territoriales solamente sirve para perpetuar el problema aquí mencionado, sobre todo al tener en cuenta que muchos nacen en condiciones precarias sin inserción a ningún mercado y sin acceso los servicios estatales fundamentales (educación, salud, justicia y seguridad ciudadana).

En conclusión, no es coincidencia que los territorios con mayores índices de violencia sean los más pobres y/o los más estratégicos para el desarrollo de industrias delictivas como el narcotráfico o la explotación minera ilegal y, simultáneamente, sean los de mayor debilidad institucional del Estado. Superar esta situación debería ser uno de los objetivos clave del denominado posconflicto, pues el acuerdo con las FARC es apenas un manifiesto de una buena intención aceptada por un importante actor del conflicto armado en Colombia, pero no es una garantía de lograr la finalización del mismo.

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