Opinión

  • | 2017/04/10 00:01

    Regalías para ciencia y tecnología, un sistema creado para despilfarrar recursos

    La norma se expidió a pesar de que quienes investigan y los expertos advirtieron desde el comienzo los riesgos de despilfarro y la posibilidad de escasa gestión con dichos recursos.

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La Contraloría General de la República realizó una excelente evaluación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual llama la atención sobre las funciones y responsabilidades de quienes ejecutan los recursos y la escasa importancia que el país otorga a este sector clave para el desarrollo del país

La evaluación de dicho fondo, sin decirlo de manera directa, advierte que hay sectores como educación, salud, ciencia, tecnología e innovación que la sociedad y el gobierno deberían cuidar en extremo en el momento de elaborar y ejecutar políticas y programas públicos, por lo menos concertar con sus actores y con quienes conocen los temas, además de promover un manejo eficiente de sus recursos.

De hecho, Colombia reconoció, según el CONPES 3582, que la política nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha sido identificada por la sociedad colombiana como fuente de desarrollo y de crecimiento económico, sin embargo, el gasto público y privado en CTI es escaso, el manejo y la gestión del sector es errático y con magros resultados.

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De acuerdo con los datos de la evaluación de la Contraloría de dicho Fondo, la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación para el año 2015 alcanzó 0,627 del PIB y el gasto en investigación y desarrollo el 0,23% del PIB (45,4% financiado con recursos privados), en los países de la OCDE del 3% (entre el 65% y el 75% invertido por recursos privados).

También la Contraloría sostiene que en el año 2015 el país contaba con 161,5 investigadores de tiempo completo por cada millón de habitantes (undécimo lugar en América Latina). “Países como Argentina (1.255,8), Brasil (710,2), Chile (389,2) y México (386,4), lo superan ampliamente, lo que refleja un rezago significativo. En 2013, el país contaba con 0,4 investigadores por cada 1.000 habitantes, mientras que, por ejemplo, Uruguay tenía un investigador y Argentina tres. El número total de investigadores activos de Colombia (año 2014) es de 11.566. En el año 2014 Colombia registró 112 patentes, Argentina 260, para el mismo año el país presentó 6.708 publicaciones científicas frente a 8.324 de Argentina, 11.510 de México y 38.114 de Brasil. 

En el propósito de cambiar esta situación en Colombia se han realizado diversas reformas normativas y de política que van desde de modificar la Ley de CTI (Ley 1286 de 2009), transformar a COLCIENCIAS y expedir el acto legislativo 05 de 2011 que determinó la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que recibe el 10% de los ingresos del Sistema General de Regalías (artículo 361 de la Constitución política). El Fondo tiene como uno de sus objetivos incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, así como contribuir al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población.

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Los investigadores y las universidades celebraron la creación del Fondo, esta decisión garantizaba nuevos recursos para CTI, sin embargo, en la reglamentación estos recursos de regalías para CTI se entregaron a los gobernadores y al Alcalde de Bogotá (Ley 1530 de 2012). Los recursos del Fondo se distribuyen entre los departamentos y Bogotá utilizando indicadores de población, pobreza y desempleo. La norma se expidió a pesar de que quienes investigan y los expertos advirtieron desde el comienzo los riesgos de despilfarro y la posibilidad de escasa gestión con dichos recursos, entre otras cosas porque se subordinaba a Universidades, centros de investigación e investigadores, con entidades territoriales y gobernaciones que en su mayoría no cuentan con capacidad alguna para ejecutar este tipo de proyectos.

Lo anterior explica en parte las conclusiones de la evaluación de la Contraloría, además de los escasos avances en CTI, a diciembre de 2015, $1,1 billones seguían sin aprobar, de un total de $3,3 billones asignados a los 33 fondos (32 departamento, más Bogotá), aunque existe un solo Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la práctica la ejecución se atomizó y se dispersó al dividirse en 33 entidades territoriales; lenta ejecución de los proyectos, de los 271 aprobados, sólo se habían terminado 11 en 2015; La idoneidad de los contratistas y ejecutores no es clara, 201 proyectos son ejecutados por las gobernaciones y 70 por entidades como universidades, Colciencias, Corporación Ruta N y Corpoica; y alta dispersión temática de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que a decir de la Contraloría de alguna manera señalan “la falta de definición de áreas estratégicas y que los criterios de priorización y aprobación de los proyectos terminan siendo muy laxos para definir que un proyecto sea considerado de ciencia y tecnología”, entre otras.

Lo anterior, permite afirmar algo elemental pero que debería ser el camino: la política pública para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología lo primero que debería reconocer es que institucionalmente quien investiga y produce ciencia, o alcanza los linderos en la cual ésta se encuentra, son las universidades y sus grupos de investigación, además de algunas instituciones especializadas públicas y privadas. Luego quienes conocen y tienen de manera permanente preocupaciones asociadas a la gestión, a los indicadores y a la obtención de recursos para CTI son de los rectores, decanos y directores de dichos centros de investigación, es a estos centros a quienes mediante la calidad de su proyectos y posibles impactos se les deben entregar los recursos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación.

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