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Reformas del mercado laboral

Sabido es que el comienzo de un nuevo gobierno es época propicia para intentar reformas estructurales, aquellas que, justamente por serlo, son difíciles de acometer más adelante. Opinión de Jorge Humberto Botero.*

24 de abril de 2014

Como este panorama cambiará dentro de pocos meses, es ya oportuno plantear la necesidad de continuar avanzando en la reforma del mercado laboral y en la realización de los indispensables ajustes que requiere el sistema pensional. En esta ocasión abordaré el primero de estos temas cruciales. El segundo, lo trataré en próxima columna.

Teniendo en cuenta referentes internacionales, para un país con la tasa de crecimiento de Colombia (4% promedio anual durante un largo periodo, uno de los mejores desempeños de la región) el desempleo no debería ser superior al 6% de la población económicamente activa, mientras que la informalidad no debería exceder el 30% de la población ocupada. Los datos reales son: más del 10% de desempleo y aproximadamente el 60% de informalidad. Una verdadera catástrofe social.

¿Qué explica este pésimo desempeño? Que el salario mínimo es demasiado alto, por supuesto no en función de las necesidades de los trabajadores –que son enormes en los estratos bajos de la escala salarial- sino de la variable económica relevante: la productividad del trabajo, es decir, la cantidad o valor del producto promedio que un trabajador aporta a quien lo contrata por unidad de tiempo. Si ese valor es inferior a la remuneración y los otros costos laborales, el resultado inevitable será el desempleo; como es obvio, los empresarios no generan trabajo por sentido de la justicia, sino porque hacerlo les resulta rentable. La otra opción es el mercado informal. En este mercado, que es el mayoritario, el salario mínimo y los parafiscales sobre la nomina no existen. La dura realidad económica su sobrepone a una legislación benevolente.

Para demostrar que el salario mínimo es demasiado alto basta anotar que el 42% de los trabajadores devenga menos de un salario mínimo; y que mientras este es, como proporción del salario medio, cercano al 40% en los países de la OCDE -"el club de las buenas prácticas" al que queremos ingresar- en Colombia es del 70%.

De otro lado, como la absorción de tecnología aplicada en el mundo del trabajo es baja, como consecuencia, entre otros factores, de la informalidad, la productividad laboral inexorablemente avanza con lentitud. Lo ilustra este dato preocupante: mientras que la mitad inferior de los países de nuestro club de referencia duplicó su productividad laboral en 22 años, Colombia sólo logró un aumento del 30%. Este pobre desempeño ayuda a explicar las dificultades de la industria para competir con la producción foránea, y determina que los salarios reales sean inferiores a los que quisiéramos.

Por impopulares que sean es necesario insistir en las medidas necesarias para superar estos problemas. La primera de ellas consiste en el desmonte total de los parafiscales. Este gobierno tuvo el coraje de moverse en la dirección correcta. Los resultados son espectaculares: al paso que el empleo total crecía en enero de este año al 2% anual, el empleo formal, de acuerdo con los reportes consolidados de las aseguradoras de riesgos laborales, lo hacía al 12.2% !Difícil encontrar una política social más exitosa¡

Hay que profundizar, en primer término, esa política por lo que refiere al Sena, ICBF y cajas de compensación, que es la tarea que ya comenzó y sobre la cual hay amplio consenso. Pero, en segundo, eliminar, de manera que podría ser gradual, la financiación del módulo contributivo de salud con impuestos al trabajo para sustituirlos por tributos generales.

La razón es esta: como se ha eliminado la distinción entre regímenes por mandato de la Corte Constitucional y, por ende, todos tenemos derecho a un mismo plan de salud, las fuentes de financiamiento deberían ser las mismas. Dicho de manera coloquial: si el sancocho es ahora el mismo para todos, tiene sentido que todos los ingredientes vayan a la misma olla.

Por supuesto, esta reforma requiere una ingeniería tributaria compleja que vale la pena intentar. No solo por el efecto positivo que hacerlo tendría en la formalidad laboral; además por otra razón poderosa: despolitizar la afiliación a la salud como consecuencia de la supresión del actual régimen subsidiado. En efecto: bastaría demostrar que se reside en Colombia para acceder al único sistema de salud. Sencillo: sin intermediarios ni padrinos.

El otro conjunto de políticas que apunta a la formalización del trabajo consiste en modificar la manera como se define el salario mínimo. Al respecto hay que decir que, hasta donde se sabe, en ninguna parte del sistema solar el incremento de la productividad, que es un factor que debe ser tenido en cuenta para definir los ajustes salariales, se "negocia" entre empleadores y trabajadores.

La productividad es una magnitud económica que se puede y debe medir, como se mide, por ejemplo, el crecimiento del producto, la pobreza y el empleo, sin que al efecto importe que existan varias metodologías, las cuales pueden arrojar resultados que, en el margen, divergen. Para resolver estas falencias en el Reino Unido, entre otros países, se ha establecido que una entidad independiente, que, en nuestro caso, podría ser el Banco de la República, aporte los resultados periódicos en materia de productividad, tanto de los promedios nacionales como de las diferentes regiones.

Esto último permitiría establecer mínimos diferenciales en función del comportamiento de esa variable, el costo de vida y los niveles salariales de cada región. Mantener un solo salario mínimo para todo el territorio tiene el efecto perverso de incrementar la informalidad en las zonas más pobres. Por ejemplo, mientras la informalidad en Bogotá es del 44%, en Montería, que es una de las ciudades más pobres del país, es del 63%. Esta cifra explica que mientras que el salario promedio, lo que en realidad ganan los trabajadores, sea inferior al mínimo que es lo que la ley ordena que perciban.

Una política encaminada a mantener los incrementos salariales mínimos en línea con las variaciones del índice de precios y la productividad, siempre ha sido importante. Pero más lo es en el contexto de tasas de inflación bajas dado que estas, en el corto plazo, dificultan apreciar el valor real de la moneda, que ahora es mucho mayor que antes. En efecto: El último aumento del mínimo fue de 4,5% o $ 26.527. Parecen cifras bajas pero no lo son. Habida cuenta de que la inflación del año 2013 fue de 1,94% y el aumento de la productividad del país para ese mismo periodo del 0.8%, un aumento razonable del salario mínimo habría sido del 2,74%.

Por este camino de incrementos salariales, que superan las variaciones en el nivel general de precios y la productividad, se pueden revertir los logros recientes en formalización del empleo.


*Presidente de Fasecolda
jbotero@fasecolda.com