Opinión

  • | 2016/09/09 00:00

    Posconflicto puede ser financiado con deuda y otras fuentes

    La etapa de posconflicto que costará cerca de $90 billones en un periodo diez años, puede ser financiada usando una parte de deuda y otras fuentes que deben ser canalizadas.

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Los análisis de la etapa de posconflicto elaborados por el DNP muestran que esta etapa tendrá una duración de al menos diez años y su costo será de $90 billones durante igual periodo, es decir que la etapa de reconciliación demandará inversiones anuales de $9 billones en promedio durante una década.

Esas inversiones deberán enfocarse en la dotación de bienes públicos, particularmente en las regiones más azotadas por el conflicto armado con el fin de garantizar la presencia estatal en esos territorios y su incorporación al aparato productivo.

La provisión de bienes y servicios públicos está completamente relacionada con el desarrollo de infraestructura y exige inversiones. Para lograr un arranque consistente de la etapa inicial de posconflicto es necesario que el Estado sea el principal inversor, algo que en la coyuntura actual del país parece un objetivo difícil de lograr pues como es sabido las arcas del Estado han sido afectadas por el choque petrolero, y el país debe batallar por disminuir los déficits en cuenta corriente y fiscal.

No obstante, las necesidades derivadas del acuerdo de paz no deben caer dentro del cálculo de las estrecheces fiscales actuales y languidecer su arranque por falta de recursos, tampoco deben ser aplazadas por temor a incurrir en mayor déficit que puede ser financiado con deuda, sopena de incumplir las rigideces de la regla fiscal.

La regla fiscal se creó como un instrumento de ahorro durante un ciclo de expansión económica y apreciación del peso frente al dólar, con el objetivo de guardar parte de los recursos de la bonanza minero energética para ser usados en estimular la economía si la situación económica presentaba dificultades. Ahora el escenario económico es opuesto, el peso se depreció frente al dólar y la bonanza energética llegó a su fin, entonces la regla fiscal como instrumento de ahorro también debe ser ajustada a esa nueva realidad.

Aunque la regla fiscal incluye escenarios de ajuste cuando hay desaceleración económica, solo están contemplados de manera temporal porque su estructura de largo plazo supone un ciclo continuo de expansión, que puede presentar periodos de desaceleración, de ahí que posea los mencionados escenarios de ajuste. Hoy, el ciclo económico nacional no es expansivo, lo que hay es un cambio permanente en las condiciones económicas donde el petróleo ya no representa la principal fuente de ingresos y ha cedido fuertemente en su aportación al PIB.

Con eso en mente Colombia si debe transformar la regla fiscal para que sea consistente con las nuevas condiciones permanentes de la economía, ampliando el endeudamiento que puede tener el Estado, y de esa manera poder financiar el mayor déficit en el que tendrá que incurrir para dar sostenibilidad a la etapa de posconflicto.

La nueva deuda que se emita debe ser usada completamente en inversión para que las regiones más perjudicadas por el conflicto incrementen su productividad y se incorporen al aparato productivo nacional aportando al crecimiento económico, esa es la única forma en que la nueva deuda será sostenible, porque de irse a gasto burocrático o desaparecer entre la corrupción se convertirá en un problema mayor porque no habrá con que pagarla y ahí si el ajuste sería inevitable y el problema tendría que ser resuelto con total contracción del gasto público y más impuestos.

Colombia no le debe temer a endeudarse para invertir en el desarrollo de las regiones porque todavía tiene espacio para un poco más deuda, además las nuevas inversiones le vendrán bien a la desacelerada economía porque cumple con dos propósitos. El primero, sacar del atraso una parte importante del territorio nacional que ha estado sumido en el abandono, eso debe aumentar la competitividad del país en general, aportar al crecimiento, e incorporar más producción especialmente en el sector agropecuario. El segundo, es que en el corto plazo las inversiones públicas beneficiarán la demanda agregada lo que debe contribuir con la disminución del desempleo, e impulsar el PIB mientras se navega hacia la nueva economía varias veces citada por el Gobierno.

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