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Por qué el Banco Agrario le prestó plata a Odebrecht

En cualquier banco que una empresa tenga a su presidente mundial preso, y sea declarada insolvente en donde opera, es suficiente para negar una operación crediticia a ella o cualquiera de sus filiales.

Camilo Díaz
21 de enero de 2017

En todos los bancos existe un Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC), en ese sistema están determinadas todas las políticas y procesos para administrar el riesgo de crédito, eso incluye el monto máximo de exposición a una misma empresa y el monto máximo de exposición a un mismo sector económico. Además, están consignados todos los procesos que deben cumplirse para realizar el análisis de riesgo de un solicitante.

Todo parte desde la verificación de la reputación, que consiste en revisar que no tenga problemas asociados al lavado de activos, corrupción privada o pública o vínculos relacionados con cualquier actividad ilícita. En el caso de Odebrecht su reputación ya estaba quebrada puesto que su presidente mundial estaba preso por un escándalo de corrupción internacional, y en Colombia, la filial había sido declarada insolvente por la Superintendencia de Sociedades. Seguramente para ese momento Odebrecht ya había sido reportada en las listas de la ONU y OFAC (lista Clinton) que siempre deben ser revisadas por todos los bancos incluyendo el Banco Agrario de acuerdo al SARLAFT (sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo).

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En el análisis de crédito los puntos más relevantes son, el historial crediticio, la liquidez, y la solvencia financiera. El destino de la operación, el monto, y el plazo son también importantes. En una operación a corto plazo se hace énfasis en el análisis de liquidez que permita ver que hay suficiente generación de efectivo para cumplir con los pagos.

En el caso de Odebrecht por tratarse de una operación a largo plazo la solidez financiera y las garantías que aportara eran fundamentales. No obstante, al momento del crédito la Superintendencia de Sociedades ya había decretado la insolvencia financiera, y su presidente estaba en la cárcel en medio del escándalo de corrupción mundial. ¿Cómo fue que aprobó el primer filtro de reputación en el SARLAFT? y ¿cómo fue que aprobó el filtro de solvencia financiera en el análisis del riesgo de crédito? o ¿se incumplió el SARC del Banco Agrario?

La infraestructura se financia mediante project finance, donde la garantía de pago son los flujos caja que va a generar la vía – peajes –, para eso es que se crea el concesionario que va actuar como sociedad vehículo del proyecto (SVP) y sus socios tienen que aportar capital a la SVP que va ejecutar la obra, lo estándar es 30% capital y 70% deuda, sin embargo, los prestamistas pueden pedir garantías a los socios del consorcio. En últimas se evalúa no solo la concesión, sino sus socios, al fin y al cabo, la SPV es nueva y no tiene historial de crédito, y el capital y la gestión de los recursos provienen de los integrantes del concesionario.

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En una operación de crédito de ese monto, $120.000 millones equivalentes a US$40 millones, en cualquier entidad incluyendo los bancos de inversión, intervienen el vicepresidente de crédito, el gerente de análisis de crédito, el subgerente de crédito empresarial y su coordinador, y los profesionales de análisis de riesgo de crédito. Entre todos deben preparar un informe, y fírmalo con su propio puño, para presentar el negocio al comité de crédito y determinar si la operación es viable en términos de riesgo y rentabilidad, finalmente es la junta directiva la que aprueba, o no, el desembolso del crédito.

Todas las respuestas sobre el crédito a Odebrecht deben estar ahí en el informe de estudios, o debida diligencia, que se debió cumplir para evaluar la operación, entre otras cosas debe contener como mínimo: La reputación del solicitante, análisis de los estados financieros y sus indicadores, las proyecciones de capacidad de pago, el análisis del sector económico, y lo más importante el score – puntaje – de riesgo de crédito, sí, ese número que permite condensar en una variable cuantitativa la capacidad del solicitante para repagar.

No queda más sino decir que a Colombia se la roban todos los días a mordiscos, mientras la factura de la corrupción es pagada por los empresarios honestos, que afrontan la competencia desleal de las empresas corruptas y sus esbirros políticos. También por los ciudadanos de a pie, ambos ven como les meten la mano al bolsillo, subiendo los impuestos a las utilidades a tasas descomunales o gravando el consumo y las rentas del trabajo. Así pasó en esta tributaria que no dejó contento a nadie, ni siquiera a las calificadoras de riesgo.

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