Opinión

  • | 2017/02/20 00:01

    Política para la reforma política

    Es necesaria una reforma del Estado en la coyuntura del posconflicto.

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Un Gobierno de salida, despojado del interés de perpetuarse en el tiempo, de controlar los destinos nacionales a través de testaferros, que busca dejar la casa en orden, es siempre una excusa excelente y un entorno adecuado para promover reformas políticas.

Sea este el caso o no del actual Gobierno, pasar a la historia solo por los acuerdos de paz con las FARC suena poco ambicioso cuando existe la posibilidad de marcar diferencias reales, de fondo, promoviendo modificaciones a la estructura del Estado colombiano que le permitan a los ciudadanos recuperar su manejo de las manos de los personajillos y hampones que se ha perpetuado camaleónicamente como administradores del patrimonio público.

Y en este orden, hace todo el sentido que este Gobierno quiera promover reformas políticas, pues si bien la Constitución del año 1991 revolcó la estructura del Estado siguiendo una visión soñadora que buscaba superar la violencia del narcotráfico, la corrupción del Congreso y la pérdida de la función representativa de los partidos políticos, de eso poco se ha logrado.

Pasados más de 25 años desde la entrada en vigencia de nuestra Constitución, esas aspiraciones siguen insatisfechas y, por el contrario, las reformas constitucionales posteriores han quitado la coherencia del Estado y abierto la puerta para mayores desordenes en la gestión del Gobierno y el control sobre los recursos públicos.

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Para nadie es un secreto que la reelección presidencial se hizo con nombre propio y apellido que retumba en todos los rincones del país, pero ha demostrado tener un costo incalculable desde la perspectiva de los intereses que deben movilizarse para asegurar la reelección.

No que sea algo nuevo, pues aún sin reelección los partidos siempre quieren asegurar su permanencia en la burocracia, y hacen lo propio, pero la reelección asegura ocho años de las mismas políticas, los mismos personajes y la ausencia de actuaciones de los órganos de control por ser designados con la injerencia del mismo Gobierno con cuyo período coinciden.

Hace sentido acabar con la reelección, ya se probó que no permite oxigenar el Gobierno y que Colombia no tiene cultura política para impedir que un mal Gobierno sea sancionado electoralmente.

Hace sentido también acabar con la Vicepresidencia, toda una organización paralela a la casa del Gobierno pero que no pertenece al mismo jurídicamente para deshacerse de los malos inquilinos, que hoy se demuestra genera dualidades en el liderazgo político, indeseables para que haya unidad. Más burocracia y presupuesto para hacer campañas electorales durante años, no tiene lógica y cierra las puertas a aspirantes que pueden ofrecer mejores alternativas.

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Es necesaria también la financiación oficial de las campañas políticas, que sean verificables y limitados los recursos disponibles y no haya lugar, teóricamente al menos, a que sean los intereses económicos los que determinen los destinos del Gobierno. Es una aspiración razonable, que funciona en otros sistemas y que debidamente implementada puede devolver a los movimientos ciudadanos la oportunidad de acceder al poder político por encima de los profesionales.

Esas son al menos algunas de las propuestas generales que presentaría el Gobierno, que suenan razonables pero se quedan cortas. Colombia no puede darse el lujo de seguir con penas máximas para la corrupción como las que existen hoy día, y aunque la educación es la única herramienta de largo plazo para acabarla, como sucedió en Singapur, si allá no hubieran las penas que existen nada se hubiera logrado.

La mejor educación es el ejemplo, reflejado en la probidad de los servidores públicos, pero si ellos no temen, no habrá ejemplo que seguir y se seguirá repitiendo la misma historia que hoy ahoga nuestros países.

Finalmente, debería considerarse una reforma para que los ciudadanos tengan iniciativa legislativa en términos realistas, pues la dependencia de los actuales representantes no solo es odiosa sino que ha extinguido iniciativas de general aceptación que mueren cuando hay intereses suyos o de sus financiadores, como ocurrió con el impuesto sobre las bebidas azucaradas, o la reglamentación de servicios como el UBER.

La historia reciente ha demostrado que la democracia representativa en el mundo entero está desmoronándose porque los ciudadanos no se sienten representados, sino más bien estafados. Si nos van a seguir esquilmando con impuestos, al menos permítanos participar en el destino de nuestros recursos.

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