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Política de desarrollo productivo

Es necesario que definamos como país cuáles son las apuestas productivas que el Estado priorizará de acuerdo con su cota de sofisticación, valor agregado y potencial de incubación de empleo, pues los recursos gubernamentales son bastante limitados.

Raúl Ávila Forero
3 de junio de 2016

Desde ayer se celebra en Cartagena la Convención Bancaria en su edición 51, evento que se ha constituido en uno de los principales espacios de discusión sobre el desarrollo económico del país. Acertadamente, Asobancaria este año ha decidido pensar una nueva Colombia enfocando la presentación magistral de su foro anual en la Política Industrial Moderna, buscando desarrollar ideas para delinear la ruta ideal en la que se debe enfocar la política pública que impulsará el desarrollo empresarial local de los próximos años, en un escenario de posconflicto, de volatilidad mundial y en el que todos los territorios del país deberán tener mayor juego, aprovechando las oportunidades regionales de inclusión que se podrán potenciar aún más con la firma de un acuerdo de paz.

Ya desde hace varios años, los principales pensadores del país, voceros económicos, analistas académicos y centros de investigación y pensamiento, así como algunos grupos al interior del Gobierno Nacional, empezaron a generar análisis sobre la importancia de tener una Política de Desarrollo Productivo (PDP) en Colombia, capaz de transformar la estructura productiva local en una que lograra potenciar los sectores transables, que insertara las ramas productivas en las cadenas globales de valor y generara sinergias positivas que permitieran al país forjar mayor empleo de calidad, aumentar la competitividad y dar mayor crecimiento económico sostenible.

La Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, el Grupo Proindustria, Fescol, Anif, Fedesarrollo, el Consejo Privado de Competitividad, la Andi, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Cámaras de Comercio, entre muchos otros, desde variadas ópticas, han propulsado variadas iniciativas que buscan darle por fin el empujón que tanto necesita el aparato productivo colombiano, para poder salir del atolladero en el que se ha visto envuelto los últimos años, y que no le ha permitido entrar a competir en las grandes ligas del comercio mundial de bienes y servicios.

Y aunque hoy día los enfoques son muy claros en materia de lo que debería hacer y que no debería hacer el país entorno a la PDP, pareciera que el trabajo ahora está concentrado en definir su alcance definitivo, la institucionalidad requerida coordinada para fomentar y ejecutar los planes acción delineados, la forma en que se llevará a las regiones, el cómo se van a involucrar los pilares de ciencia, tecnología e innovación como bases estructurales de la estrategia de industrialización, y la definición de los proyectos de inversión pública y privada que necesitarán las apuestas productivas de Colombia, todo esto bajo un esquema de financiamiento e inclusión sostenible.

Pensaría que todos los actores que han participado en el debate de la búsqueda de la receta ideal para potenciar la PDP, están de acuerdo en que se deben desarrollar múltiples estrategias que le permitan al país ser más competitivo internacionalmente, mediante un cambio en su estructura económica, con el enfoque de despliegue productivo en sectores intensivos en tecnología e innovación, acompañado de políticas que impulsen cadenas en las que se cuente con una ventaja competitiva y se fortalezcan las que produzcan bienes con un mayor valor agregado, por medio de una base agroindustrial fortalecida, un sector de servicios impulsado en la novedad y mejores encadenamientos con la producción minero-energética, que tengan empleos bien remunerados y fomente la inclusión productiva de la sociedad, que en muy poco tiempo aumentará la demanda en materia de educación, empleo, salud y disminución de la desigualdad.

Es necesario que definamos como país cuáles son las apuestas productivas que el Estado priorizará de acuerdo con su cota de sofisticación, valor agregado y potencial de incubación de empleo, pues los recursos gubernamentales son bastante limitados en un escenario actual de precios bajos de commodities y de alta carga tributaria para los empresarios, lo que dificulta apuntar a crecimientos sostenibles de los sectores fabril y de servicios, sin una adecuada definición de política pública en la materia.

Afortunadamente el Conpes de la PDP, que vienen promoviendo desde 2015 los entes privados y públicos que hacen parte del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, plantea los ajustes institucionales que remediarían la descoordinación en la implementación y la ejecución de las políticas que se canalizan para potenciar el sector empresarial colombiano.

Estamos ad portas de que exista un lineamiento adecuado desde la política pública para potenciar el desarrollo empresarial, que logre dar el salto que lleve a insertar a las firmas colombianas en las cadenas de valor de los sectores de talla mundial, así como a retomar la atención de la demanda local de bienes y servicios, los cuales son nichos de negocio muy significativos para cualquier empresario. La última milla de ajuste del Conpes mencionado, debe tener suficiente claridad para dar las señales idóneas sobre qué es lo que Colombia quiere y requiere en materia de política industrial moderna. Para ello, siempre será bueno que se escuche y tenga en cuenta, en la construcción de los lineamientos de esta hoja de ruta del desarrollo productivo colombiano de largo plazo, tanto a los expertos internacionales como a los empresarios nacionales.