Opinión

  • | 2016/06/27 00:01

    Pedagogía del postconflicto

    Ningún acuerdo para terminar un conflicto es mejor que la derrota del enemigo, pero es la única fórmula en la que todos pueden decir que ganaron.

COMPARTIR

Hay que dejar en manos de los voceros de la ignorancia el discurso de que el Gobierno vendió al país, pues aunque haya sido tremendamente simplista promover el acuerdo con las FARC como el triunfo de la paz sobre la guerra, existe un acuerdo que exige al país evaluar al mediano plazo cómo quiere que afecte las bases de su organización social y estructura económica.

El acuerdo puede ser sólo un comienzo, y es que dejando de lado los dogmas creados por cada extremo que apoya o reprocha el proceso, lo real y material es la disminución de los delitos por parte de las FARC en el último año, que indica que hay una oportunidad de cambio en cuanto se dependa del orden público. Lo demás depende de condiciones objetivas al conflicto mismo y por ello nada va a pasar mientras el país siga siendo el mismo.

Para no llamarnos a engaños, tengamos en cuenta qué esperar del postconflicto:

  • El cese al fuego no será permanente, pues la Nación no cedió jamás su soberanía en cuanto al monopolio de la fuerza y tendrá la obligación de imponerse sobre cualquier grupo que persista en alzarse en armas sometiendo a la población. 

Así, la gran dificultad del proceso será el traslado de fuerzas de las FARC al ELN o la eventual creación de nuevos grupos que los aglutinen, para mantener su “soberanía” sobre los territorios que ocupan actualmente y frente a ellos deberá imponerse la fuerza pública hasta su sometimiento.

  • Sin olvidar que los grupos guerrilleros son organizaciones campesinas alrededor de las cuales se han creado oportunidades de empleo y “crecimiento” profesional negadas en las actividades legales del campo, es poco probable que dejen su influencia por las armas mientras no exista una organización Estatal que imparta justicia, brinde educación, preste servicios de salud y brinde seguridad a los ciudadanos en dichas regiones.
  • Los grupos que no aprovechen las bondades de la desmovilización, representarán organizaciones criminales que deberán ser perseguidas y desmanteladas por el Estado. Unas fuerzas armadas que no tengan las urgencias de una escalada guerra de guerrillas podrán servir mejor para enfocarse en tales grupos e imponerse sobre una mayor porción del territorio nacional, asegurando un papel en el postconflicto tan esencial o más al que tuvo para reducir la capacidad desestabilizadora de las FARC en el pasado.
  • Los grupos delincuenciales amparados en banderas políticas no desaparecerán mientras el narcotráfico y la minería ilegal sean las únicas actividades lucrativas para asegurar la subsistencia de dichas organizaciones.

Sobre el narcotráfico nada puede decirse que no reduzca el tema a simplismos, pero lo único claro es que no podemos esperar resultados diferentes mientras se siga haciendo lo mismo. El Estado deberá liderar una solución alternativa que permita que por encima de los moralismos se creen condiciones económicas que permitan una subsistencia equivalente para los miles de campesinos que crean la materia prima que es comercializada por tales grupos ilegales.

  • Es previsible como ha ocurrido en el postconflicto de otros pueblos en el mundo, que los resentimientos permanezcan y motiven una guerra sucia dirigida a la eliminación de quienes hayan sido victimarios de la otra parte.

Será un reto para la paz y una invitación a retomar las armas que el país deberá reprochar y condenar sin tomar partido diferente al de la paz.

  • En fin, el país no puede ilusoriamente pasar la página y negar que el conflicto existió, o desconocer que algunas de las causas que lo originaron en el pasado remoto se mantienen, debiendo reflexionar sobre cómo debe evolucionar en la redistribución del ingreso e igualdad de oportunidades, con reformas de fondo, que necesariamente deberán tramitarse.

Entre otras, una reforma tributaria estructural que cree un sistema donde realmente el que tenga más tribute más y la carga fiscal no sea un obstáculo para la inversión; se terminen privilegios que no puedan ser disfrutados por la generalidad de la población, donde los asalariados no sean los más castigados y haya verdaderas consecuencias para la informalidad.

Pero de fondo la mayor reforma supone la creación de penas altas y casi confiscatorias, sin beneficios de excarcelación o rebajas, para los corruptos, debiendo liderarse un consenso nacional para acabarla, a como de lugar, pues es la mayor causa de la desviación de los recursos públicos y la distracción del Estado de sus funciones.

La gran conclusión es que la paz puede ser un gran negocio para el país, pero para que se mantenga debe serlo para todos.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?