Opinión

  • | 2017/01/19 09:48

    Paz: Uno de los peores escenarios de futuro

    Hoy comparto uno de los peores escenarios, con dosis de razonada imaginación, derivado de la interacción entre la coyuntura crítica del proceso de implementación del Nuevo Acuerdo de Paz y las instituciones políticas y económicas excluyentes de Colombia.

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“Y el pobre pajarillo trinaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapaná". Luis Carlos López

La ocasión anterior construí una versión del escenario ideal. Hoy comparto uno de los peores escenarios, con dosis de razonada imaginación también, derivado de la interacción entre la coyuntura crítica del proceso de implementación del Nuevo Acuerdo de Paz, NAP, y las instituciones políticas y económicas excluyentes de Colombia.

En la institucionalidad política, al inicio de la implementación del NAP, si bien algunos líderes políticos no tradicionales denuncian en la campaña electoral hacia 2018 la profunda y enquistada corrupción en lo público y privado, su acción descoordinada y egoísta, permitió que los perversos y velados intereses, soportados en redes ilícitas –operando en los ámbitos ilegales y legales al mismo tiempo- conformadas por actores criminales y actores legales/grises (Garay, 2013), bloquearon el duro ataque, que aunque tuvo eco en los primeros años en una ciudadanía que intentó empoderarse, la consolidación de una “cultura” mafiosa fue uno de los principales efectos de esta tendencia subterránea. La representación en el Congreso de dichas redes se opuso a la aprobación acordada de una Ley de garantías para la promoción de las organizaciones y movimientos ciudadanos. El ambiente de polarización entre partidarios del sí y del no, se acentuó en las redes sociales, con un feroz apasionamiento, mínima argumentación y deprimente bajeza.   

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El ejercicio de los derechos políticos y humanos se estancó debido a que, aunque el Congreso aprueba una normatividad para adecuar el sistema electoral, el Consejo Nacional Electoral continuó dominado por los partidos tradicionales y sus intereses clientelistas, lo que sumado a la profundización del fraude en los territorios, impidió que los escasos nuevos movimientos y partidos políticos accedan al poder y participen en la dinámica democrática.

Frente a ese autoritarismo corrupto, la protesta social fue esporádica aunque la mayoría de las veces violenta, y reprimida con la fuerza, que alimentó hacia finales de la década de los años diez, el crecimiento de los grupos armados ilegales que finalmente no se acogieron al NAP en 2016. Éstos establecieron alianzas con mafias transnacionales de las cadenas de valor del narcotráfico y de la minería criminal, fortaleciendo una capacidad militar que prolonga el conflicto durante toda la década de los años veinte.  

Se aprueba la reforma constitucional y la normatividad de la jurisdicción especial para la Paz, cuya labor fue inefectiva debido al parcial enfoque adoptado, focalizando el trabajo en ciertas personas (victimarios directos), mas no en los contextos en donde operan las redes criminales incluidos los actores grises, dejándolas casi intactas para la reproducción futura de múltiples crímenes y violencias. Las víctimas se repararon en mínima medida, y la verdad es parcial. Esto redujo de manera abrumadora la legitimidad del proceso de construcción de la Paz.

El ambiente de polarización, la desinformación, no fueron obstáculos insalvables para la dejación a corto plazo de las armas por parte de la guerrilla desmovilizada, siendo exitoso el proceso de reincorporación a la vida civil y política, que a los pocos años languideció en medio del contexto de violencia y criminalidad.

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El intento gubernamental de fortalecimiento de la capacidad de la gestión pública a corto plazo fue neutralizado por las alianzas regionales de las redes criminales que continuaron cooptando el gobierno territorial, con la complacencia calculada de las élites centrales. Esto mantuvo durante toda la década de los años veinte la gran debilidad en la gestión pública territorial, con nefastos efectos en la pésima prestación de servicios públicos y sociales, y el irreversible deterioro ambiental por la minería criminal y los cultivos ilícitos y de uso ilícito.

Debido a que el Estado y el sistema político no tomaron la decisión de romper de manera definitiva con el ámbito de la ilegalidad, finalmente no fue efectiva la política de lucha y sometimiento de las organizaciones y conductas criminales a la justicia. Por el contrario, la cadena de valor del narcotráfico se mantuvo, y emergió con gran fuerza la de la minería criminal –oro y coltán-, las cuales consolidan, desde principios de años veinte, un alcance transnacional con eslabones en América, África, Europa y Asia, frente a las cuales el aislamiento del Estado colombiano reveló una extrema vulnerabilidad.

Entre los efectos nefastos del narcotráfico y la minería ilegal/criminal, bajo la ostensible debilidad del Estado, cabe mencionar una inmensa e irreversible degradación ambiental, que condujo a letales y caóticas confrontaciones armadas desde los niveles veredal y corregimental, en lo que se empezó a llamar las “guerras del agua”, debido a su escasez y contaminación con metales pesados, frente a la impotencia del gobierno y de los ciudadanos.     

En la institucionalidad económica, las alianzas regionales entre los actores ilegales y los actores grises –políticos y finqueros- se opusieron de manera frontal al desarrollo rural integral, y en particular al acceso a las tierras que eran objeto de licencias mineras, por los intereses de la minería criminal. Con ello el avance en entrega de tierra gratuita a los desposeídos en las zonas de conflicto, la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad tuvieron pírricos avances, y más bien la minería criminal captó mano de obra temporal y nómada.

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Se fortalecen los monopolios en los sectores financiero y de telecomunicaciones. El primero, asume el oscuro rol de lavado de activos de las redes trasnacionales de minería criminal y el narcotráfico y un portafolio para facilitar dichos delitos, con lo que el mercado nacional adolece de un mínimo ambiente de competencia. El congreso, en 2019, aprueba una reforma tributaria para sobrellevar un déficit fiscal generado por la corrupción generalizada, basada en la elevación aún mayor de los impuestos indirectos que fue el paso definitivo para acabar con la clase media en Colombia; y la reforma elevó el impuesto a la renta de las empresas, redujo aún más los impuestos a los dividendos a las personas naturales con lo cual se desalentó radicalmente la inversión productiva.

A partir de los primeros años posteriores a la firma del NAP, la inversión en investigación, desarrollo e innovación nunca, hasta 2030, superó el 0,5 del PIB, y el sistema educativo fue cooptado en gran medida por las organizaciones clientelistas y criminales, con lo cual Colombia se mantuvo en los últimos lugares en las pruebas internacionales de calidad educativa, acentuando sus efectos negativos en la apatía ciudadana y en la muy baja productividad del sector productivo. Crecieron la evasión y la elución tributarias, con lo cual las reformas tributarias se sucedieron cada tres años en promedio hasta el año 2030.   

El año 2019, fue la ocasión para lanzar un extraño modelo de desarrollo productivo que por una parte, retoma el criterio de dejar en las fuerzas del mercado la inversión en los sectores productivos, y en segundo lugar, con base en la política comercial norteamericana, aceptó el cierre apreciable del comercio internacional, auspiciando la captura del Estado por actores del sector tradicional de servicios. A principios de los años veinte, a medida que avanzaban las retrasadas vías 4 G, se observaba, tal como sucedió en Ecuador en la década anterior, que dicha infraestructura y la de puertos y aeropuertos transportaba principalmente bienes extranjeros, ya que la generación de valor agregado de la industria manufacturera nacional cayó a menos del 5% del PIB durante la década de los años veinte.

Las gravosas condiciones tributarias aceleraron, desde el primer gobierno del Posacuerdo, la deslocalización de la industria colombiana a Centroamérica, México, Perú y Chile, y al mismo tiempo el país observó perplejo la deslocalización hacia Colombia de industrias de servicios y de manufactura tradicional de bajo valor agregado desde Chile, Brasil, y Argentina, países que alcanzaron fortalecer su sector productivo nacional, progresando en las cadenas globales de valor. Todo ello genera unos muy bajos niveles de desarrollo humano y de competitividad.            

Las instituciones económicas extractivas reforzaban la necesidad perversa de fortalecer la actuación de instituciones políticas extractivas en favor de una oligarquía, premoderna,  voraz y autoritaria, configurándose un círculo vicioso que anunciaba un estado fallido, en medio de la alarma en la comunidad internacional. 

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