Opinión

  • | 2016/10/06 00:01

    Paz, innovación y equidad

    Los tres procesos se relacionan. Cuando un país es más innovador tiende a ser, al mismo tiempo, un país más equitativo, y, a la inversa, los países menos innovadores son los que exhiben las mayores concentraciones del ingreso.

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Los tres procesos se relacionan. Con base en un conjunto de 62 países para los que se obtuvo el índice de GINI -concentración del ingreso- y el Índice Global de Innovación, IGI, se obtiene un coeficiente de correlación negativo entre los dos vectores de -0,48, que significa que cuando un país es más innovador tiende a ser, al mismo tiempo, un país más equitativo, y, a la inversa, los países menos innovadores son los que exhiben las mayores concentraciones del ingreso (Observar gráfico).

Colombia, desde este plano de análisis, se encuentra un tanto por encima de la mitad de la tabla en el IGI (puesto 60 entre 142 en 2013), aunque asciende este año algunos puestos, y es uno de los países más desiguales del mundo (Gini de 0,54 en 2012).

Fuente: Autor con base en Banco Mundial (2016) y Johnson-INSEA-OMPI (2016)

Lo cual es una señal en cuanto a que si se impulsa la innovación con decisión existe más probabilidad de reducir la gran desigualdad en Colombia, porque el proceso de innovación requiere, entre otros muchos frentes, actuar sobre el fortalecimiento de capacidades en amplios sectores de la población -lo cual incrementa las oportunidades de movilidad social-, el fortalecimiento de la demanda interna, que exige una serie de acciones coordinadas para fortalecer la distribución del ingreso de la población. Pero el fomento a la innovación es una condición necesaria mas no suficiente para la reducción drástica de tan intolerable desigualdad.

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El punto primero del Acuerdo de Paz de La Habana sobre el desarrollo rural integral, impulsaba el progreso de la economía familiar campesina mediante acceso a la tierra, acercamiento del uso de la tierra a su vocación, la formulación y puesta en marcha de los planes nacionales sectoriales. Apuntaba, entre varios objetivos, a elevar la productividad de la agricultura familiar a partir de la asistencia técnica, promoción del cooperativismo, crédito, asociaciones solidarias para la comercialización y estímulos a la formalización laboral.

Es bien conocido el peso de la economía campesina: el 69,9 % de las unidades de producción agropecuaria, UPA, tiene menos de 5 ha, 10,3% entre 5 y 10 y 14% entre 10 y 50 ha, y su producción agrícola predominantemente campesina tiene mayor peso que la de los grandes productores o empresarios capitalistas, participando con el 60% del valor de la producción total de Colombia (Dane 2015).

En cuanto a concentración de la tierra: los predios menores de 5 ha (69,9 % de las UPA) ocupan menos del 5 % del área rural dispersa, y el 41,1 % de esta área está concentrada en el 0,4 % de las UPA con más de 500 ha (Dane, 2015). Y en cuanto a pobreza, el 56,6% de los habitantes en las zonas rurales vive en pobreza y el 23% en pobreza extrema. Y los efectos de la guerra: 6,5 millones de hectáreas (15% de la superficie agropecuaria) fueron despojadas y abandonadas, sin tener en cuenta los territorios de comunidades étnicas (PNUD, 2011).

La ejecución coordinada y efectiva de las acciones contempladas en cuanto a la política de desarrollo agrario integral, y en especial aquellas dirigidas a la innovación tecnológica y social incrementarían la productividad de la economía familiar individual y de las formas empresariales campesinas asociativas, con lo cual se disminuye la renta de la tierra que, de otra forma, quedaría como en el pasado y en el presente en manos de propietarios de la tierra para especulación estancando el crecimiento del sector productivo de todo el país, con lo cual se generan mayores y sostenibles ingresos a los campesinos afianzando su decisión de reinversión y de inversión adicional, que su turno fortalece la demanda y el consumo rural y urbano.

Ello también fortalecería el crecimiento de la oferta de bienes y servicios agrícolas y agroindustriales, a precios competitivos, lo que favorece, a través de alimentos y materias primas de calidad, el desarrollo productivo urbano y rural, y la seguridad alimentaria. Se resalta asimismo, el gran impacto que habría tenido el Acuerdo, junto con el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, mediante la substitución de los cultivos de uso ilícito por actividad empresarial rentable, y, con lo anterior, por el beneficio de reducir de manera drástica la actividad del narcotráfico con sus nefastas secuelas económicas, sociales, culturales y ambientales. Y todo ello dentro del esquema del modelo capitalista de mercado, pero con modernización.

En el Acuerdo se observaba un empuje al desarrollo productivo con mecanismos de impulso a la innovación; y algún apoyo al desarrollo social. Para esto se requiere, no obstante, en primer lugar, fortalecer una política explícita de desarrollo social, identificando las oportunidades de generación de altos volúmenes de empleo en actividades empresariales agrícolas tradicionales que demuestren comprobada demanda en el mercado nacional y también en el mercado internacional.

Adicional a ello, en segundo lugar, es conveniente experimentar la innovación social, con antecedentes en América Latina (CEPAL, 2004-2011), concebida como un proceso participativo de generación de innovaciones en contextos locales y regionales y con impacto en intereses sociales, a través de innovaciones en bienes y servicios que con mayor efectividad relativa resuelven problemas o aprovechan oportunidades que las comunidades valoran. Este tema se abordará próximamente, y relacionado con la necesaria convivencia con la agroindustria de gran escala.

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