Opinión

  • | 2017/01/26 00:01

    Paz: el escenario deseado de futuro

    La jurisdicción especial para la Paz, con un enfoque contextual, cumple su misión de manera efectiva, las víctimas logran acceder a la verdad y hacia el 2020 la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanza hasta esclarecer la verdad de los hechos en el 95% de los casos pendientes.

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He compartido en las dos columnas anteriores los escenarios: ideal y uno de los peores hacia 2030, esperando que el ejercicio suscite emociones políticas y provea insumos para la simulación de procesos y hechos de futuro que converjan hacia el éxito del proceso de construcción de la Paz. En esta ocasión, continuando con el enfoque de Acemoglu y Robinson, expondré la construcción del escenario deseado, elaborado mucho más cerca del escenario ideal, previendo algunos riesgos del peor escenario, acentuado y complementado con criterios éticos, políticos y enfoques técnicos

En el plano de la institucionalidad política, el cambio en la cultura política y ciudadana en Colombia empezó a ser una realidad debido al efecto cohesionador de la lucha contra la corrupción rampante, emprendida y liderada por actores políticos no tradicionales y  grandes sectores de opinión, la aprobación y puesta en marcha de mecanismos democráticos

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de participación ciudadana como la oportuna aprobación de una ley de Garantías para la promoción de los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanos; y el desarrollo informacional en la participación ciudadana y política, que se potenció por el uso de internet, dispositivos digitales, facilitando una ágil capacidad de convocatoria y, sobretodo, la progresiva capacidad de gestión de redes ciudadanas, que fue apoyada por el contingente de miles de estudiantes universitarios y docentes que participaron en los primeros años de la implementación del nuevo Acuerdo de Paz, NAP.  

Los intentos de cooptación del Estado por parte de las redes de la minería criminal y el narcotráfico, fueron neutralizados por la actuación del ejército nacional, poseedor de  experiencia en esta lucha, unas políticas coherentes que bloquearon el lavado de dinero e impulsaron la coordinación internacional, la aplicación de un enfoque contextual de la justicia que procesó a los actores grises/legales, y por el empoderamiento creciente de la ciudadanía en los territorios. El escalamiento de la fabricación de la cocaína sintética, en los primeros años veinte, a costos competitivos, y la despenalización en la región Latinoamericana, contribuyeron a desmantelar esta cadena productiva criminal.

Al cambio en la cultura política contribuyó la aprobación de una nueva normatividad sobre el sistema electoral y de partidos, en particular un moderno estatuto para el ejercicio de la oposición política, que convergió con el empoderamiento ciudadano desde los territorios, facilitando la elección popular de nuevos líderes provenientes de movimientos ciudadanos y nuevos movimientos políticos incluido el nuevo partido de la antigua guerrilla. El segundo gobierno del Pos acuerdo decide adoptar, por segunda vez en la historia del País en doscientos años, el esquema gobierno oposición.   

Esta apertura democrática, y una mayor conciencia ciudadana se expresa hasta mediados de los años veinte, en una creciente protesta social y movilización ciudadana, la gran mayoría de las veces pacífica, que suscitó alarma en diversos sectores del gobierno y de la sociedad, pero que, con base en la investigación de ciencias sociales y humanas por parte de la academia proyectada hacia la construcción de la Paz, se entiende como una de las expresiones de la evolución del sistema democrático, y que luego encuentra cauce en los nuevos espacios institucionales, incluidos unos medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales.   

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La jurisdicción especial para la Paz, con un enfoque contextual, cumple su misión de manera efectiva, las víctimas logran acceder a la verdad y hacia el 2020 la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanza hasta esclarecer la verdad de los hechos en el 95% de los casos pendientes, con gran alivio para los familiares y amigos de las personas víctimas de este atroz delito y con efecto catártico para la sociedad colombiana.

La dejación de armas por parte de la guerrilla desmovilizada se cumple según el cronograma, y uno de los tres monumentos encomendado por concurso a un grupo compuesto por víctimas, victimarios, artistas de la calle y de las academias, se va convirtiendo en uno de los principales símbolos de esta nueva época del País, que se ubicó en un sitio clave de la cadena ecoturística, cuyo mercadeo en Norteamérica incluyó las etapas de La Habana y Nueva York donde están ubicados los otros dos monumentos.

El fortalecimiento de la gestión pública territorial en el marco del concepto de Paz Territorial, se apalancó, además del esfuerzo gubernamental, por la participación ciudadana que se catalizó por el desarrollo informacional –aplicación de TIC- y la posibilidad real de la promoción de un umbral de capacidades humanas esenciales ( Maboloc, 2008), y la contribución estratégica de la cooperación internacional para fortalecer la investigación y la innovación que se constituyeron en puntales de la gestión de las políticas públicas a nivel territorial. Hay que mencionar que la dimensión ambiental tuvo mucha prioridad, de manera tal que las serias amenazas de las “guerras del agua” se superaron con la gestión efectiva de una institucionalidad reformada y la aplicación de nanotecnología, biotecnología y TIC en acciones de diagnóstico y remediación.

La lucha contra la corrupción encontró otro apoyo en la cogestión ciudadana con el Estado territorial, apoyada en tecnología digital y en tiempo real, que rindió efecto en el costo/efectividad de la ampliación de la cobertura y una mayor calidad de los servicios públicos y sociales en lo local.

La coalición político ciudadana que accede al poder en 2018 tiene el mandato de la superación definitiva del problema estructural de la corrupción, del cambio del modelo de desarrollo económico y productivo, en el marco de una economía de mercado y de propiedad privada, y el enriquecimiento de un modelo de desarrollo humano, vinculado con el desarrollo informacional y condicionados por la identidad cultural (Castells, 2016).

En el plano de la institucionalidad económica, el impulso al desarrollo rural integral, que implicó el saneamiento y garantía de la propiedad de la tierra impulsó el desarrollo productivo y humano mediante el fortalecimiento de la economía familiar y campesina, el desarrollo de la agroindustria mediana y grande, que a su vez contribuyó a la concreción del nuevo y dinámico modelo de desarrollo productivo en las zonas urbanas.

El país creó progresivamente a lo largo de los dos primeros gobiernos del Posacuerdo una capacidad en prospectiva estratégica multisectorial y de concertación a través de pactos sociales en diversos ámbitos, que facilita la construcción y puesta en marcha de una política de desarrollo productivo desde las regiones y a nivel nacional, integrada con políticas macroeconómicas contra-cíclicas, de desarrollo social, ciencia e innovación, educación, e impulso ambiental, que instauran círculos virtuosos entre crecimiento económico, desarrollo humano y cambio de la matriz energética y del patrón de especialización hacia la producción limpia, que aprovecharon y superaron las ondas de los ciclos económicos. Ejemplo de ello fue la situación generada por un devastador huracán, por efectos del cambio climático, que destruyó, en el 2024, el 80% de la infraestructura petrolera en Texas y el Golfo de México, induciendo un alza considerable de los precios de petróleo durante el resto de la década, que, a diferencia del pasado, fue aprovechada de manera estratégica por el País.

Las necesidades de inversión pública en periodos de recesión condujo a que el primer gobierno del Posacuerdo tomara la decisión de la creación de la Agencia Nacional de Impuestos, con el más alto nivel de gestión y de desarrollo informacional, que junto a una reforma tributaria estructural, en una perspectiva anti-cíclica y de integración de políticas públicas, generaron los recursos necesarios para dinamizar la inversión pública en los frentes del desarrollo productivo y humano, tanto en infraestructura como en inversiones que facilitaron la integración territorial en las áreas afectadas por el conflicto.

Hacia 2030, el desarrollo humano, concebido como un umbral de capacidades esenciales para llevar una vida digna de humanos (Nussbaum, 2000), fue una realidad, y aunque el dinamismo de la economía no era el más alto de la región Latinoamericana, estudios llevados a cabo por centros de investigación, permitían concluir que los colombianos eran felices por el afianzamiento de la dignidad ciudadana y por el empoderamiento de la misma. Fue una realidad la del hombre icotea: se goza aunque se sufra.

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