Opinión

  • | 2014/10/14 11:30

    Sin ilegalidad no hay paraíso fiscal

    La decisión que tomó el gobierno colombiano de declarar paraíso fiscal a Panamá pone a tambalear a más de un inversionista que estaba haciendo fiestas con su dinero en el vecino país. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta medida?. Opnión de Alberto Naranjo.*

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Cuando se decide toda política pública que involucra impactos económicos siempre se busca encontrar quiénes serán los beneficiados y quiénes los perjudicados. Lastimosamente, algunas políticas involucran como beneficiados a toda la sociedad colombiana representada por el gobierno y como perjudicados a pocos y grandes jugadores de nuestros mercados.

El debate está sobre la mesa por los medios de comunicación y por las posiciones de muchos analistas que respaldan de forma unánime a esos pocos perjudicados por la política en contra de algún funcionario público o figura pública cercana al gobierno. Este es el caso, por ejemplo, del impacto que surgió al declarar a Panamá como paraíso fiscal.

Ahora salen muchos a decir que las empresas colombianas legales que tienen inversiones en ese país saldrán fuertemente perjudicadas y que el objetivo de esta decisión, de atacar la elusión y la evasión de impuestos en Colombia por la falta de transparencia de información financiera por parte de Panamá, no tendrá mayores efectos, puesto que estos capitales de portafolio volarán hacia lugares más seguros donde puedan seguir ocultándose.

Usando lugares comunes el debate se lleva al terreno de la especulación donde se asegura que pagarán justos por pecadores y que al final los pecadores seguirán pecando. Hasta el momento no se conocen datos concretos. Se habla de muchas empresas colombianas legales que serían perjudicadas. Pero ¿Cuántas son?, ¿De qué forma serán verían afectadas? y ¿De cuánto dinero estamos hablando? La verdad es que de esto se sabe más bien poco.

Si se sabe, sin embargo, que mucho dinero ilegal es lavado a través de operaciones financieras en el país vecino y que además algunos colombianos tienen su dinero ahí con el fin de evadir impuestos, evadiendo las declaraciones que se le debe hacer a la DIAN.

Aclaro, si el gobierno de Panamá no quiere cooperar con Colombia informándole sobre estos capitales es justo que nuestro país adopte medidas para que ese comportamiento de algunos nacionales, por lo menos, tengan un mayor costo. También es entendible que existan perjudicados con cualquier política pública, eso es algo natural. Pero, que se utilicen estos perjudicados como excusa para no llevar a cabo una política que penaliza comportamientos ilegales y poco éticos no es razón para que se evite su implementación.

Hacer lo correcto, reitero, no necesariamente está alineado con un beneficio económico aunque sigo creyendo que en este caso el beneficio es mayor que el costo.

Aun cuando es cierto que estos capitales buscarán nuevos horizontes en otros territorios donde puedan ocultarse, esto no implica que la política no tenga beneficios. El primero de ellos es que a estos capitales les va a resultar más costoso ocultarse, razón por la cual sus beneficios serán menores. Lo segundo, es que muchos de estos colombianos, que sin tener comportamientos ilegales si utilizan este país para eludir el pago de impuestos en Colombia, no son profesionales en la búsqueda de territorios a donde llevar su dinero. Por tal razón, les resultará más costoso sustituir a Panamá. Algunos de ellos, incluso, decidirán devolver su dinero a Colombia y empezar a declararlo, como debe ser.

¿Cuál será el beneficio neto de esta política? Se verá con el tiempo. Es muy difícil prever este resultado. Ahora, hay un costo político al tomar esta decisión pero muchas veces los costos políticos deberían minimizarse en pro de una sociedad más justa.


* Director del programa de Economía y Finanzas
Universidad de La Sabana

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