Opinión

  • | 2016/09/25 00:01

    Oportunidad histórica para el campo colombiano

    Colombia tiene la oportunidad de saldar la inmensa deuda que tiene con el sector rural y sentar las bases de una paz duradera en todos los rincones de su territorio.

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Hoy existe un importante consenso en torno a la necesidad de promover la competitividad y el desarrollo sostenible del agro colombiano. Sin embargo, existen interrogantes sobre cómo se va a financiar la Reforma Rural Integral pactada en la Habana y sobre la puesta en marcha de la institucionalidad que hará posible dicha reforma.

Es fundamental implementar en el país una estrategia de desarrollo rural. A los colombianos que habitan en las zonas más apartadas del país les ha hecho un daño enorme el conflicto armado y el decepcionante desempeño del sector agropecuario en el último cuarto de siglo. Nuestro desarrollo económico reciente ha tenido un claro sesgo urbano y en los últimos periodos de crecimiento importante de la economía en general, la producción del sector no ha podido tener el auge esperado. Esto ha tenido ondas implicaciones sobre los indicadores de pobreza multidimensional en la población dispersa de los municipios rurales de Colombia, los cuales alcanzan niveles de 53% y 59%, y que, si han tenido mejoría, es por las transferencias institucionales y no por nuevas oportunidades económicas.

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El costo de la necesitada reforma, no obstante, será enorme. Recientemente, la Misión Rural que lidera José Antonio Ocampo estimó el costo de implementar un nuevo modelo de desarrollo integral para el campo en $13 billones por año, de los cuáles más o menos $8,1 billones equivaldrían a gastos nuevos. Si asumimos que estos gastos nuevos serán muy similares a los que requerirá la reforma rural acordada en La Habana y los multiplicamos por el horizonte de tiempo de 10 años, que muchos estiman como la duración del posconflicto rural, estaríamos hablando de por lo menos 80 billones de pesos. Cifra que de alguna forma coincide con los US$31 mil millones que anticipó Julian Hottinger, experto suizo que participó en las negociaciones, como costo total de los acuerdos de paz, dado que la reforma rural representa el rubro más importante de su estimación.         

Si bien el gobierno sigue firme en su intención de presentar la reforma tributaria, las necesidades de recaudo ya eran enormes incluso antes de incorporar en las cuentas el posconflicto. Hoy tenemos que compensar más de $20 billones anuales que perdimos por concepto de rentas petroleras y a esto tendremos que sumarle los 8 billones anuales que podría costar la reforma rural, y también los demás compromisos de La Habana. No suena fácil pero es necesario.

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De otra parte, a escasos 8 días de iniciarse el postconflicto, dando por hecho que gane el sí el próximo 2 de octubre, y recordando que al gobierno se le dieron facultades para reformar la institucionalidad del sector agrario desde la aprobación del plan de desarrollo, es urgente que la Agencia Nacional de Tierras  y la Agencia de Desarrollo Rural que debían sustituir al Incoder entren el plena operación. Tenemos que crear la institucionalidad necesaria para que de esta manera, la visión del campo plasmada en los acuerdos de la Habana se convierta en realidad.

Si bien la Reforma Rural Integral es el punto más complejo y costoso de implementar lo acordado en la Habana, su desarrollo exitoso será la mejor garantía del afianzamiento de una paz duradera en todos los rincones de nuestro territorio. Por esta razón, el gobierno debe concentrar esfuerzos en hacerla viable financiera e institucionalmente. Necesitamos dotar a la ruralidad colombiana con los bienes y servicios públicos necesarios para potenciar su desarrollo productivo y es crucial que en el posconflicto se aseguren las bases de la futura competitividad del campo colombiano.

Apostar decididamente por el desarrollo sostenible de nuestro agro es una cuestión a la que no podemos darle largas. Los cuantiosos recursos que se requieren para poner en marcha esta reforma hoy, son menores al costo de largo plazo que nos supone como sociedad y como país no hacerla. Tenemos por delante una oportunidad histórica para resarcir nuestra deuda con el campo.

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