| 9/14/2015 5:00:00 AM

En busca del tesoro

Camilo E. Ramírez-Baquero, Columnista Online.

La lucha contra el lavado de activos ha servido propósitos tan oscuros como las actividades que generaron esos bienes. ¿A quién ha servido realmente esta lucha?

por Camilo E. Ramírez-Baquero

La serie Narcos producida por Netflix y que se publicita como la historia contada desde la perspectiva de un oficial de la DEA sobre la elevación del narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar, no ha pasado desapercibida entre la generación que vivió los últimos años de la década de los ochenta y primeros de los noventa.

A pesar de algunas críticas nacionalistas sobre la producción y que se siga mostrando a Colombia como un paraíso de los narcos, no resulta lógico negar esa etapa de nuestra historia pasados casi treinta años y menos aún desconocer cómo el presente sigue influenciado por aquellos hechos, especialmente en cuanto al impacto económico del narcotráfico.

De acuerdo con la ONU, el negocio de la cocaína puede ser de alrededor de US$34.000 millones en ventas al por menor en los Estados Unidos y de cerca de 85,000 a nivel global, de los cuales los países productores son los que menos reciben recursos ya que es en la etapa de comercialización al detal en donde se derivan las mayores ganancias.

Los estimados indican que Colombia como productor drogas y proveedor de los mayoristas mejicanos que la llevan a los Estados Unidos, participaría anualmente de una suma cercana a los ocho mil millones de dólares, pero por razones obvias no es posible cuantificar el ingreso de recursos del narcotráfico a nuestra economía o la incidencia de tales recursos en el crecimiento del país. Lo que si es claro y lo indica aquel estudio de la OEA, es que las restricciones para que las operaciones de lavado de activos se efectúen empleando el sistema financiero han implicado que el contrabando de dinero efectivo sea hoy uno de los mecanismos mas importantes para la distribución de los ingresos del negocio.

Vistas las cifras, nuestro país debe ser una gran isla del tesoro, aunque seguramente lo es desde tiempo atrás. Lo novedoso es que hoy los dólares del narcotráfico parecerían no afectar la tasa representativa del mercado, como seguramente afectaban cuando no existían los mismos controles para prevenir el lavado en operaciones desde el exterior a través del sistema financiero. Ese flujo de dólares en efectivo tendría incidencia hoy en las zonas cocaleras, desde donde se origina un gran número de reportes de operaciones sospechosas a través del sistema financiero, ingresando así finalmente al ciclo económico formal sin aparentes consecuencias.

Así mirada, la lucha contra el lavado de tales recursos no parece dejar señales contundentes, al menos sobre esas increíbles sumas de dinero en efectivo. Se observa sí el congelamiento de bienes de considerable peso económico y que la lucha criminal se dirige ahora contra los funcionarios que debían administrar tales activos, por lo que dejando de lado cualquier consideración moral cabe preguntarse si el país ha ganado en este proceso.

De una parte, puede observarse que la mentalidad del empresariado formal frente al narcotráfico dejó de ser permisiva en la medida que se le teme a los efectos penales de hacer negocios con recursos de origen dudoso. En eso sin duda alguna ganó Colombia.

Pero por cuenta de las investigaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito se han congelado valiosos activos que hoy no cumplen función alguna diferente a la ser un pretendido botín de los corruptos, y en eso sí ha perdido el país. La solución de congelar activos es económicamente indeseable pues impide la circulación y productividad de bienes de considerable valor y dejarlos al amparo de funcionarios con intereses oscuros es igualmente inaceptable.

Una reforma al régimen de aprehensión de bienes derivados de actividades ilícitas debe permitir una disposición casi inmediata de tales activos e impedir que largos procedimientos los dejen en manos de administradores designados a dedo por funcionarios corruptos. Debe impedirse que la toma de control de los mismos afecte el empleo y la productividad y en esa medida es preferible la venta en púbica subasta de los mismos a empresarios legítimos con la garantía de que el Estado responda cuando se demuestre la debida procedencia de los bienes y su restitución a los propietarios.

Los recursos de tales subastas deben conformar un fondo que se destine exclusivamente a fines sociales y contar con auditoría internacional, de modo que la sociedad se beneficie de ellos y se compense el costo de la persecución y el daño causado por las drogas ilícitas.

Frente a la eventual negociación de paz, este tema deberá ser objeto de debate público, pues los seguramente inmensos recursos de la guerrilla deberían ser objeto de dicho tratamiento, salvo que se permita alguna modalidad de amnistía dirigida a que parte de esos bienes sirvan para el desarrollo económico del postconflicto y aligeren las cargas del Estado.

No hay nada inmoral en que la comunidad se beneficie de los activos de los criminales. Lo que sí es inmoral es un sistema legal que permita que unos pocos se beneficien de ellos.
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